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La sindicatura de la entidad Fang i Pedra Mallorca, S.L.U. -actuando en defensa y representación de los intereses de los acreedores de dicha sociedad quebrada-, formuló demanda contra quienes habían sido administradores, de hecho y derecho, de la sociedad desde su constitución, siendo su pretensión la condena de los administradores a abonar solidariamente a la masa activa de la quiebra la cantidad correspondiente al importe de la suma de los créditos contra la entidad quebrada, reconocidos en la junta de reconocimiento de créditos celebrada en el juicio de quiebra (exceptuados dos créditos cuyo reconocimiento fue posterior a la presentación de la demanda).

En las contestaciones a la demanda se alegó la falta de legitimación de la sindicatura de la quiebra para el ejercicio de las acciones derivadas de los artículos 135 y 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, por instarse en la demanda acciones individuales de responsabilidad que sólo corresponden a los acreedores.

Tanto el Juzgado como la Audiencia Provincial acordaron estimaron la demanda, declarando la responsabilidad solidaria de los administradores por no haber procedido a la disolución de la sociedad cuando esta estaba incursa en causa de disolución y por negligencia al realizar actos en perjuicio de la sindicatura de la quiebra actora.

Ahora, la Sala Primera revoca la condena impuesta. Según la sentencia, de la que es ponente el Magistrado Xiol Ríos, constituye regla general que la legitimación para promover eficazmente un proceso sólo corresponde a quien afirma la titularidad del derecho subjetivo objeto de controversia y que únicamente puede promover un proceso quien no afirma ser titular de la relación jurídica controvertida en supuestos de legitimación extraordinaria, para la que se requiere la cobertura expresa de una norma de atribución de la facultad de promover el proceso, lo que no acontece en el caso enjuiciado.

La Sala considera que las acciones de responsabilidad ejercitadas en la demanda, que son las que contemplan los artículos 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas, no van dirigidas a incorporar activos al patrimonio social sino al resarcimiento directo de quienes son titulares de dichas acciones (acreedores en el primer caso; socios y terceros perjudicados en el segundo), de manera que, siendo los síndicos meros representantes de la masa de acreedores de la quiebra y administradores legales de su haber, a quienes se les encarga el ejercicio de acciones de reintegración de la masa, destinadas a la recomposición del patrimonio del quebrado, no son éstos sino los acreedores los titulares de los derechos que se ejercitan a través de las acciones de retroacción, en tanto que la sindicatura es solo un representante legal de la masa de acreedores.

En consecuencia, y dado además que ningún precepto atribuye a la masa pasiva de la quiebra la titularidad de las acciones previstas en los citados artículos 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas, éstas solo pertenecen individualmente a quien afirme ser acreedor de la sociedad o socio o tercero perjudicado por la actuación de los acreedores, faltando una norma que atribuya a los síndicos legitimación extraordinaria para el ejercicio de acciones revocatorias ordinarias, pues sólo les compete el ejercicio de las revocatorias concursales.

Ni siquiera la afirmación de que es conveniente para los acreedores del quebrado que los síndicos promuevan estas acciones es título jurídico suficiente, como tampoco la autorización del comisario de la quiebra, ya que no tiene la virtualidad de conferir a los síndicos una habilitación para litigar si la ley no les confiere la necesaria legitimación, siendo dicho criterio coincidente con el manifestado por el legislador en la vigente legislación concursal, que en su artículo 48.2 atribuye a los administradores del concurso la legitimación para el ejercicio de las acciones de responsabilidad que, conforme a lo establecido en las leyes, asistan al concursado persona jurídica contra sus administradores, auditores o liquidadores, sin necesidad de previo acuerdo de la junta o asamblea de socios, pero no les habilita para el ejercicio de las acciones de responsabilidad que personalmente corresponden a los acreedores del concurso.

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