El poder judicial ha reaccionado en bloque contra el doble indulto concedido la pasada semana por parte del Gobierno a cuatro ‘mossos d’esquadra’ condenados por delitos de torturas. Casi 200 jueces de todo el territorio español, entre los que se encuenta la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles, han firmado hoy un manifiesto (disponible al final de este artículo) en el que consideran que «la actuación del Gobierno en este caso supone un menosprecio a los miles de agentes de policía que en todo el Estado cumplen a diario con sus funciones democráticas» y un «ejercicio abusivo por el Poder Ejecutivo de la facultad de indulto alejada de las funciones de esta institución, que supone una afrenta al Poder Judicial». Además, han añadido que el indulto «supone una actuación contra la dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio».

Un caso con largo recorrido

La cuestión se centra en el indulto concedido a cuatro mossos d’esquadra condenados por torturar a un hombre al que confundieron con una atracador violento. El caso se inició en Julio de 2006 cuando cinco agentes del cuerpo policial de Cataluña confundieron a un hombre de origen rumano, Lucian Paduraru, con un atracador violento. Posteriormente, Paduraru denunció a los policías por torturas, lo que fué confirmado por la Audiencia de Barcelona, que condenó a los mossos a penas de seis años y siete meses de cárcel por delitos contra la integridad moral, torturas y lesiones. En Diciembre de 2009, el Tribunal Supremo rebajó las condenas hasta cuatro años y seis meses de cárcel y les inhabilitó profesionalmente, pero no fue hasta dos años y cuatro meses más tarde cuando el Consejo de Ministros concedió el primer indulto parcial a los policías, rebajando las penas a dos años de cárcel y cambiando la inhabilitación por una suspensión temporal de dos años de cargo público.

En este punto, al caso todavía le quedaba un largo camino por recorrer y es que la Audiencia Provincial de Barcelona ordenó, atípicamente, la ejecución de la condena de cárcel, a pesar que ninguno de los agentes tenía antecedentes penales, alegando “razones de prevención general y especial, de peligrosidad criminal, de repulsa y de alarma social”. Por su parte, los mossos pidieron la suspensión del ingreso en prisión hasta que el Gobierno se pronunciase sobre su segunda petición de indulto, que fue denegada por la Audiencia de Barcelona.

El próximo 10 de diciembre era la fecha límite para que el Gobierno atendiera o denegara la petición de los agentes, pero la incógnita se resolvió el pasado viernes, cuando el Consejo de Ministros concedió el segundo indulto a los cuatro reos y conmutó la pena de prisión por una sanción económica de 10 euros al día durante dos años (lo que suma 7.200 euros en total).

El Tribunal Supremo había considerado probado que los agentes apalearon, amenazaraon e introdujeron una pistola en la boca del detenido, además de tratar de forma degradante a la mujer del acusador, que en ese momento estaba embarazada de tres meses. Sin embargo, el Gobierno ha declarado mediante un comunicado de prensa que el indulto se concedió después de “analizar la amplia documentación e información que contienen los expedientes aportados”.

Comunicado contra el indulto

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