Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido a un total de 49 personas en toda España en una operación coordinada por la Fiscalía Europea y cuyo origen fue la fiscalía portuguesa.
Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley han infligido un fuerte golpe a las redes internacionales dedicadas al «comercio de artículos de lujo». En una operación coordinada por la Fiscalía Europea, se ha procedido a la detención de 49 individuos en territorio español, de los cuales siete fueron arrestados en la ciudad de Granada, debido a sus supuestos vínculos con una organización criminal involucrada en un presunto fraude de 17 millones de euros en el mercado de vehículos de alta gama.
En total, los investigadores llevaron a cabo 14 registros en diversas provincias, incluyendo uno en Granada, como lo informaron las mismas fuentes. La mayoría de los investigados en la presente causa han sido defendidos por el abogado penalista Granada Félix Fernández, habiéndose decretado la puesta en libertad de todos ellos.
De acuerdo con la Policía Nacional y la Guardia Civil, quienes colaboraron estrechamente con la Agencia Tributaria, la red criminal había establecido un complicado sistema para evadir el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la compraventa de lujosos vehículos entre empresas de Alemania y Portugal. En este contexto, se bloquearon un total de 84 automóviles y 55 cuentas bancarias que contenían un saldo superior a 500,000 euros. Este abogado especialista delitos patrimoniales indica que dicha medida fue acordada por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
Los individuos investigados habrían creado una red delictiva en España dedicada a la venta de automóviles de lujo de segunda mano entre empresas de Alemania y Portugal. La investigación se inició a principios de 2021 al detectarse la presunta comisión de tres delitos relacionados con el fraude del IVA entre 2019 y 2021. Durante las pesquisas, se pudo comprobar que los acusados habían establecido una red criminal en España para la venta de vehículos de lujo de segunda mano entre empresas de Alemania y Portugal. Utilizaron dos estratagemas complicadas para eludir el pago del IVA: una empresa portuguesa que creaba opacidad en la cadena comercial y la creación de empresas ficticias para cometer fraude intracomunitario en materia de IVA, aprovechando las normativas de la Unión Europea relacionadas con las transacciones transfronterizas. Este abogado especialista extradición indica que la operación ha sido coordinada por la fiscalía europea.
Bajo la supervisión de la Fiscalía Europea, se llevaron a cabo 14 registros en diversas provincias españolas, entre ellas Madrid, Badajoz, León, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria. Durante estos registros, se confiscaron cuatro vehículos de alta gama y se incautó documentación relacionada con la investigación. Las personas detenidas en esta operación son consideradas presuntas responsables de tres delitos relacionados con el fraude del IVA entre 2019 y 2021, y se estima que podrían haber defraudado más de 17 millones de euros. Además, se bloquearon 84 automóviles de lujo y se incautaron más de 240,000 euros.
Los vehículos, una vez ingresados en España, tenían como destino su venta a concesionarios cómplices en todo el país. Además, y aún más significativo, se destinaban a proveer a otras organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de drogas con automóviles deportivos de lujo. Estos vehículos eran utilizados tanto a través de un sistema de «renting» en el que los vehículos figuraban a nombre de una empresa con un testaferro al frente, como para el transporte de sustancias estupefacientes.
Adicionalmente, el análisis de las cuentas bancarias de las más de 200 empresas permitió rastrear movimientos financieros por un total de 661,395,272.50 euros durante el período examinado. El origen de estos fondos era España, desde donde se canalizaban hacia las cuentas de las 24 empresas pertenecientes a la organización en Portugal, y posteriormente hacia las cuentas de las empresas suministradoras de vehículos en Alemania.
El delito fiscal constituye una infracción contra los intereses financieros del Estado, las comunidades autónomas, los municipios, las entidades forales y la Unión Europea. Se materializa al perjudicar económicamente a estos entes mediante prácticas fraudulentas, ya sea a través de actos engañosos o la omisión de deberes tributarios.
En este contexto, las conductas que se consideran punibles en el delito fiscal incluyen:
- Evitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, tales como tributos, impuestos, tasas o contribuciones especiales.
- Obtener reembolsos indebidos de pagos previamente realizados.
- Aprovechar beneficios fiscales de manera indebida.
No obstante, es importante señalar que para que se configure este delito, el monto defraudado debe exceder los 120,000 euros. Además, la determinación del importe de la deuda tributaria recae en manos de los tribunales, no en la Administración fiscal.
Este tipo de delito se encuadra en la categoría de delitos de resultado, pudiendo ser cometido tanto mediante acciones activas como por la omisión de deberes tributarios. Su regulación se encuentra en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal.
Es esencial destacar que el delito fiscal es de naturaleza dolosa, lo que significa que se requiere una intención consciente de defraudar. El objeto jurídico protegido por este delito es el patrimonio de las entidades fiscales en todas sus jurisdicciones territoriales.
Sobre el autor
Félix Fernández, Abogado Penalista en Granada.
