En la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, el tribunal considera probado que Flórez se hizo con «documentación e información clasificada como secreta (…) con la intención de ofrecérsela a los servicios secretos de Rusia», aunque añade que «no se cuenta con acreditación suficiente de que ese ofrecimiento se llegara a materializar».

Flórez García se sentó en enero pasado en el banquillo de los acusados por revelar a Rusia entre 2001 y 2004 identidades de agentes e información sobre el centro de inteligencia español a cambio de 200.000 dólares.

Ha sido la primera en España que se enjuicia y condena a alguien por esta infracción penal, recogida en el artículo 584 del Código Penal. El único antecedente sobre un tema algo similar se encuentra en el caso del ex coronel Juan Alberto Perote por las escuchas del CESID, en el que se le juzgó por un delito de utilización de artificios técnicos de escucha y grabación del sonido.

Durante el proceso, Flórez argumentó que las dos cartas de ofrecimiento a los servicios de inteligencia rusos que se le incautaron en su domicilio formaban parte de un supuesto práctico que incluyó como anexo en una monografía encargada en 2001 por sus superiores para evidenciar las deficiencias del CESID.

El CNI se ha limitado a expresar su respeto ante la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid. Un portavoz del CNI ha subrayado que desde este centro no hay ningún comentario que hacer ante la decisión judicial más allá de expresar su máximo respeto por la misma. De igual forma, ha recordado que, tras detectarse este caso, el CNI aumentó las medidas de seguridad para evitar que en el futuro se pudieran repetir hechos de este tipo.

El proceso penal arrancó en un Juzgado de Tenerife, donde fue detenido el 23 de julio de 2007, por delitos de traición y de revelar secretos a otro país, pero el juez se inhibió a favor de un juzgado de Madrid debido a que los hechos denunciados ocurrieron en la sede central del CNI en la capital.

En el escrito de acusación, el fiscal señala que el acusado prestó servicio al CNI desde el 20 de marzo de 1991 hasta el 25 de marzo de 2004. Durante este tiempo, el procesado se fue apoderando de numerosa documentación perteneciente al CNI, tratándose de información legalmente clasificada como secreta.

Según el fiscal, el ex agente sacó dicha documentación, guardándola en DVD’s, CD’s, Cintas-Casete, Microcintas y otros soportes informáticos. La información fue encontrada en las entradas y registros realizadas el 23 de julio de 2007 en dos viviendas situadas en Puerta de la Cruz, perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en Canarias.

Además de apoderarse de la citada documentación e información, el procesado se la ofreció a los servicios secretos de Rusia, poniendo «en grave peligro la Seguridad y Defensa Nacional» para beneficiarse económicamente.

El Consejo de Ministros acordó el 27 de marzo de 2009 desclasificar los documentos incautados. Entre ellos, figuraban dos cartas remitidas por el ex agente a un tal Sr Melnikov, identificado por el Ministerio de Exteriores como consejero de la embajada de Rusia en España. «Soy un directivo del CESID que tiene interés de comunicarle su disposición a colaborar con el servicio y el país al que usted representa», recogía la misiva.

En la carta, ofrecía información sobre «quién es quién» en el CNI; su estructura y organización; procedimientos de trabajo contra Rusia y países terceros; y sobre los intereses y temores de España, entre otros aspectos. Además, se ofrecía a facilitar la penetración de agentes del servicio de Rusia en el CNI.

En una segunda misiva, el acusado expone que una de las razonas por las que remitía esta segunda comunicación era «la conveniencia de mejorar la seguridad y disminuir la vulnerabilidad del sistema de comunicación» que sugirió en la primera carta. «Además, la información más importante a la que tengo acceso tendría para ustedes de un gran interés estratégico», añade.

A cambio de esta colaboración, el procesado reclamó como contraprestación 200.000 dólares, estableciendo procedimientos de enlace y comunicación, según recoge el escrito del fiscal.

En el escrito de acusación de la Abogacía del Estado, se explica que el CNI inició en 2005 una investigación interna de seguridad específica en el ámbito de la contrainteligencia con la idea de comprobar las sospechas que tenía sobre una posible revelación ilegal de información clasificada que comprometía a la seguridad nacional.

Según las conclusiones provisionales, «se llegó a la conclusión de que el acusado podría haber sustraído información clasificada del CNI, aprovechándose de su condición de miembro de dicho Centro, que podría haber mantenido relaciones con responsables del servicio de inteligencia de otro país, a quienes habría revelado dicha información clasificada».

El acusado se encuentra en prisión provisional desde el 25 de julio de 2007. Fue detenido en Tenerife el 23 de julio de 2007.

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