Las rebajas de cuotas que están recibiendo los empresarios que ya han contratado bajo algún tipo de incentivo deben respetarse hasta que expire el periodo de bonificación.
Éstos se alargan desde un año al total de la vigencia del contrato. Por eso, de los 2.850 millones de euros presupuestados para subvencionar la contratación fija, sólo 292 millones están disponibles para su reorganización inmediata, según el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.
Los otros 2.558 millones están sujetos ya a algún tipo de obligación de las docenas de bonificaciones, de entre 500 y 3.200 euros anuales que se aplican desde 2006.
El problema es que el sistema que se cerró entonces cuenta con tal cantidad de modalidades que, a efectos prácticos, sirve para bonificar, en mayor o menor grado, a la práctica totalidad de colectivos de trabajadores, con la excepción de los varones de entre 30 y 45 años de edad.
Existen tantos como tipos de contrato y características de los asalariados. El objetivo ahora es que la disminución de los modelos incentivados redirija, «a medio plazo», el capital únicamente hacia jóvenes, discapacitados y mujeres maltratadas.
Los sindicatos denuncian que la cuantía «deja poco espacio de maniobra». Y dado el escaso margen de actuación que dejan al Gobierno el déficit y los Presupuestos de 2010, la clave está en que las comunidades autónomas completen las ayudas utilizando parte de los 3.072 millones de euros que han recibido para gestionar las políticas activas de empleo.
«Ése era el principal objetivo de la fallida Conferencia de Presidentes que tuvo lugar en diciembre», señala el secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer. Que terminen colaborando dependerá ahora de que finalmente se alcance un pacto en la negociación del diálogo social.
Uno de cada tres contratos que se realizaron en España en 2008 recibieron estímulos públicos. Concretamente, el 27% de ellos reducían el coste de las cotizaciones sociales que pagan las empresas a la Seguridad Social por sus trabajadores, según cálculos de Agett (patronal de las ETT) sobre los últimos datos disponibles. El 4% restante, lo componen los llamados contratos «para el fomento del empleo». Este modelo se dirige básicamente a jóvenes y mujeres, y supone una rebaja del coste del despido improcedente, que pasa de los 45 días habituales a los 33 días por año trabajado.
En la reforma de las bonificaciones que se aprobó en 2006, existía otra modalidad dirigida a reducir la temporalidad. Gobierno y agentes sociales pactaron «un plan extraordinario de conversión» por el que los empresarios se ahorrarían 800 euros anuales en las cuotas por cada contrato fijo que realizaran a un empleado eventual. Con la finalidad de acelerar dicho proceso, la medida nació con un límite temporal de seis meses para acogerse a ella. En CC OO apuestan ahora por rescatar esta figura para seguir reduciendo la tasa de temporalidad, actualmente en el 26%.
