Daniel y Sergio
Daniel Rueda Silva y Sergio Berenguer Pascual, abogados de Díaz-Bastien & Truan Abogados

El valor del permiso de conducción como medio de identificación formal ha sido cuestionado continuamente según para qué ámbitos de la vida de los ciudadanos, motivo por el que se ha generado cierta confusión en torno a esta cuestión. Concretamente, en el contexto jurídico de la prevención del blanqueo de capitales –contexto del que aquí nos ocupamos exclusivamente– había sujetos obligados que, llegado el momento de identificar formalmente a determinadas personas físicas, se encontraban con que no sabían si aceptar o no el permiso de conducción para cumplir así con la normativa de prevención del blanqueo y evitar, en su caso, la imposición de una severa sanción administrativa.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en adelante, LPBC) establece en su art. 3.2, que “reglamentariamente se establecerán los documentos que deban reputarse fehacientes a efectos de identificación”.

Aproximadamente cuatro años después de la entrada en vigor de la LPBC, el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo (RPBC) que desarrolla reglamentariamente la LPBC, define el concepto jurídico de “documento fehaciente” válido para cumplir con la obligación de identificación formal impuesta por la LPBC.

El art. 6.a) RPBC configura un concepto jurídico propio y autónomo de “documento fehaciente” dentro la normativa de prevención del blanqueo, a los solos efectos del cumplimiento de la obligación de identificación formal, según estemos ante una persona física de nacionalidad española o extranjera:

Cuadro

Como se observa en el cuadro, el art. 6.a) RPBC a priori excluye de su lista cerrada el permiso de conducción como medio para identificar formalmente a las personas físicas, pero, sin embargo, en su tercer párrafo, se proclama la excepcionalidad de este modo de identificación. Este carácter extraordinario, por propia definición, implica no poder aceptar estos documentos por regla general, por lo que, atendidas las circunstancias concretas y excepcionales del caso, un permiso de conducción podría tener valor a efectos de la identificación formal.

A la vista de la vaguedad del término “excepcionalmente”, dicho sea desde una perspectiva de protección del sujeto obligado, lo prudente es no aceptar los permisos de conducción como documento fehaciente para identificar formalmente a una persona física. Si no concurre dicha excepcionalidad –cuya existencia, alcance e interpretación quedará a la decisión del Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC)–, subsistiría el riesgo de cometer la infracción del art. 52.1.a) LPBC.

Cierto es que los permisos de conducción son medios de identificación aceptados tanto en determinadas sedes administrativas como en sede judicial, existiendo pronunciamientos en diversos órdenes como en el civil, el penal y el contencioso-administrativo que así lo entienden.

Al hilo de lo anterior, en la nota informativa de 18 de enero de 2013 de la Comisión Europea, en relación con la tercera Directiva de la UE (Directiva 2006/126/CE), se informa sobre la posibilidad de que el permiso de conducción puede utilizarse como documento de identificación pues es casi imposible falsificar y está respaldado por un sistema europeo de intercambio electrónico de datos, con el que se facilitará la gestión de los permisos de conducción por parte de las administraciones y se contribuirá a una mejor detección de los fraudes en este ámbito.

A mayor abundamiento, el Grupo de Acción Financiera Internacional, en sus recomendaciones para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, concretamente en la Recomendación 11ª, cita expresamente el permiso de conducción como documento de identificación y verificación del cliente que habrá de conservar el sujeto obligado.

Sin perjuicio de lo anterior, según la normativa analizada, el permiso de conducción no es un documento fehaciente a los efectos de identificación formal, salvo cuando concurran circunstancias excepcionales que, a criterio del sujeto obligado, permita, sin lugar a dudas, la identificación formal a través de dicho documento. Pero ello obligaría al sujeto obligado a realizar los siguientes cambios o actividades:

  • A especificar en el manual de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (“Manual”) qué se entiende por “circunstancias excepcionales”, así como a establecer una tipología de las mismas;
  • A obtener una nueva aprobación del Manual por parte del SEPBLAC;
  • A adoptar un proceso de formal dentro de la empresa y poner esta información a disposición del órgano de control interno y comunicación (OCI);
  • A verificar documentos fehacientes (art. 3.2 LPBC) a través de su plataforma tecnológica, propia o de terceros, implementando los cambios oportunos;
  • A formar al personal sobre la naturaleza y medidas de seguridad de dicho documento, así como las circunstancias excepcionales concurrentes para la aceptación de dicho documento; etc.

Las anteriores actuaciones conllevarían un incremento de los costes operativos del sujeto obligado tanto en el “front office” (primer contacto del cliente con el sujeto obligado), como en el “back office” (es decir, los departamentos de análisis del sujeto obligado), lo que hará que muchos sujetos obligados analicen la conveniencia o necesidad de realizar tales cambios en su empresa. Piénsese, por ejemplo, en las adaptaciones que tendrían que acometer las entidades financieras a nivel mundial en sus plataformas informáticas; o cambios en otras plataformas desarrolladas por terceros que no controla directamente el sujeto obligado, como es el Sistema Integrado de Gestión para el Notariado (SIGNO).

En definitiva, muchas son las dudas suscitadas en torno al permiso de conducción que podrían haberse evitado si éste se hubiera incluido en el RPCB como documento fehaciente corriente a los efectos de identificación formal de los clientes. No es razonable ni lógico que lo que vale como medio identificador en unos ámbitos (v.gr., la identificación de los pasajeros en puerta de embarque), sea negado en otros cuando no concurran circunstancias excepcionales que permitirían dicha identificación formal.


Por Daniel Rueda Silva y Sergio Berenguer Pascual, abogados de Díaz-Bastien & Truan Abogados

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