Finalmente se tramitará como proyecto de ley después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con los grupos minoritarios y, especialmente con los nacionalistas catalanes, con quienes pactó respetar lo «sustancial» del texto inicial.

La norma prosperó gracias a los 184 votos sumados por el PSOE, CiU, BNG y Coalición Canaria, frente a los 162 que sumaron PP, PNV, ERC-IU-ICV, Nafarroa Bai y UPyD. Por otro lado, su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia fue aprobada por unanimidad.

Durante el debate, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró que este decreto responde al «aspecto» de la crisis que «más preocupa» al Gobierno, que es su especial repercusión en el mercado de trabajo, que ha provocado, a su vez, un «incremento sustancial» de la tasa del paro en el último año, hasta llegar al 13,9%.

Corbacho defendió las 80 medidas contenidas en el denominado ‘Plan E’ del Ejecutivo socialista, que han movilizado «recursos públicos sin precedentes», pero admitió que el empeoramiento de la situación del mercado laboral ha obligado a tomar «medidas extraordinarias» como las contenidas en el decreto, cuyo resultado será evaluado con los agentes sociales antes del 31 de diciembre, aunque podría verse prorrogado según la evolución del empleo.

El ministro justificó la extraordinaria urgencia y necesidad de esta medida en una «coyuntura económica problemática» que ha forzado al Gobierno a tomar medidas «no formalmente consolidadas» por los agentes sociales, que mantiene abierto, no obstante, el diálogo social. En este sentido, incidió en que este decreto «no supone ningún recorte» de derechos sociales para los trabajadores.

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