La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, sugirió que no se cubran las vacantes por jubilación, con lo que se ahorraría el 5% del capítulo uno, después de reiterar que el Gobierno cumplirá a rajatabla el pacto salarial alcanzado con los sindicatos de la función pública.
De la Vega señaló en el Congreso que es «perfectamente compatible» la reducción de un 4% de los gastos de personal hasta 2013 sin tocar las retribuciones de los funcionarios.
De cualquier modo, la receta es mucho más sencilla de aplicar en la Administración General del Estado que en las comunidades autónomas, reacias a tocar las plantillas relacionadas con los servicios sanitarios o educativos.
La portavoz de Coalición Canaria, Ana María Oramas, recordó a la vicepresidenta que en buena parte de las comunidades autónomas, el 80% de las nóminas de personal se concentran precisamente en estos dos sectores.
«No habrá ni tijeretazos ni decretazos, estamos aplicando el diálogo social y vamos a respetar el poder adquisitivo de los funcionarios en tres años. Cuando cumpla al acuerdo con los sindicatos ya veremos que se hace porque seguramente ya habremos salido de la crisis», advirtió De la Vega.
Entre quienes acudieron a escucharla a la comisión Constitucional del Congreso estaba la flamante secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, que el pasado 26 de febrero sustituyó en el cargo a Carmen Gomis, cesada un día después de que estallara la polémica sobre la hipotética congelación del sueldo de los funcionarios.
Rumí goza de la confianza de De la Vega, mientras que Gomis era una persona heredada de cuando la actual vicepresidenta segunda, Elena Salgado, pasó por el departamento de Administraciones Públicas.
El 23 de marzo se reunirá la mesa general de negociación de las Administraciones Públicas, en la que el Gobierno intentará pactar con comunidades y ayuntamientos una política homogénea en sanidad y educación.
