1o Artículo (11.03.) antes de la declaración del estado de alarma:

Si bien con base en la información disponible hasta estos momentos en relación con el coronavirus la OMS no ha recomendado la aplicación de restricciones a los viajes ni al comercio internacional, lo cierto es que, siguiendo el principio de precaución y para evitar la rápida propagación del virus, las autoridades sanitarias españolas sí han recomendado evitar los viajes a las zonas afectadas salvo que sea estrictamente necesario. 

estado de alarma -

Ante esta situación, ¿pueden las empresas cancelar eventos ya programados? ¿tienen los pasajeros derecho a exigir la devolución de las cantidades ya entregadas a cuenta? ¿Se verán las agencias de viajes, hoteles, etc. obligadas a reintegrar el precio pagado o podrán exigir penalizaciones? 

La respuesta a estas preguntas no es, a fecha de hoy, única ni mucho menos definitiva. Lo mejor que podemos responder es: Depende. ¿Y de qué depende? Pues lejos de como dice la canción, no de según como se mire, sino de las circunstancias de cada caso concreto. 

Y es que, habitualmente cuando una de las partes pretende resolver un contrato por una causa imprevista acudimos al concepto de “fuerza mayor”, pues en caso de estimarse efectivamente su existencia, las partes de un contrato podrán exonerarse de su responsabilidad. 

Ahora bien, la “fuerza mayor” es un concepto genérico que remite a un evento o situación no queridos por ninguna de las partes del contrato –y que además es impredecible o inevitable- que impide cumplir con la obligación asumida. 

Así pues, las preguntas que deberemos respondernos son: ¿impide el coronavirus que el viajero tome su vuelo, disfrute de su estancia o acceda a un determinado lugar? ¿pueden las empresas prestar el servicio comprometido? 

En caso de los enfermos hospitalizados, está claro que el coronavirus impide que el contrato se lleve a cabo. Y lo mismo ocurre con el personal sanitario puesto en cuarentena para evitar propagaciones o de aquellos que se vean movilizados de manera extraordinaria para atender a los enfermos. 

Por el contrario, y en cuanto no existan restricciones de viajes impuestas por las autoridades que impidan viajar desde o hacia España, como pasa actualmente con los vuelos desde Italia a España, los viajeros en general no tienen un impedimento real para viajar, sino que adoptan la decisión motu proprio, argumento que está siendo utilizado por compañías de seguro, agentes, etc. para denegar la devolución de los importes ya pagados. 

Esta situación y conclusiones, no obstante, pueden cambiar con rapidez en función de cómo evolucione la enfermedad, en especial, si se adoptasen nuevas restricciones de viaje por parte del Gobierno. 

De igual modo es importante consultar las condiciones generales del contrato en cuestión para averiguar los términos concretos en que se ha pactado la facultad de cancelación –preavisos, penalizaciones, etc. 

Finalmente, es importante también advertir que las conclusiones alcanzadas en esta nota se han redactado con base en la legislación española, si bien es posible que, en función de dónde se haya celebrado el contrato, la legislación a aplicar sea la de otro Estado y, por tanto, la respuesta a estas preguntas también sea diferente. 

2o Artículo (16.03.) después de la declaración del estado de alarma: 

El Estado de alarma y el incumplimiento de contratos por fuerza mayor. 

El pasado 14 de marzo de 2020 el gobierno español declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con medidas drásticas que incluyen restricciones generalizadas respecto a la libre circulación. Ante esta situación excepcional, es obvio que en los próximos meses se producirán incumplimientos masivos de contratos en muchos ámbitos y sectores, por lo que nuestras empresas deberían prepararse para evitar reclamaciones de responsabilidad y penalizaciones. 

Como decíamos en nuestro artículo de la pasada semana, la situación excepcional ocasionada por el COVID-19 da lugar a muchas incógnitas en el ámbito contractual, que no tienen una respuesta única ni definitiva. 

A diferencia de la realidad existente hasta el 13 de marzo de 2020, y durante al menos los próximos 15 días naturales, todo apunta a que las partes en determinados contratos podrán ahora exonerarse de responsabilidad alegando fuerza mayor en aquellos casos en que son las medidas extraordinarias impuestas por las autoridades las que directamente impiden el cumplimiento del contrato. Pensemos, por ejemplo, en un contrato de transporte internacional que no puede llevarse a cabo por el cierre de fronteras, etc. 

Parece obvio que nos encontramos ante una situación impredecible e inevitable que no es querida por ninguna de las partes en el contrato. 

Sin embargo, no todas las situaciones son tan claras, en especial en la medida en que el Real Decreto que declara el estado de alarma incluye un listado de actividades expresamente suspendidas, excepcionando de dicha suspensión sólo a determinados sectores que se consideran esenciales y dejando en la indefinición a múltiples profesionales y empresas. 

Este hecho, conjugado con que el Real Decreto prevé como una de las excepciones a la limitación de la libertad de circulación de las personas el desplazamiento hasta el lugar de trabajo, conlleva que la decisión de continuar o no con la actividad empresarial y cómo llevarlo a cabo recaiga, en muchas ocasiones, en el empresario. 

En este escenario, no es tan evidente la exoneración del cumplimiento contractual alegando fuerza mayor, debiéndose evaluar, caso por caso, en qué medida las circunstancias excepcionales han impedido el cumplimiento de la obligación asumida. Por ejemplo, en muchas ocasiones sí se puede implantar el sistema de teletrabajo. 

Asimismo, es más que probable que los efectos de estas restricciones se prolonguen más allá del estricto plazo en que éstas estén vigentes, en la medida en que, retomada la actividad, las empresas se encuentren con encargos o prestaciones 

pendientes de finalizar y, al mismo tiempo, ante nuevas obligaciones que no pueden afrontar por tener trabajo pendiente. 

Ante esta tesitura, y sin poder ofrecer una solución única para todos los supuestos posibles, recomendamos comunicar, en su caso, a los business partners, clientes y proveedores tan pronto como sea posible la suspensión de los contratos por imposibilidad de desarrollar la actividad, informar de aquellas afectaciones que preveamos que puedan producirse en el cumplimiento de los contratos-tales como retrasos en la entrega o agotamiento de stocks- y, donde fuera posible, renegociar las condiciones contractuales adaptándolas a la nueva situación. 


Autora: Eva Aroca Rosell

Abogada especializada en Derecho procesal, civil, construcción y protección de datos en Marinel·lo & Partners

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