La Dirección General de Patrimonio y Contratación del Ejecutivo regional celebró el evento en modalidad presencial y virtual en las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, con más de un centenar de asistentes.
La Dirección General de Patrimonio y Contratación, dependiente de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, celebró las ‘Jornadas especializadas en materia de Contratación pública socialmente responsable’, dirigidas al personal de las diferentes Administraciones públicas canarias para fomentar la adopción de una perspectiva social responsable a la hora de licitar contratos públicos en el Archipiélago.
Estas jornadas se desarrollaron a lo largo de dos días consecutivos en ambas provincias. El 13 de diciembre en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y el 14 de diciembre en Santa Cruz de Tenerife. El evento, realizado en colaboración con la consultora Plan B Group, combinó la modalidad presencial y virtual. Más de un centenar de personas siguieron el acto en directo en alguno de los dos formatos.
El programa de estas jornadas contó con ponentes locales y nacionales reconocidas en el ámbito de la contratación pública como Ana Marín, Olga Peñalver o Julia Martín. A lo largo de cuatro horas, repasaron con una visión práctica las aplicaciones de las cláusulas sociales en los contratos públicos.
“Las cláusulas sociales y medioambientales es algo de lo que muchas veces huimos y que son imprescindibles hoy en día”
José Julián Isturitz, director general de Patrimonio y Contratación del Ejecutivo regional, se encargó de inaugurar los actos en ambas islas. “Estas jornadas son un punto de encuentro y de reflexión donde diferentes personas cuentan su experiencia y hay una transferencia de conocimiento”, comentó Isturitz.
En su discurso, destacó dos grandes ideas. Por un lado, recalcó la necesidad de que el cuerpo técnico de los órganos de contratación conozca el mercado y los precios de los productos o servicios para ejercer una compra responsable. Por otra parte, Isturitz indicó que, en el año y medio que queda de legislatura, la Dirección General pretende centrarse en la profesionalización del capital humano como parte de la estrategia para la dinamización y eficiencia de la contratación pública.
Por último, Isturitz insistió en que se “exprima” la Ley de Contratos. “Es una ley tan compleja, que la mitad de los procedimientos casi nadie los usa”, declaró el director general. A ello le agregó que “las cláusulas sociales y medioambientales es algo de lo que muchas veces huimos y que es imprescindible hoy en día incluir en los pliegos”. A tenor de ello, concluyó su intervención animando a las personas asistentes a dejar de “copiar y pegar” a la hora de redactar contratos, sino más bien a “copiar, aprender, reflexionar, pegar y transformar”.
La contratación pública, un instrumento para alcanzar objetivos de política social
A continuación, Ana Marín impartió la primera ponencia. Marín es abogada del Estado y ponente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. En su exposición, titulada ‘Cuestiones prácticas sobre la contratación socialmente responsable’, revisó algunos aspectos a considerar en la fase de preparación de contratos públicos en cuanto a la inclusión de cláusulas sociales y señaló cuáles son las más comunes que se están incluyendo en los criterios de adjudicación de los mismos.
Durante su repaso por el cuerpo legislativo que motiva el impulso de la contratación socialmente responsable, Marín resaltó el principio fundamental sobre el que se basa toda esta legislación, que consiste en “dejar que la contratación en sí misma fuera un fin y que se convirtiera en instrumento útil para conseguir objetivos de política social”.
De igual forma, durante su intervención apuntaló algunas claves sobre la inclusión de cláusulas sociales durante la preparación, licitación y ejecución de los contratos públicos. “Es tal la importancia de estas cláusulas sociales a la hora de llevar a cabo una contratación pública que, en el contenido esencial de los pliegos, la ley obliga a que los distintos licitadores tengan que incluir determinadas cláusulas sociales, medioambientales o de carácter laboral”, afirmó Marín.
La recuperación económica nacional pasa por la contratación pública
‘El reto del expediente de contratación. Aplicación práctica de las cláusulas sociales’, a cargo de Olga Peñalver, fue la segunda ponencia de estas jornadas. Peñalver es jefa de la División de Gestión y Asesoría Jurídica de Contratación de la Autoridad Portuaria de Baleares.
Al inicio de su intervención planteó una serie de titulares de noticias en los que queda latente que el desempleo, la baja calidad del empleo, la desigualdad, la pobreza, y la exclusión están presentes en el mercado laboral nacional. Así, Peñalver destacó el papel de la contratación pública en la actualidad para combatir esta problemática, pues indicó que es un instrumento para superar la crisis generada tras la pandemia en España, ya que supone el 20% del PIB nacional.
En este sentido, señaló que la normativa de contratación en España es una de las más avanzadas que existe, dado que constantemente hace referencia a la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales. Durante su conferencia, también enseñó algunas formas en las que se pueden incluir cláusulas sociales en los pliegos. En concreto, se centró en materia de discapacidad e inserción sociolaboral de personas y colectivos desfavorecidos, en igualdad entre hombres y mujeres, en materia de calidad del empleo, en derechos humanos, en criterios medioambientales, en calidad social y en responsabilidad social de empresas.
Las entidades de economía solidaria, un colaborador clave para impulsar la contratación pública socialmente responsable
Eduardo Calderón, vicepresidente de la Red Canaria de Entidades de Promoción e Inserción Socio-Laboral Anagos (Red Anagos), protagonizó ‘Herramientas prácticas para impulsar la Contratación Responsable: aportaciones desde la Economía Solidaria’, la tercera conferencia de las jornadas. En ella, introdujo las principales herramientas que ofrecen en la actualidad para formar a las personas y a la Administración en materia de contratación pública socialmente responsable.
Entre ellas destacó la I Feria de Contratación Pública Responsable de Canarias. Organizada por la propia Red Anagos y celebrada en noviembre de 2021, en esta feria participaron más de 300 personas del ámbito de las Administraciones públicas de Canarias, que se formaron sobre la situación de la contratación pública responsable, conocieron claves para desarrollarla y tuvieron acceso a talleres técnicos específicos. Además, cabe resaltar que en dicha feria se presentó el futuro Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias.
La contratación pública como aliada para la incorporación de colectivos en riesgo de exclusión social
Eugenia de León, presidenta de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (ADEICAN), también estuvo presente en las jornadas con la ponencia ‘Empresas de Inserción: instrumentos para el fomento del empleo a nivel local’.
Con ella, de León explicó que es imperativo que las administraciones públicas pongan en marcha contratos reservados para fomentar la inclusión social. “Solo nos falta que el personal de la administración venza ciertos temores y empiece a poner en marcha los contratos reservados, cubiertos en la Ley de Contratos del Sector Público, para generar empleo en los colectivos que están en riesgo de exclusión social”, afirmó de León.
Una herramienta alineada con los ODS y la Agenda 2030
Julia Martín, Jefa de Servicio de la Oficina de Contratación Administrativa del Cabildo Insular de Tenerife se encargó de cerrar estas jornadas con su conferencia ‘La contratación pública socialmente responsable: la experiencia del Cabildo Insular de Tenerife’.
En ella explicó cómo la corporación insular incorporó estrategias de contratación pública socialmente responsable, señalando aspectos positivos y negativos e indicando algunos factores a tener en cuenta a la hora de incluir cláusulas sociales desde la experiencia del Cabildo tinerfeño. Además, habló también sobre los contratos reservados y el fomento del acceso a la contratación pública de empresas de economía social y solidaria y de las pymes.
“No hay que olvidar que la contratación pública socialmente responsable está alineada con la Agenda 2030, especialmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de erradicación de la pobreza, de erradicación de las desigualdades y del trabajo digno”, recalcó Martín.
