El pasado 26 de enero pronunció en la Academia Matritensedel Notariado una conferencia el Catedrático Emérito de la UPM y ex ministro de Agricultura,  Jaime Lamo de Espinosa, sobre “La Constitución de 1812 y la desamortizacion de bienes: una reflexión actual”. En ella desgranó la historia de la desamortización de bienes en el siglo XIX haciendo especial hincapié en los bienes de propios y tranzando un paralelo con la situación fiscal y de la hacienda pública con la actual.

 Señaló que  aquel proceso, que tuvo tres vertientes la política e ideológica, la fiscal y la agraria o productiva; para centrarse en la fiscal, en la deuda pública, que fue el hilo conductor del discurso que une los tiempos presentes con los de hace 200 años. 

 Tras analizar el contenido de la Instrucción Reservada de Carlos III en sus aspectos desamortizadores y las reflexiones de Jovellanos en su famoso informe sobrela Ley Agraria, hizo un detallado recorrido por los procesos desamortizadores eclesiásticos y civiles de los tiempos de Carlos IV, Mendizábal, Espartero para centrarse enla de Madozy los bienes de propios.

 Destacó – seguidamente- que en el Decreto de 19 de febrero de 1836 – Mendizábal- dictado en El Pardo, se señala como  motivación la de  atender “ a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda públicaque había crecido a lo, largo del siglo y ya con Madoz en 1855, en el artº 12 de su ley, se afirma que los fondos recaudados se aplicarán a 1º) cubrir el déficit del presupuesto del Estado, 2º) de la parte restante la mitad a la amortización de la deuda pública consolidada y 3º) la otra mitad a obras públicas de interés general. Y con ella se entra de lleno en la venta de bienes de propios y comunes de los municipios, con la finalidad de recaudar fondos para amortizar  la deuda y para la expansión de los ferrocarriles y los caminos.

 Tras examinar las competencias que la Constitución de 1812 asignaba a los ayuntamientos,  señaló cómo  desde 5 de agosto de 1818,  se gravaba las rentas de propios con un arbitrio del 20% para la “extinción de la deuda del Estado”.

 A continuación enumeró los tres problemas cruciales soporta hoy la economía española: 1) un déficit  agudo y que sigue creciendo;  2)  un paro ya superior al  23% que más que duplica la media de la eurozona, y 3) unas comunidades autónomas y unos ayuntamientos que han multiplicado sin control su gasto, terriblemente endeudados y sin salidas inmediatas a sus graves problemas de déficit. Y ello, a la postre, se está poniendo en cuestión la racionalidad del modelo de ayuntamientos y gestión municipal, el dimensionamiento de nuestro sistema autonómico  y el reparto competencial muchas veces duplicado o triplicado en el actual sistema.

 Destacó las cifras de endeudamiento de Comunidades Autónomas y ayuntamientos y puso de manifiesto cómo aquellos ayuntamientos fuertemente endeudados y que posean montes podrían enajenarlos, tras desafectarlos y convertirlos en patrimoniales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, y cabría obtener un resultado muy aproximado a la deuda existente. Cifró en 1.400.000 has los montes públicos que son propiedad  del Estado o CC.AA  y  6 millones de ayuntamientos, excluyendo  de tal cómputo las algo más de 600.000 has de montes vecinales en mano común.  

 Muchos de tales montes no son hoy fuente de ingresos sino de gastos de tales ayuntamientos por lo que podrían ser enajenados contribuyendo así a eliminar su deuda, advirtiendo que la deuda es de cada ayuntamiento y la propiedad forestal de cada uno, algunos no poseen ninguna ha agrícola o forestal.  Solo la biunívoca coincidencia permitiría hacer operativa la solución.  

 Y consideró que hoy no habría riesgos de arranques o laborización porque  España es hoy un país donde las leyes de protección forestal son enormemente exigentes y, adicionalmente, nada impide que esas ventas estén condicionadas a la imposibilidad de que puedan ser objeto de recalificación urbanística.

 Concluyó pidiendo que se medite sobre esta propuesta.  aúnque no sea más que para rechazarla.

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