El mercado español de automóviles, el quinto mercado europeo, ha retrocedido a los volúmenes de 1996. Se han pasado de matricular mensualmente, en 2006, más de 162.000 vehículos, a matricular 62.900 en 2009, lo que representa una caída del 61,26%, con las mismas estructuras y personal (160.000 empleos) que en 2006.
La situación es especialmente difícil en los concesionarios de vehículos industriales con una caída de las ventas del 72% en lo que va de 2009. Si el gobierno no adopta medidas antes del verano, un tercio de las empresas concesionarias se encontrará en una situación límite, y se podrían destruir más de 20.000 puestos de trabajo.
Además del derrumbe de las ventas, los concesionarios afrontan una situación inédita de exceso de stocks de vehículos nuevos y una grave falta de liquidez para financiar el circulante y los stocks.
Muchos concesionarios se están quedando sin tesorería para afrontar los próximos meses. La restricción del crédito derivada de la crisis financiera internacional y el aumento de la morosidad en España también han producido un importante recorte de la financiación para la compra de vehículos y un encarecimiento de las condiciones de financiación.
FACONAUTO ya había informado por anticipado al gobierno de lo que se nos venía encima antes del verano de 2008, sin que hasta la fecha se cuente con medidas y soluciones efectivas. A 31 de enero de 2009 los stocks de vehículos en concesionarios superaban los 450.000 vehículos, y las pólizas de crédito stock de todos los concesionarios ascendían a la cifra de 28.500 millones.
Además de las medidas que todo el Sector demanda, FACONAUTO urge al gobierno para que tramite en el Congreso una Ley que regule los contratos de distribución para reequilibrar la posición contractual de proveedores y distribuidores, para fomentar la competencia y la calidad en la prestación de servicios y para disponer de un marco jurídico seguro y estable en las relaciones comerciales (lo que redundará en la permanencia de los empleos).
La actual situación del sector exige cumplir urgentemente el mandato que el 20 de marzo de 2007 aprobó la Comisión de Industria y Comercio del Congreso de los Diputados de dotar a las empresas de la distribución de un régimen jurídico más seguro y justo tramitando en las Cortes Generales una Ley de Contratos de Distribución.
