El estrecho de Ormuz vuelve a convertirse en el epicentro de una tensión internacional que trasciende con creces a Irán y Estados Unidos.
Expone una nueva escalada en una de las zonas más sensibles del planeta, un corredor marítimo por donde transita buena parte del petróleo que alimenta la economía mundial. Cuando un Estado amenaza con restringir la navegación en ese punto estratégico, no solo pone en juego su soberanía o sus disputas regionales: pone en tensión todo el sistema jurídico y político internacional construido después de la Segunda Guerra Mundial.
Desde el derecho internacional, el problema es complejo porque enfrenta dos principios que suelen chocar entre sí. Por un lado, la soberanía de los Estados y su derecho a proteger su seguridad nacional. Por otro, la libertad de navegación y el mantenimiento del comercio internacional, considerados pilares esenciales del orden global contemporáneo. El estrecho de Ormuz, aunque bordea territorio iraní, constituye una vía marítima internacional sometida a normas que limitan la posibilidad de impedir el libre tránsito de embarcaciones civiles y comerciales. En consecuencia, cualquier cierre unilateral difícilmente podría justificarse jurídicamente bajo los estándares modernos del derecho del mar.
Sin embargo, limitar el análisis exclusivamente a la conducta iraní sería ignorar el contexto político que rodea esta crisis. Las grandes potencias han contribuido durante décadas al debilitamiento del sistema internacional mediante sanciones unilaterales, intervenciones militares preventivas y mecanismos de presión económica que muchas veces operan al margen de consensos multilaterales reales. Estados Unidos, particularmente en Medio Oriente, ha utilizado su poder militar y económico bajo la lógica de la seguridad estratégica, generando una percepción constante de amenaza en países como Irán. En ese escenario, las reacciones iraníes, aunque cuestionables jurídicamente, no nacen en el vacío.
El verdadero problema aparece cuando el derecho internacional comienza a aplicarse selectivamente. Las normas pierden legitimidad cuando los Estados más poderosos las invocan para exigir obediencia, pero las relativizan cuando afectan sus propios intereses geopolíticos. Esa contradicción erosiona la confianza global en las instituciones multilaterales y transforma el derecho en una herramienta política más que en un marco común de convivencia internacional.
La gravedad de esta situación radica en que el estrecho de Ormuz no es solamente un espacio marítimo disputado; es un símbolo de la fragilidad del equilibrio mundial. Un bloqueo prolongado podría provocar impactos económicos globales inmediatos, elevar el precio de la energía, afectar cadenas de suministro y profundizar tensiones internacionales que ya se encuentran al límite. En un contexto de guerras regionales, rivalidades estratégicas y creciente polarización internacional, cualquier incidente en la zona podría escalar rápidamente hacia escenarios mucho más peligrosos.
Como abogado, estimo que el conflicto demuestra la crisis de eficacia que atraviesa el sistema jurídico internacional contemporáneo. Las normas existen, los tratados existen y las instituciones también, pero su capacidad real de contener a las potencias y evitar escaladas depende de la voluntad política de los propios Estados. Cuando esa voluntad desaparece, el derecho comienza a perder fuerza frente a la lógica militar y económica.
Lo más preocupante es que el mundo parece avanzar hacia un escenario donde las rutas comerciales, la energía y los recursos estratégicos son nuevamente resguardados mediante demostraciones de fuerza más que mediante acuerdos diplomáticos. Y cuando la política internacional se mueve bajo esa lógica, el riesgo de conflictos mayores deja de ser una hipótesis lejana para convertirse en una posibilidad concreta.
El caso de Ormuz no solo revela una disputa entre Irán y Occidente. Revela, sobre todo, un orden internacional cada vez más debilitado, donde el poder vuelve lentamente a imponerse sobre las reglas.
Sobre el autor
- Ariel Wolfenson Rivas
- Socio Principal
- Wolfenson Abogados
Ariel Wolfenson Rivas es abogado, Negotiation Mastery de la Universidad de Harvad, Máster en Derecho de la Empresa LL.M. UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster en Derecho Público y Litigación Constitucional UDP.
