Lo dijo durante el seminario «La armonización de las garantías procesales», celebrado durante dos días en el recinto ferial de IFEMA de Madrid, con la presencia de representantes de los 27 países miembros de la UE.
En su discurso de clausura, la subsecretaria recordó que España ha recogido el testigo de la Presidencia sueca y ha incluido, entre sus prioridades para este semestre, la consecución de un marco estable y armonizado de garantías procesales.
“Tenemos, ante nosotros -dijo-, un ambicioso plan que pretende la regulación de los derechos vinculados a la tramitación de las causas penales, y una hoja de ruta que nos marcará el camino y los pasos a dar en los próximos meses.”
Por último, Purificación Morandeira ha subrayado la satisfacción de coincidir en la idea esencial que ha llevado a la celebración de este encuentro, “la necesidad de contar con un conjunto de derechos y garantías procesales puestos al servicio del ciudadano europeo, vértices, sin duda, del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia que estamos construyendo entre todos”.
El seminario, organizado por el Ministerio de Justicia, en el marco de la Presidencia española de la UE, junto con la Comisión Europea y la Academia del Derecho Europeo (ERA), ha debatido sobre la necesidad de avanzar en la consecución de un sistema común de garantías procesales que proteja mejor a los ciudadanos comunitarios involucrados en procesos penales en otros países de la UE.
En la reunión han participado expertos del mundo de la Administración de Justicia, Fiscalía, Abogacía y Docencia, llegados de distintos países de la Unión, y ha servido para discutir sobre la ‘hoja de ruta’ adoptada en noviembre 2009 por los ministros de Justicia de la UE en materia de garantías procesales. Esta ‘hoja de ruta’ forma parte integrante del Programa de Estocolmo sobre las prioridades para la construcción de un espacio de Libertad, Seguridad y Justicia e identifica una lista de cinco propuestas legislativas a adoptar en los próximos años, cuya aplicación ha sido calificada como asunto prioritario por todos los participantes en el seminario, en particular por la Comisión Europea y el Consejo.
Las cinco medidas previstas incluyen: el derecho a la traducción e interpretación, a la información sobre los derechos, la asistencia jurídica, el derecho de comunicarse con parientes y salvaguardias especiales para sospechosos y acusados considerados vulnerables.
Con respecto a la propuesta sobre al derecho a la traducción e interpretación la Presidencia española ha manifestado su intención de hacer progresar las negociaciones “con paso firme” y lograr su adopción “sin demora”, tal y como afirmó el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, en la inauguración del seminario.
Para ello, será necesario contar con la colaboración constructiva del Parlamento Europeo, que ha adquirido plenos poderes legislativos en éste ámbito desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y de la Comisión Europea en el proceso de negociaciones.
La Presidencia española también se ha mostrado dispuesta a ir más allá en el cumplimiento de esta estrategia garantista de derechos y lanzar la discusión sobre el derecho de información de los detenidos. Para ello se espera que la Comisión Europea presente su propuesta sin dilación en los próximos meses.
