Colegio de Abogados de VizcayaEl Colegio de Abogados de Vizcaya (ICAV) celebrará este miércoles, 13 de marzo, una jornada dedicada a analizar desde el punto de vista jurídico la llamada ‘Doctrina Parot‘, que más allá de afectar a implicados en delitos de terrorismo se está convirtiendo en una doctrina aplicable a cualquier condenado que cumpla las condiciones establecidas en la misma.

En virtud de esta doctrina, los beneficios penitenciarios se descuentan sucesivamente de cada una de las penas, hasta que el penado cumple efectivamente el máximo de 30 años en prisión, previsto en el Código Penal. De este modo se prolonga la estancia en la cárcel de los condenados por múltiples crímenes ya que la reducción de las penas por beneficios penitenciarios (trabajo, estudios…) se aplica respecto cada una de ellas individualmente y no sobre el máximo legal permitido.

Dada la incidencia jurídica que tiene la aplicación de esta doctrina, el Colegio de Abogados de Vizcaya ha decidido analizarla “lejos del ruido mediático que estas cuestiones suelen llevar, procurando contar con intervinientes de distintos ámbitos para poder llegar a conclusiones de interés”.

Con ese objetivo, en la jornada, presentada por el Decano del Colegio, Nazario de Oleaga, participarán el magistrado de la Audiencia Nacional y expresidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez; el Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, Juan Galparsoro; la abogada Amaia Izko y el representante del colectivo Herrira, Jon Garay.

El acto, con entrada gratuita, tendrá lugar en el salón de actos del Colegio de Abogados de Bizkaia (Rampas de Uribitarte 3, de Bilbao), de  18.30 a 21.00h.

La doctrina Parot, a discusión en el TEDH

La cuestión resulta de estricta actualidad dado que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) aceptó hace pocos meses el recurso de España contra la sentencia que ordenó excarcelar e indemnizar a la etarra del comando de Madrid, Inés del Río Prada, por habérsele aplicado la doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo en 2006 y refrendada por el Tribunal Constitucional.

El Tribunal de Derechos Humanos falló en contra de dicha doctrina en julio de 2012, cuando amparó a del Río, lo que provocó la presentación del recurso por parte del Gobierno, que todavía está pendiente de resolución por la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo.

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