El Tribunal Constitucional (TC) avala la ley de selecciones deportivas catalanas y desestima así el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno central presentó contra el artículo 2 de dicha norma legal.

El Constitucional limita, sin embargo, la capacidad de las selecciones catalanas a participar en torneos en los que juegue la selección española y cuando no se «impidan o perturben las competencias del Estado en materia de coordinación y representación internacional del deporte».  De la resolución, que el Constitucional ha tardado en dictar casi 14 años, ha sido ponente el magistrado Javier Delgado.

El 8 de noviembre de 1999, el Abogado del Estado, en representación del presidente José María Aznar, había interpuso recurso de inconstitucionalidad contra mencionado artículo que en su redacción actual dispone: “las federaciones deportivas catalanas de cada modalidad deportiva son las representantes del respectivo deporte federado catalán en los ámbitos supraautonómicos”.

El Abogado del Estado consideraba que el mencionado precepto, al atribuir a las federaciones catalanas en exclusiva la representación de cada modalidad deportiva en el ámbito estatal e internacional, resultaba inconstitucional por vulnerar las competencias estatales en materia de cultura y relaciones internacionales.

l Tribunal Constituciona (TC) señala en la sentencia que, con la perspectiva del parámetro de control del presente recurso, resulta de aplicación nuestra doctrina sobre el ius superveniens según la cual “el control de las normas que incurren en un posible exceso competencial debe hacerse de acuerdo con las normas del bloque de la constitucionalidad vigentes en el momento de dictar sentencia. Ello determina que nuestro pronunciamiento deba dictarse a la luz de la delimitación de competencias que se deriva de la reforma del Estatuto de Cataluña (EAC) llevada a cabo por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio»

La decisión es idéntica a la adoptada por el tribunal en relación a los equipos del País Vasco en una sentencia hecha pública el pasado 26 de abril.

El Constitucional ha concluido que el artículo «es constitucional siempre que se trate de deportes en los que no existan federaciones españolas y que, en ningún caso, se impidan o perturben las competencias del Estado de coordinación y representación internacional del deporte español», según señala la sentencia hecha pública este jueves.

El 28 de julio de 1999, el Parlament de Cataluña aprobó, con el apoyo de todos los partidos menos del PP, la Ley del Deporte de Cataluña con la que pretendía fomentar la participación de las selecciones catalanas en cualquier tipo de competición oficial. El Gobierno de José María Aznar interpuso recurso contra el artículo 19.2 en el que se aseguraba que «las federaciones deportivas catalanas de cada modalidad deportiva son las representantes del respectivo deporte federado catalán en los ámbitos supraautonómicos».

El precepto recurrido atribuía a las federaciones catalanas en exclusiva la representación de cada modalidad deportiva en el ámbito estatal e internacional.

 

1 Comentario

  1. El título del artículo expresa un optimismo que no se traduce en el subsiguiente comentario ni en las dos sentencias del Tribunal Constitucional a que hace referencia.

    El principio es el tradicional el que ha limitado las competencias de las Comunidades Autónomas, por exclusivas que sean, a sus límites territoriales porque fuera de éstos el Estado central ostenta el todo sistemático que hace que sus competencias no se esfumen ni un ápice cuando las «otras materias» objeto de la acción legislativa autonómica entran en contacto con aquellas más absolutas que aquel ostenta por decisión del poder constitucional, aunque entre éstas prime la de tutelar el Estado de las Autonomias.

    La lectura de las sentencias demuestra también la reiteración del tema jurídico que aborda pues no escasea la cita a otras sentencias para defender una postura que no es del agrado de todos los miembros del Tribunal.

    Ahora, en época de crisis, toca justificar ante los ciudadanos los recursos a invertir y deberá el poder político con funciones ejecutivas o legislativas determinar si es mejor fomentar amistosos o dedicar esfuerzos para que la estructura del C.O.E. – como pasa con las federaciones deportivas- atiendan la realidad plural y jurídica del deporte en España.

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