El despacho NEGOTIA crea con esta nueva sentencia jurisprudencia en el principio jurídico de “indemnidad”, que hasta ahora le era negado al colectivo de funcionarios de prisiones.

funcionarios de prisiones

La pasada semana, el Ministerio del Interior recibió un varapalo jurídico, debido a que el Juzgado Central Contencioso Administrativo número 1 de Madrid fallara a favor de un funcionario de prisiones al que la Administración le negaba la indemnización correspondiente tras haber sido agredido por un recluso durante el ejercicio de su labor en el centro penitenciario de La Moraleja, en Dueñas (Palencia) y se declarara la insolvencia del recluso.  

El funcionario, que sufrió un traumatismo cráneo encefálico severo con dos heridas inciso contusas al intentar reducir a un recluso con arma blanca (trozo de cristal), ganó el juicio por la reclamación de daños y perjuicios. El fallo dictaminaba que el funcionario debía recibir 2.700 euros por lesiones y 2.550 euros por secuelas, un total de 5.250 euros. El condenado fue el recluso, pero al declararse insolvente, el funcionario reclamó la cantidad a la Administración, a lo que el Ministerio de Interior recurrió y se negó a pagársela.

Era a todas luces una decisión injusta” – explica Isabel Palomino, abogada y socia de NEGOTIA que ha llevado el caso – “porque en el caso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tras el reconocimiento en sentencia penal de daños en ejercicio de su actividad profesional y la correspondiente cuantía indemnizatoria, ante la insolvencia del responsable de dichos daños, son resarcidos casi inmediatamente por la Administración”. En cambio, los funcionarios pertenecientes a prisiones, “cuyo riesgo es prácticamente el mismo que sus compañeros, tienen que pelearlo en el Juzgado para que puedan ser resarcidos, pues la Administración no se lo reconoce directamente, con el coste económico y personal añadido”, remacha Palomino.

Ahora, los tribunales han dado la razón al funcionario de prisiones herido en la realización de su trabajo y obliga a la Administración a abonar dicha indemnización, siendo la sentencia no recurrible.

Se trata del principio general de indemnidad”, explica Palomino. “La lógica de dicho principio es que la sociedad va a estar confiada en que el funcionario que le presta un servicio lo hace con toda la implicación posible, pues cualquier daño le va a ser compensado, ya que lo contrario conllevaría a un empleado público temeroso o irresponsable por miedo a que tenga que costearse él mismo un perjuicio por servir al conjunto de ciudadanos”.