En concreto, muestra su “preocupación” por las denuncias de amenazas y malos tratos efectuadas por los detenidos.

En un informe redactado tras su visita a España en mayo de 2008, el Relator de la ONU recuerda que “unas 120 personas” fueron detenidas tras los atentados y sometidas a régimen de incomunicación. “Al Relator Especial le preocupan las denuncias de interrogatorios constantes sin la presencia de un abogado, combinados con amenazas asociadas al origen de los detenidos, privación de sueño y, en algunos casos, el uso de la fuerza física”, expone.

Además, se pregunta si en algunos casos se recurrió al régimen de incomunicación para obtener información que pudiera ayudar en las investigaciones “y no únicamente información relacionada con los sospechosos de terrorismo”.

Por ello, recuerda que el derecho internacional no sólo garantiza el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo sino que también prohíbe la presentación ante un tribunal de pruebas que se hayan obtenido mediante métodos de coacción física o psicológica.

Para el Relator de la ONU reviste especial preocupación el hecho de que la mayoría de denuncias de malos tratos físicos y psicológicos presentadas ante el juez de instrucción fuesen “ignoradas”. Además, apunta que la única denuncia por malos tratos que dio lugar a una investigación fue presentada por un ciudadano español.

El informe también aborda la situación de prisión provisional que se decretó para la mayoría de los detenidos y recuerda que están además sometidos a régimen cerrado, “que incluye un estricto control de todas las comunicaciones”. A este respecto, señala que la “pauta general” de dar a los presos de terrorismo internacional “un trato diferente” al del resto de los internos en prisión provisional “puede afectar negativamente al derecho a la presunción de inocencia”.

Además, recuerda que los detenidos fueron dispersados por las cárceles españolas y considera que esto les afectó “negativamente de forma considerable”, sobretodo en los casos en los que la defensa estaba a cargo de un letrado de oficio residente en Madrid “al que no se remuneró de manera suficiente para pagar los viajes necesarios para reunirse con sus clientes”.

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