La dotación presupuestaria que recibirá la política de Justicia el próximo año se situará en 1.501,75 millones de euros, lo que representa un incremento del 1% respecto al año anterior, cuando se destinaron 1.486,17 millones de euros. Aumenta el gasto dedicado a la justicia gratuita, mientras se mantiene el destinado a los Registros y la asistencia a víctimas de delitos. Concretamente, la dotación destinada a facilitar el acceso al beneficio de justicia gratuita experimentará un incremento del 2,3% para situarse en 34,93 millones de euros.
Por otro lado, el dinero que el Estado transferirá a instaurar las nuevas tecnologías en los juzgados pasa de 43,3 millones de euros a 59,3 millones. Esta partida sufrió leves recortes durante los dos últimos años, pero la modernización tecnológica es uno de los ejes defendidos por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el Ministerio de Justicia.
El nuevo ministro Rafael Catalá la fijó como una de sus prioridades al recibir esta cartera. Para el próximo año, tiene como reto impulsar una plataforma informática que garantice la interoperabilidad y compatibilidad de cualquier sistema de gestión procesal, así como implantar el expediente electrónico en la Audiencia Nacional y el nuevo portal de subastas judiciales del BOE.
También aumentan ligeramente los créditos asignados a equipamiento e infraestructuras, que pasarán de 18,25 millones de euros a 18,28 el próximo año. El Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, explicó que finalizarán las de la Audiencia Nacional, se elaborarán los proyectos del nuevo edificio de Lorca y de la siguiente fase de la rehabilitación de los juzgados de Soria.
Además, se iniciará la contratación de las obras de los juzgados de Albacete, Guadalajara, Ibiza, Lorca, Segovia, Trujillo y Valladolid y se continuarán los planes de optimización de los espacios disponibles, «adecuando y gestionando los edificios e incorporando medidas tendentes a mejorar el ahorro energético».
La partida de los Registros Vinculados a la Fe Pública se mantiene en 24,46 millones de euros con el fin de dar respuesta a la reciente reforma del Registro Civil y de integrar una nueva plataforma con los servicios asociados a la concesión de nacionalidad por residencia y por carta de naturaleza, garantizando la interoperabilidad y facilitando la comunicación por medios electrónicos a los ciudadanos.
Oposiciones
Para 2015, se plantea convocar oposiciones de ingreso a las Carreras judicial y fiscal y se adecua la Planta al número real de miembros, reduciendo la justicia interina, «lo cual no supone un incremento de gasto público ya que se suprimirán actuales refuerzos, se cubrirán vacantes con personal de Carrera y se dará cabida a las nuevas promociones de jueces para que puedan ocupar su destino».
«Menos, pero mejores leyes»
Si hay algo que se ha criticado por parte de los operadores jurídicos es la promulgación leyes sin el respaldo presupuestario suficiente para aplicarlas correctamente. Carlos Carnicer, Presidente del CGAE reclama a menudo «menos, pero mejores leyes«. También el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, afirmó recientemente que no debería autorizarse la entrada en vigor de ninguna ley sin acreditar antes que existe suficiente dinero para ponerla en marcha.
Tras años de recortes, la supresión de 1.200 jueces sustitutos y múltiples propuestas de reformas legislativas, parece un reto difícil lograr que con un aumento del 1% del presupuesto la cartera de Justicia pueda hacer frente al colapso de asuntos en los juzgados. De hecho, el informe de la inspección del Consejo General del Poder Judicial, revelaba, hace unos días, que el 43,53% de los juzgados superan el indicador del 150% de carga de trabajo.
