Calculan que existen más de un millón de alquileres no declarados en España, lo que representa el 54% del total del parque de viviendas alquiladas, según el ‘Informe sobre los Alquileres Sumergidos en España’ realizado por este colectivo con motivo de su IX Congreso Nacional.
El estudio de los Técnicos de Hacienda cifra en más de 2.450 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda, calculadas con las reducciones aplicables, pero excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares.
El informe, elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda, revela que si bien la reforma fiscal aplicada por primera vez en 2007 permitió que afloraran 89.766 alquileres sumergidos, lo cierto es que el fraude en este sector apenas se ha reducido en tres puntos porcentuales en el último año, al pasar del 57,1% al 54%.
Gestha denuncia que, tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, la Agencia Tributaria no ha aprobado todavía la norma que permitiría la aplicación efectiva de su «medida estrella», que obligaba a las compañías suministradoras de energía eléctrica, agua y gas a facilitar los consumos de todas las viviendas, con el fin de permitir la identificación de los inmuebles que, estando aparentemente desocupados, esconden realmente una alquiler sumergido.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, que la mayor parte de las rentas del alquiler no estén declaradas significa que en el seno de la Agencia Tributaria algo está funcionando «muy mal». «Debemos considerar que no es un mérito de la lucha contra el fraude que aumente la media declarada por arrendador, impulsada por los propietarios que se beneficiaron de la reducción del 100% de las rentas percibidas sin pago de impuestos», indicó.
Por zonas geográficas, el informe de Gestha señala que más de dos tercios de las viviendas alquiladas cuyos arrendamientos no están declarados (un 68% del total) se concentra en Cataluña, Andalucía y Madrid, mientras que las comunidades autónomas de La Rioja, Cantabria y Aragón son las que menos arrendamientos ilegales presentan.
Respecto a la cuantía defraudada, la Cataluña lidera el ranking nacional con más de 740 millones de euros anuales de rentas no declaradas por arrendamiento de vivienda, seguida de las comunidades de Madrid y Andalucía, con 709,7 millones y 404,4 millones de euros, respectivamente.
