La Administración —en todos sus niveles— apenas utiliza a los detectives privados para resolver asuntos que se han enquistado con el paso del tiempo, como el del absentismo laboral. Los detectives pueden ofrecer unos servicios muy superiores a los actuales sistemas de control interno. El otro tema de la jornada se centró en la prevención de los riesgos reputacionales y de su contagio.  

Administraciones públicas y detectives

La abogada y detective María Ángeles Valls abrió la jornada con una ponencia muy esperada: Trabajar para las administraciones públicas. Es posible y te contamos cómo. Empezó su charla con una afirmación impactante, una tesis inicial: «las administraciones públicas contratan poco a los detectives privados y son conscientes de ello». Advirtió que la ponencia se centraría en el ámbito del absentismo laboral, porque «tratar sobre el fraude, en general, en las administraciones públicas sería imposible de abarcar en una charla como esta».

La actitud de la administración pública en este campo es muy distinta a la del sector privado, en el que la contratación de detectives es habitual. Además, María Ángeles Valls constató que no hay datos oficiales sobre el nivel de absentismo en ningún ministerio o administración pública. La única referencia orientativa la halló en el informe de Adecco de 2019, con un estudio que abarcaba de 2010 a 2018. «Incluye un análisis sobre las administraciones en el que se detecta un incremento del absentismo en 2018. ¿Causas? Los redactores del informe creen que pueden estar relacionadas, entre otras, con el aumento de la jornada laboral y por el abono, por primera vez, del 100% del salario en caso de baja por incapacidad temporal», explicó la ponente.

A continuación, María Ángeles Valls hizo un puñado de preguntas clave: «¿Por qué las administraciones públicas no acuden a la investigación privada? ¿No nos conocen? ¿Piensan que no es legal porque ya cuentan con un cuerpo propio de inspectores para esa labor? ¿Es un problema económico? ¿Un problema político?»

Su trabajo de investigación para analizar este problema empezó con la indagación legislativa, analizando la normativa existente sobre el régimen disciplinario de los funcionarios; siguió con la búsqueda de jurisprudencia en la que se mencione contrataciones de detectives por parte de las administraciones. Encontró apenas cuatro sentencias, que venían a confirmar su tesis inicial: no hay problema alguno para que las administraciones contraten a los detectives.

Además, por su monto, la mayoría de estas investigaciones entrarían de lleno en el capítulo de «contratos menores», lo que agilizaría todos los trámites burocráticos, ya que, como indica la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), «los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación».

Riesgo reputacional

Juan Pablo Rodríguez, abogado penalista y consultor antifraude colombiano, forma parte de Risc Management, una empresa de consultoría en riesgo —el objeto de su ponencia—, inteligencia, compliance y seguridad desde la óptica del management.

Mezclando casos reales con referencias cinematográficas y literarias, y conceptos teóricos con consejos prácticos, el ponente fue desgranando las casusas por las que una organización o un personaje público pueden perder la reputación y los esfuerzos, a veces ímprobos, para recuperarla.

Hay que tener en cuenta que las reglas del juego reputacional han cambiado en esta época digital, advirtió Juan Pablo Rodríguez. Existen estudios que señalan que el 50% de la reputación de una empresa depende del estilo de su CEO, de cómo toma las decisiones y las comunica. A diferencia de lo que sucedía antes de la digitalización de la sociedad, ahora la reputación de una empresa y sus actuaciones son analizadas continuamente por grupos de presión, sobre todo en las redes.

El consejo principal que Juan Pablo Rodríguez dio a los detectives fue que la mejor forma de mantener la reputación es anticiparse a una posible crisis. Para ello es imprescindible pasar por dos fases de trabajo. En la primera, la de prevención, se deben identificar posibles problemas, distinguir a los detractores y definir medidas correctivas. Luego hay que prepararse para la tormenta, pensando en cómo comunicar la decisión tomada, teniendo en cuenta a cada implicado y analizando la capacidad real de la organización para hacer frente a esa crisis.

Fuente: CODPCAT

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