GallardónEl Partido Popular ha rechazado, este martes, retirar el proyecto de ley que reforma la justicia gratuita impulsado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Sólo Foro Asturias votó con el Grupo Popular, mientras que el resto de la oposición, incluyendo UPN, ha votado a favor de la devolución de la nueva norma.

Las seis enmiendas a la totalidad formuladas por el PSOE, la Izquierda Plural, UPyD, CiU, PNV y ERC fueron tumbadas este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados con 170 votos en contra y 155 a favor.

Los grupos denunciaron que el proyecto supone un «nuevo ataque» a los derechos de los ciudadanos, «nace muerto» con una financiación insuficiente y vulnera competencias de las comunidades autónomas. A su juicio, el ministro está actuando como un «conductor kamikaze» al aprobar reformas legislativas en contra de todos.

En este sentido, instaron a Gallardón a aclarar a dónde ha ido a parar el dinero recaudado con las tasas judiciales y que, según él, iba a destinarse a sufragar este servicio público. Sospechan que el ministro busca «privatizarlo», intentando que los abogados no se apunten al turno de oficio para terminar encomendándoselo a los «grandes» bufetes de letrados.

Por su parte, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón aprovechó el debate de las enmiendas a la totalidad para anunciar que se ampliará el beneficio de la justicia gratuita a las entidades medioambientales con independencia de sus recursos económicos.

Las organizaciones ecologistas se suman así a sindicatos, Cruz Roja y asociaciones de discapacitados, de consumidores y de víctimas de terrorismo ya incluidas en el proyecto. A título individual, el texto también reconoce el derecho a las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata, menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos.

Según dijo, el PP presentará una enmienda para que las administraciones puedan suscribir convenios con los colegios de abogados para prestar este servicio en centros penitenciarios. Los colegios de letrados contarán también con turnos especializados para víctimas de violencia de género, que dispondrán de asesoramiento previo gratuito previo a la interposición de la denuncia y querella en todos los órdenes jurisdiccionales.

El umbral para acceder a la justicia gratuita pasa de dos veces el SMI (Salario Mínimo Interprofesional) 14.910,28 euros) a 2,5 veces el IPREM (el índice de referencia en España para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos, 15.975,33 euros).

En familias de cuatro o más miembros, se accederá con 19.170,39 euros, y ante circunstancias especiales familiares, de salud o discapacidad, tendrán cobertura las unidades familiares con ingresos de hasta cinco veces el IPREM, es decir con 31.950 euros.

Para el PSOE, estos umbrales son insuficientes y ha puesto como ejemplo que una persona que cobra 1.100 euros no tendrá derecho a la justicia gratuita, pero tampoco podrá acudir a los tribunales por las tasas de 800 euros que Gallardón ha introducido en apelación.

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