La problemática de la insolvencia de los clubes deportivos debe ser afrontada mediante una regulación específica, que comprenda medidas preventivas de control económico por parte de un organismo supervisor, que prevea una solución extrajudicial de la insolvencia de las entidades deportivas y que, en caso de concurso de acreedores, tenga en cuenta las especialidades de los clubes tanto en la coordinación del juez con el órgano de supervisión, como en el acceso a la administración concursal de las SAD y que delimite el privilegio salarial de los jugadores.
Éstas son las conclusiones a las que ha llegado el grupo de trabajo que dirigen los profesores Emilio Beltrán y Alberto Palomar, que ha sido creado por la Universidad CEU San Pablo y Dictum Abogados, a raíz del mandato realizado por la Disposición Adicional segunda bis de la última reforma concursal, que establece que “el Gobierno, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá remitir a las Cortes Generales un proyecto de Ley sobre especialidades del tratamiento de la insolvencia de las sociedades y asociaciones deportivas profesionales.”
El equipo de investigación, en el que colaboran la Asociación Española de Derecho de la Insolvencia, la Liga de Fútbol Profesional y Thomson Reuters Aranzadi, ha presentado sus conclusiones en una mesa redonda, que ha sido clausurada por el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, José Luis Astiazarán, y en la que han participado, además de los directores ya citados, el magistrado Enrique Sanjuán, los profesores del CEU Ana Campuzano, Marcelo Pascual y Pablo Vega, así como Javier Tebas, en representación de la Liga profesional, y los abogados Juan Carlos Rodríguez Maseda (director general de Dictum) y Yolanda Morales.
Las conclusiones del equipo de investigación serán publicadas en una obra de la editorial Aranzadi e inspirarán el texto que se presentará al Gobierno como propuesta de borrador que regule la insolvencia de las entidades deportivas.
Una de las principales reivindicaciones de la mesa redonda ha sido la creación de un procedimiento extrajudicial para solucionar la insolvencia de las entidades, que podría articularse mediante la mediación (al igual que se propugna con carácter general, como alternativa al concurso). En todo caso, se ha apelado a la negociación como vía de solución del conflicto, dejando el recurso al procedimiento concursal como última opción.
Los expertos han coincidido en señalar la importancia de que exista un organismo, que podrá ejercer como comisión de seguimiento en caso de mediación, que ejerza una supervisión preventiva y de control económico de las entidades y, llegado el concurso, pueda coordinarse con el juez y la administración concursal.
