La mayoría de estas prácticas abusivas, en opinión de José Ángel Oliván, presidente de UCE, y Miguel López, miembro de la directiva y responsable del estudio, ?corresponden a gastos que debieran pagar los vendedores y se imputan a los compradores?, aquellos relativos a la obligatoriedad de subrogarse a las hipotecas que han suscrito los promotores inmobiliarios ?con la consecuente penalización en los gastos de cancelación? o aquellas materias derivadas por incumplimientos flagrantes como ?no entregar la vivienda en plazo o con las calidades comprometidas?, y que no conllevan ?resarcimiento mediante una indemnización? por los perjuicios causados a las personas que compran una vivienda.
Tanto el informe como la guía establecen las principales causas que son objeto de denuncia y que hacen referencia a la publicidad e información previa que deben facilitar los promotores inmobiliarios, la inclusión de cláusulas que penalizan a la parte compradora (subrogración de contratos, pagos de plusvalías, renuncia a indemnizaciones), la exoneración de responsabilidades de la parte vendedora (ante el incumplimiento de plazos de entrega, defectos en la construcción…) y hace especial hincapié en una nueva modalidad de contrato, el de arrendamiento con opción de compra, que se está imponiendo en el mercado de la vivienda por la crisis que atraviesa el sector.
Flujo de denuncias
Miguel López subrayó que la media de reclamaciones que recibe cada año la UCE ?ronda las 1.500? (a las que habría que sumar las recibidas en el resto de las organizaciones de consumidores o aquellas que directamente presentan los afectados ante los tribunales, juntas arbitrales o las diferentes administraciones públicas). Una cifra que sigue colocando este tipo de lesión a los derechos de los consumidores ?en los primeros puestos del ranking de reclamaciones?, y eso, según López, ?a pesar del auge en las reclamaciones en el sector de las telecomunicaciones?, que continúa ocupando el primer lugar en número de quejas.
José Ángel Oliván denunció ?la pasividad de las administraciones autonómicas? (cuyas competencias están trasferidas) a la hora de hacer las inspecciones de este tipo de contratos y la ?falta de claridad sobre qué departamento le corresponde realizar las mismas, ya sea Consumo o Vivienda?. Incluso llegó a insinuar que alguna de las denuncias que obran en poder de la UCE podría derivar en la comisión de un delito por parte de los responsables políticos por omisión o dejación de sus funciones.
