Organizado por Economistas Asesores Laborales (EAL) –órgano especializado en materia laboral del Consejo General de Economistas–, se ha celebrado en Madrid el “IV Encuentro sobre Economía Laboral”, bajo el título Regulación del registro de la jornada laboral y Luces y sombras de la mochila austriaca, en el que representantes de la Seguridad Social, patronal, sindicatos y profesionales han debatido sobre la regulación del registro de la jornada laboral y han analizado los pros y contras de la implantación de la “mochila austriaca”.

La apertura del Encuentro ha corrido a cargo de del presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, y del presidente de Economistas Asesores Laborales (EAL), Roberto Pereira. Tras la intervención del primero, Pereira ha afirmado que “la implantación del registro horario ha estado contaminada de una gran polémica desde el principio, pero este desconcierto ha servido para aclarar algunos conceptos –aunque no todos– que generaban mucha confusión, tanto en el sector empresarial como por parte de los trabajadores y los propios despachos laboralistas, que, al fin y al cabo, son quienes han de limar las asperezas que surjan entre el empresario y los trabajadores”.

A continuación, ha intervenido, en nombre de CEPYME, Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Socio-Laboral de dicha organización, quien ha manifestado que “en un primer balance, que necesariamente es provisional por el poco tiempo transcurrido, podemos decir que la norma se está cumpliendo, pese a que entraña nuevas cargas y costes económicos para las empresas y aún persisten numerosas incertidumbres relacionadas con su cumplimiento”. Por otra parte, según Díaz de Terán, “el registro obligatorio de la jornada no responde al actual modelo de las relaciones laborales, basado en relaciones de confianza entre empresario y trabajador, y no es acorde con las nuevas modalidades de trabajo, como el teletrabajo”. “Desde CEPYME, continuamos pendientes de su evolución transmitiendo a la Administración todos los problemas y dudas que surjan a las empresas en su aplicación” –ha concluido.

En representación de UGT, ha intervenido María Higinia Ruiz, abogada del Servicio de Estudios de dicho sindicato, para quien “el registro diario de jornada es imprescindible para acabar con los continuos abusos e incumplimientos de las normas en materia de tiempo de trabajo, elemento fundamental que condiciona la salud y bienestar de las personas trabajadoras”. Según Ruiz, “ese tipo de conductas reprobables son especialmente graves en relación a las horas extraordinarias: según los datos publicados por la EPA, en 2018 el número de horas extras realizadas en nuestro país ascendió a los 330 millones de las cuales casi la mitad (140 millones) ni se pagaron, ni se cotizaron y tampoco fueron compensadas con descanso”.

En el debate también han participado Gabriel Álvarez Del Egido, inspector de Trabajo y Seguridad Social, quien ha explicado las actuaciones de la Inspección de Trabajo en esta materia, y Javier Hervás, presidente de la Sección de Laboral del Colegio de Abogados de Madrid. Para Javier Hervás, “la obligación de registro de jornada diario ha trascendido su propio, y corto, alcance normativo para constituirse en “piedra angular” de la organización del tiempo de trabajo como consecuencia de su valor como herramienta para medir la realización de trabajo extraordinario y las consecuencias que de ello se derivan, sobre todo de infracotizacion”. Para Hervás, “el reto de las empresas es triple: definir correctamente el tiempo de trabajo efectivo y pactarlo, en su caso, con la representación legal de los trabajadores, registrarlo adecuadamente, y, desde sus facultades de organización, intentar optimizar al máximo en sus resultados el desempeño del trabajo de sus empleados.”

Mochila austriaca

En la segunda parte del IV Encuentro sobre Economía Laboral se han analizado los pros y contras de la implantación de la “mochila austriaca”. En el debate, además de Roberto Pereira, presidente de Economistas Asesores Laborales (EAL), han participado Sergio del Campo, portavoz de Empleo y Seguridad Social de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, y portavoz de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo; Sandalio Gómez López-Egea, profesor emérito de la Escuela de Negocios IESE; y Álvaro Granado, responsable del Área de Pensiones de KPMG Abogados.

Todos los intervinientes han valorado la implementación de este modelo en España para mejorar el actual sistema de pensiones, aunque con matices y de forma progresiva; y entre los principales problemas para ponerlo en marcha, han señalado los costes de financiación y la determinación de las aportaciones.

Así, para Roberto Pereira “no sería ninguna sorpresa que en el corto plazo hablemos de una mochila propia, con apellido español, pues parece que hay voluntades para incorporarla a nuestro sistema, posiblemente con algún matiz que la pueda diferenciar de la austriaca”. Para el presidente de EAL, “la implantación de este modelo podría suponer una serie de aportaciones que ayudarían a mejorar algunas debilidades de nuestro modelo”. Entre ellas, Pereira señala las siguientes: “Fomentaría la creación de un modelo único de contrato, eliminando la dualidad actual; generaría confianza en el sistema para la movilidad laboral; fortalecería el sistema de pensiones al poder contar con un sistema complementario de ahorro; y se eliminarían los agravios comparativos existentes en nuestro modelo de relaciones laborales, con el cobro de las indemnizaciones por despido”. No obstante, ha afirmado que “es verdad que la dificultad estaría en determinar las aportaciones a realizar por parte del empresario y los trabajadores, así como la implementación progresiva de la mochila; aunque también es cierto que, como casi siempre, cuanto antes se haga antes se conseguirá vencer estos miedos”.

“Desde Ciudadanos siempre hemos apostado por la implantación de la mochila como medida de lucha contra la precariedad laboral dentro de un paquete de reformas que ayuden a crear un mercado de trabajo más moderno, más justo y más eficiente” –ha manifestado Sergio del Campo–. Entre los “pros” de la implementación de la mochila, del Campo ha destacado “el cambio de paradigma que supone la mejora de la protección del trabajador y no tanto del puesto de trabajo, el fomento de la movilidad, la posibilidad de utilización de sus recursos para invertir en formación, así como la posibilidad de acumulación de sus activos a la pensión de jubilación”. El representante de Ciudadanos ha añadido que “para los autónomos y pequeños empresarios es una medida que otorga flexibilidad sobre todo en momentos de crisis, a través de la consignación de parte de los costes del despido”. Entre los “contras”, del Campo quizá destacaría “los costes de financiación y las dificultades para su implantación”.

Para Sandalio Gómez, “el problema fundamental a acordar es quién financia la formación de la mochila: ¿el empresario?, ¿el trabajador? ¿el Estado?”. Según Gómez, el acuerdo al que se llegó en Austria es que lo financiaba el empresario, con un 1,5% del sueldo anual del trabajador; ahora bien, a cambio, desapareció la indemnización por despido objetivo que correspondía al trabajador con más de tres años de antigüedad, que eran los que tenían ese derecho, resolviendo al mismo tiempo la dualidad existente entre los que tenían una antigüedad inferior a tres años que no tenían derecho a indemnización y los que tenían más de tres años que sí tenían ese derecho”. Para Sandalio Gómez, “el tema a resolver en España, que no se atreve a afrontar, es precisamente el de la reducción de la indemnización por despido, que los sindicatos no aceptan, negándose a contemplar la parte positiva del acuerdo de contar con un fondo complementario en el momento de su jubilación”. Según Gómez, “este es el reto que hay que superar si se quieren resolver los dos problemas: la dualidad del mercado de trabajo y el complemento a la pensión, vitales para el funcionamiento del mercado de trabajo y para mantener uno de los pilares del Estado del bienestar”.

En último lugar, ha intervenido Álvaro Granado, para quien “la posible puesta en marcha en España de un sistema similar al conocido como “la mochila austriaca”, sin duda puede suponer un gran paso en el crecimiento definitivo, y necesario, del segundo pilar de la previsión social complementaria en España: el ahorro empresarial para la jubilación de sus empleados”. Sin embargo, según Granado, “no debemos perder de vista que el modelo austriaco, además de ser un sistema pensado para el ahorro de cara a la jubilación, es un esquema pensado como indemnizatorio en casos de desempleo; y en España, donde las indemnizaciones por despidos ya se encuentran reguladas, sin duda, la transición hacia el modelo austriaco supondrá un enorme reto para todas las partes implicadas: el Estado, las empresas y los trabajadores”.

FOTO (de izda. a dcha.): Gabriel Álvarez Del Egido, inspector de Trabajo y Seguridad Social; María Higinia Ruiz, abogada del Servicio de Estudios de UGT; Roberto Pereira, presidente de Economistas Asesores Laborales (EAL); Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas; Javier Hervás, presidente de la Sección de Laboral del Colegio de Abogados de Madrid; y Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Socio-Laboral de CEPYME.

Fuente: Consejo General de Economistas