Rector UAO Carlos Pérez del Valle
Carlos Pérez del Valle, Catedrático de Derecho penal y Rector UAO

Las noticias sobre la detención de un individuo a quien se considera el pederasta de Ciudad Lineal reanudan una discusión muy antigua en el derecho penal. Los psiquiatras y los juristas de finales del XIX y de principios del XX ya debatían si, en los casos de trastornos mentales que no constituían en sentido estricto enfermedades mentales, tenía sentido la aplicación de una pena o si el orden jurídico debía limitarse a imponer una medida de seguridad. En estos días, las intervenciones frecuentes de prestigiosos psiquiatras en los medios de comunicación intentan dar luz a la discusión, y presentan una perspectiva funcional, que implica ya un elemento de modernidad sobre aquel antiguo debate: hasta qué punto es posible que un pederasta pueda recuperarse; de qué forma es peligroso después de cumplir la condena; y, por tanto, qué sentido puede tener en su caso la pena.

Se muestra aquí un punto de partida decisivo: el significado propio del derecho penal en cuanto tal o, mejor dicho, la pena misma, y su diferenciación del derecho de medidas de seguridad. La pena es castigo, y difícilmente puede castigarse al enfermo mental, a quien le resulta imposible controlar su comportamiento, a quien se impone una medida de seguridad. Aunque no sea en sentido propio un enfermo mental, quien no puede sentir remordimiento por su conducta -por tanto, el psicópata- porque carece de barreras morales, no puede ser, en sentido estricto, sujeto de la pena, porque la pena se asienta en la capacidad de ser culpable y -por más que se quiera negar- de responsabilidad moral. La pena impuesta sobre un psicópata limita sus efectos a la satisfacción de una parte de la opinión pública que quiere ver en la condena -y especialmente en la prisión- la expiación del mal causado; pero esta visión es errónea: no hay expiación personal, porque no hay arrepentimiento, y no hay expiación social, porque en el castigo de un psicópata nadie puede ver la confirmación de la norma infringida. A ello se añade una deficiencia más: como la pena tiene un límite cuantitativo en el castigo, el control del peligro se circunscribe al tiempo de prisión, y poca seguridad hay ante un psicópata incorregible que cumplió su pena.

Este panorama requiere soluciones concretas, y en ese sentido se mueven las controversias sobre la castración química o la libertad vigilada posterior a la condena. Pero, sobre todo, exige una visión clara del sistema penal y del derecho penal: el orden jurídico atribuye la función de control de peligros en sujetos que han cometido hechos delictivos al sistema penal, entendido en una forma global, pero no a la pena. Las medidas de seguridad son, en ese sentido, derecho de control de peligros y su lógica -interna y externa- ha de ser distinta a la lógica de las penas, aunque éstas y aquéllas formen parte de las competencias de los mismos jueces. Esto debería afectar a aspectos de la ley, como el límite de las medidas, pues es discutible que ese límite deba fijarse sobre la base de la pena que podría imponerse al sujeto imputable; pero concierne también al proceso de formación de la opinión pública, pues mientras una declaración de inimputabilidad se considere como un  privilegio, la imposición de una medida de seguridad será valorada siempre como un respuesta intolerable en delitos graves.

Si este presupuesto quedase claro, la decisión sobre el psicópata o el pederasta estaría asentada en unas bases algo diferentes: lo importante es si la psicopatía implica, por la ausencia de barreras morales, un peligro; y si convierte la pena sobre el psicópata en un castigo inútil. Si es así, y como no hay respuesta penal posible para quien no tiene un control moral de su conducta, sólo cabe prevenir el peligro. Pero prevención de peligros no significa beneficio; es trato adecuado para sujetos para quienes la pena carece de sentido y suficiente para proteger a la sociedad del riesgo que representan. Este diferente tratamiento respecto de quienes sí son susceptibles de una pena no puede tampoco implicar menoscabo de su dignidad como personas: una prevención adecuada exige que no se renuncie a los esfuerzos en la corrección mediante las medidas estrictamente necesarias -por tanto, con la creación de una situación segura- para la protección de la sociedad frente al peligro que el pederasta representa. Cuando la sociedad reclama, en estos casos, castigos draconianos, lo hace porque se siente insegura ante un derecho penal limitado, que se prevé para sujetos imputables y, por ello, sin anomalías graves. La garantía de un sistema penal que proporcione seguridad frente a sujetos peligrosos no es, en ese sentido, una quimera; es tan sólo la consecuencia de llamar a las cosas por su nombre.


Por Carlos Pérez del Valle, Catedrático de Derecho penal y Rector de la Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona

2 Comentarios

  1. Todo esto de los remordimientos, la responsabilidad moral y la prevención está muy bien. A ver cuándo empezamos a aplicarlo a los condenados por delitos contra la Hacienda Pública. La psicopatía, si no se define bien, alcanza lugares inimaginables

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