Arias CañeteEl Consejo de Ministros aprobó, el pasado viernes, la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que unifica las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental.

La norma ajusta los tiempos de tramitación a cuatro meses para la evaluación de impacto ambiental ordinaria y se establecen como potestativos algunos trámites que antes eran obligatorios.

La norma entrará en vigor en la Administración General del Estado «inmediatamente», mientras que las comunidades autónomas tendrán un plazo de un año para adoptarla.

El objetivo de la norma es reforzar la protección del medio ambiente, agilizar los procedimientos de evaluación ambiental y establecer una legislación homogénea en toda España. Según el Ejecutivo, «la medida favorecerá la creación de 80.000 empleos y supondrá un impacto económico de unos 1.000 millones de euros». La reforma va en línea con el debate que se está produciendo en la Unión Europea, en cuyo Parlamento se está discutiendo una directiva comunitaria de evaluación ambiental.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, manifestó que esta norma ejecuta muchas de las medidas recogidas en el informe sobre la Reforma de las Administraciones Públicas. En este sentido, apuntó que «simplifica y agiliza la tramitación de los expedientes e intenta reducir la dispersión legislativa y la disparidad de procedimientos que hay en esta materia».

«Lo que se hace es incrementar la seguridad jurídica con una legislación mucho más clara y homogénea» con carácter general en todo el territorio y que busca una «mayor colaboración entre todas las administraciones», dijo.

En el mismo sentido, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, añadió que es una ley «técnicamente más perfecta y plenamente garantista» y que pretende favorecer la unidad de mercado y la labor de los operadores económicos que actúan en el territorio español.

Arias Cañete concretó que en la actualidad hay casi 10.000 expedientes en las distintas administraciones públicas pendientes de evaluación ambiental, cuya tramitación media es de 3,4 años. En su opinión, estos tiempos de tramitación son muy largos y «si se agilizarán tendríamos un crecimiento del empleo y de la actividad económica importante».

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