El pasado 10 de mayo se ha celebró en Madrid la ‘Jornada sobre nuevas tecnologías en la futura administración de justicia’ promovida por el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), en la que se debatieron las problemáticas del sector jurídico, representado por registradores, abogados y procuradores, además de miembros destacados de la Administración de Justicia.

Además de una mayor inversión en el desarrollo de herramientas, la voluntad de colaboración de todos los operadores jurídicos y su involucración en el desarrollo de las aplicaciones necesarias fueron las conclusiones principales.

Abrió la jornada Gabriel Mª. de Diego Quevedo, Decano del Colegio de Procuradores de Madrid, felicitando a la Consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid Yolanda Ibarrola por su labor en la modernidad de la Justicia; “vamos a hacer la fuerza y la unión para beneficiar a la Administración, porque eso significa beneficiar al ciudadano”, ha asegurado De Diego. Aunar esfuerzos es  también fundamental para Ibarrola, quien considera que “situar a la Justicia en la era digital es la forma de hacerla más justa, más rápida y cercana. Si es mejor la Justicia, nuestra sociedad y nuestra democracia serán mucho más fuertes. La consejera ha subrayado que la Comunidad de Madrid es consciente de la necesidad de invertir en Justicia como una forma de “invertir en la calidad de vida de los ciudadanos y en la garantía de sus derechos. Por lo tanto, modernizar la Justicia en todos los aspectos y llevarla a la era digital de una vez por todas es un objetivo irrenunciable”, ha añadido. Han compartido idéntica opinión los demás integrantes de la mesa inaugural, entre los que se encontraba el secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid José Palazuelos Morlanés.

Nacida por la dicotomía entre el discurso de la administración digital y la realidad, que demuestra que numerosos profesionales de la justicia aún desconocen el alcance real de la administración electrónica, la jornada ha puesto sobre la mesa las dificultades para realizar cualquier trámite en las diferentes plataformas existentes, como certificados digitales que solo funcionan con versiones antiguas de navegadores, necesidad de actuaciones presenciales a pesar de la digitalización, heterogeneidad de sistemas o diferencias en las interfaces de uso. Así, una de las mesa ha versado sobre cuestiones prácticas en la gestión de los mandamientos judiciales dirigidos a los Registros Mercantiles y de la Propiedad.

En ella intervinieron el viceconsejero de Justicia, Enrique Núñez, al ser un ámbito en el que la Consejería madrileña ha colaborado con la creación de una plataforma piloto para enviar de forma telemática estos documentos a los registros a través de los procuradores, lo que permite mayor agilidad sin perder garantías procesales. Núñez ha resaltado que “en el año 2025, el 75% de la sociedad será nativa digital, y es por ello que la Comunidad de Madrid debe sumarse al reto tecnológico, para el que este año ha destinado 55 millones de euros, que supone el único camino para una justicia accesible, cercana y eficiente”. Núñez resaltó también el valor de Lexnet como “piedra angular sobre la que debe asentarse la tecnología jurídica”.

Y precisamente ha sido el sistema Lexnet el protagonista del segundo debate, una herramienta que sin la que la procura no podría soportar la gran carga que supone la gestión del 80% de los Actos de Comunicación. El secretario coordinador del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Sebastián Lastra consideró a este respecto que, “aunque los datos estadísticos avalan la efectividad del trabajo realizado con Lexnet, existen aún problemas que hay que solventar, para lo que nos comprometemos a seguir organizando grupos de trabajo para ir atajándolos”. Presentes en la mesa el Presidente del Servicio de Actos de Comunicación ICPM Pedro Vila Rodríguez, y su coordinadora del área de consultas procesales de Lexnet, Celia Maganto Cañaveras, se debatió también la necesaria unificación de criterios entre los diferentes sistemas. Por último, en la mesa que cerró el evento se trató la importancia de la efectiva ejecución de las resoluciones judiciales, en la que se destacaron vías concretas para mejorar la calidad de la ejecución, acortar tiempos  de tramitación y acortar el plazo de caducidad de las resoluciones judiciales.