ObraLa avalancha de concursos de acreedores sigue remitiendo con fuerza, aunque todavía son muchas las empresas que se ven obligadas a declararse en suspensión de pagos o quebrar, terminando en la mayoría de los casos disolviéndose. En el segundo trimestre de 2014, un total de 1.870 familias y empresas se declararon en concurso de acreedores, lo que supone un descenso del 30% respecto al mismo periodo de 2013, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este miércoles.

En concreto, las familias que se declararon en concurso de acreedores ascendieron a 195, lo que supone un descenso del 9,7% respecto al mismo trimestre de 2013, mientras que las empresas concursadas bajaron un 31,8%, hasta sumar 1.675 procedimientos de quiebra.

En tasa intertrimestral (segundo trimestre de 2014 sobre el primero de este año), el número de deudores concursados retrocedió un 10,5%, algo más de un punto superior a la registrada el año pasado.

La sangría concursal sigue concentrándose en el sector constructor. Así, según la estadística del INE, revela que el 25% de las empresas que entraron en concurso entre abril y junio tenían como actividad principal la construcción, con un total de 419 concursos. Y en tercer trimestre del año la caída en el sector del ladrillo ha proseguido con destacados nombres como la valenciana Cyes. El sector comercial también sigue sufriendo los efectos de la crisis económica. En el último trimestre un total de 348 presentaron concurso, el 20,8% del total; por su parte la industria y energía totalizaron 253, el 15,1%.

Por tipo de sociedad, la anónimas que entraron en concurso durante el segundo trimestre bajaron un 36,8% en tasa interanual, hasta totalizar 275, en tanto que las sociedades limitadas que se vieron inmersas en esta situación descendieron un 32,3%, hasta los 1.292 procedimientos.

Las personas físicas con actividad empresarial aumentaron los procesos concursales, un 1,7% en tasa interanual y un 11,1% respecto al trimestre anterior.

Durante el segundo trimestre, los concursos voluntarios bajaron un 31,5% en relación al mismo periodo de 2013, en tanto que los necesarios lo hicieron en un 0,8%. Por clase de procedimiento, los ordinarios retrocedieron un 39,6% en tasa interanual y los abreviados, un 27,3%.

Como viene siendo habitual en los últimos años, entre las empresas concursadas abundan las de pequeño tamaño. El 30,6% de las sociedades concursadas hasta junio se concentraron en el tramo más bajo de volumen de negocio (hasta 250.000 euros) y eran principalmente sociedades limitadas, un hecho que confirma el problema de crédito y liquidez que sigue sufriendo el tejido empresarial español durante los últimos siete años de crisis y que está afectando a empresas de dilatada experiencia. Así, el 25,5% del total de las empresas concursadas en el segundo trimestre tiene una antigüedad de 20 o más años, mientras que el 10,9% tiene cuatro o menos años de antigüedad.

Por comunidades, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Andalucía fueron las comunidades con mayor número de declaraciones de concurso en el segundo trimestre, dado que acapararon más del 58,9% del total de procedimientos. En concreto, Cataluña sumó 386 concursos, Madrid registró 233, Comunidad Valenciana tuvo 268, y Andalucía, 215.

Las regiones con menos suspensiones de pagos en el segundo trimestre fueron Cantabria (19), La Rioja (20) y Extremadura (23). Con la entrada en vigor de la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, el INE sustituyó la antigua estadística de suspensiones de pagos y declaraciones de quiebra por la de procedimiento concursal, reemplazando los conceptos jurídicos de suspensión de pagos y declaración de quiebra por el de concurso de acreedores, denominándose deudores concursados a las entidades sometidas a este proceso.

Vía más flexible

Tras la publicación de los datos del INE, el Consejo General de Economistas ha aprovechado para criticar, un vez más, el proceso concursal español, que provoca que una gran número de las empresas que suspenden pagos terminan cerrando para siempre. “Una vía más flexible favorecería la reflotación empresarial”, aseguran los economistas en un comunicado, que advierten que pese al descenso generalizado de los concursos el volumen de pymes y micropymes que acceden al procedimiento ha aumentado en un 8% en el segundo trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior.  Casi el 70% de las empresas que acuden al concurso tienen un volumen de negocio de menos de dos millones de euros y menos de 10 trabajadores.

“La llegada al concurso, cuando se recurre a él, es tardía y en condiciones extremadamente precarias, lo cual hace muy difícil encontrar soluciones de viabilidad a esas empresas”, afirma Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, quien demanda una mayor implicación de los agentes que intervienen en el proceso, especialmente de las administraciones públicas que actúan como acreedores: Seguridad Social y Hacienda

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