El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha instado a las comunidades autónomas a desarrollar mediante ley propia un sistema de infracciones y sanciones para aplicar ante aquellos casos que supongan una vulneración de los derechos de las personas con discapacidad en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
El Cermi informó en un comunicado que desde 2007 existe una ley nacional que establece el régimen de infracciones y sanciones en esta esfera, pero se limita solo a castigar las infracciones que se producen simultáneamente en más de una comunidad autónoma.
Nuestra publicación tuvo la oportunidad, a finales del mes de julio de charlar con Luis Cayo Pérez, presidente del CERMI, para conocer las inquietudes y demandas de las personas con discapacidad, en un contexto marcado por la reunion mantenida por la cúpula directiva de esta entidad con Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia
Las que se suceden en una única comunidad autónoma deberían ser sancionadas con arreglo a una ley autonómica propia, que los parlamentos regionales tendrían que haber promulgado en su ámbito autonómico.
Hasta ahora, recuerda el Cermi, pasados casi cinco años de la aprobación de la ley estatal, ninguna comunidad autónoma ha promulgado esta legislación específica, salvo Navarra que se ha remitido a la normativa estatal, que es por tanto de aplicación en ese territorio en defecto de ley propia.
«Esta laguna generalizada de regulación provoca una enorme impunidad, ya que las infracciones cometidas en un único territorio autonómico quedan sin sanción, con la desprotección que esto supone para los derechos de las personas con discapacidad», denuncia el comité.
Por esta razón, el Cermi reclama a las comunidades autónomas que acometan con urgencia esta regulación, «que vendría a cerrar el círculo de la protección administrativa de los derechos de las personas con discapacidad contra conductas especialmente reprobables».
Medidas legales contra hotel turístico
Esta iniciativa que se propone a las autonomías viene contextualizada a raíz de los problemas que tuvo una persona con discapacidad en un hotel de Benidorm. A este respecto, el propio CERMI anunciaba hace unos dias que «actuará jurídicamente por todas las vías disponibles para que la grave discriminación sufrida presuntamente por una persona con discapacidad pno quede impune y reciba la sanción legal que corresponda».
El Cermi indica en un comunicado que «instará tanto el cauce penal como el administrativo formulando sendas denuncias poniendo de manifiesto la contradicción de la conducta en la que incurrió el hotel, según los hechos dados a conocer por la víctima y su familia y recogidos por los medios de comunicación, con el ordenamiento jurídico, que protege los derechos de las personas con discapacidad y prohíbe cualquier vulneración».
A juicio de la entidad, la actuación de los responsables del hotel, impidiendo el uso de las instalaciones a una mujer con discapacidad alegando la inaccesibilidad del establecimiento, puede constituir posiblemente una infracción penal, delito o falta de vejaciones, y en todo caso un ilícito administrativo, acoso por motivos de discapacidad.
Para el Cermi, «este tipo de hechos, intolerables desde cualquier punto de vista, evidencian la todavía precaria situación de los derechos de las personas con discapacidad, que se enfrentan a diario con múltiples discriminaciones y exclusiones contra las que es preciso luchar hasta las últimas consecuencias».
