En ambos casos, corrieron a cargo de La Rioja, la Comunidad de Madrid (que también recurrió el nuevo Plan Estatal de Vivienda) y la Comunidad Valenciana.

Según informó el Ejecutivo en un informe solicitado por el diputado Rafael Merino al Ministerio de Administraciones Públicas sobre este asunto, del que se deriva que las comunidades han planteado 19 requerimientos de incompetencias, 9 conflictos positivos de competencia y otros 9 recursos de inconstitucionalidad en este periodo.

La Rioja, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid plantearon un conflicto de competencias contra el real decreto que regula la RBE además de otros tres requerimientos de incompetencia al Gobierno, informó el diario El Mundo.

Por su parte, la Generalitat de Cataluña fue la comunidad más activa al plantear requerimientos con relación al acceso de discapacitados al transporte público, a las becas al estudio personalizadas, a las plazas para abogados fiscales y a la concesión de subvenciones para programas de cooperación con cargo al IRPF, entre otras.

En este tiempo, Canarias planteó un recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la ley de la Red de Parques Nacionales y otro contra varios preceptos de la ley de Defensa de la Competencia. Mientras que La Rioja y Canarias recurrieron los Presupuestos Generales del Estado de 2008.

También el Ejecutivo de Castilla y León reaccionó de la misma forma ante la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que además fue objeto de un segundo recurso por parte del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid presidido por Esperanza Aguirre.

La Comunidad Valenciana planteó un recurso de inconstitucionalidad más con relación a la ley de 13 de diciembre para la regulación de las empresas de inserción. Además, Galicia y Canarias lo hicieron contra la trasposición de una directiva sobre el mercado interior de electricidad.

Canarias también reaccionó así ante el Real Decreto que establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial y Cataluña con relación al régimen de becas y ayudas al estudio personalizadas.

Por su parte, la Comunidad de Madrid planteó sendos conflictos positivos de competencia con relación al Real Decreto por el que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y al acuerdo del pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre la Estación Sur de Autobuses de Madrid.

También la Xunta de Galicia hizo lo propio con relación a las bases reguladoras del de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones de la Secretaría de Estado de los Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. Y Aragón planteó un conflicto sobre las denominaciones de origen protegidas.

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