El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, defendió ayer  que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal cambie la palabra ‘imputado’ por otra que tenga un sentido menos negativo. Juanes propone que se utilicen los términos “sospechoso, denunciado o procesado, que es la palabra histórica”. Según el presidente de la Audiencia Nacional el problema radica en el sentido que se le da al sustantivo, que tiene una carga claramente negativa. “Actualmente cuando un abogado presenta una denuncia o querella bien fundamentada, ya se utiliza el concepto ‘imputado’, con el claro estigma social que ello comporta ante la opinión pública”.

Para Ángel Juanes, no se debería hablar de ‘imputado’ hasta que haya una valoración previa por parte de un tribunal, es decir, cuando se den elementos para imputarle, a lo largo sumario o durante las diligencias previas. La demanda del juez se ha producido en el curso del encuentro “La presunción de inocencia y los juicios paralelos”, que organizan la Fundación Fernando Pombo y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y que se celebra hasta el viernes en Santander.

 El presidente de la Audiencia Nacional ha señalado, asimismo, que si se probara que un magistrado de un tribunal se ha dejado influir por un juicio paralelo, “la sentencia que se dictara no sería más o menos discutible, se trataría de un caso claro de prevaricación y por lo tanto el proceso quedaría anulado”. Según Juanes, el problema es que ese hecho actualmente es difícil de probar. En ese sentido, afirmó que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala de manera abierta que los juicios paralelos pueden vulnerar los derechos y garantías de un proceso y deja entrever la nulidad pero no indica cuándo se da esa situación y que criterios objetivos determinan que un determinado juicio paralelo influye en la imparcialidad de un proceso”. El juez apuntó que ese es el camino que todavía queda por recorrer.

En la sesión de la mañana del encuentro ha participado también la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Carmen del Riego. Del Riego ha señalado que en su opinión “los jueces no se dejan influir por los periodistas y resisten a la presión de los medios de comunicación” y ha mencionado el ‘Caso Dívar’ como paradigma de su afirmación. Según presidenta de la APM, la Justicia no varió su posición y dictó en dos ocasiones que la acción cuestionada no era objeto de reproche penal. “La culpabilidad social no tiene que coincidir con la penal, la dimisión es consecuencia del reproche social o ético”, ha afirmado Del Riego.

La Fundación Fernando Pombo se constituyó el 10 de diciembre de 2010 con el fin de actuar en defensa del Estado de Derecho, así como la promoción de los valores humanos y democráticos. La Fundación se creó con el objetivo de fomentar en el sector de la abogacía la responsabilidad social y valores como el espíritu de superación, el rigor y la generosidad, entre otros.

Estos objetivos se llevan a cabo asesorando a entidades sin ánimo de lucro del ámbito de la acción social en general y desarrollando el trabajo pro bono en España junto con fundaciones de otros despachos con el fin de consolidar el pro bono como una práctica habitual. También ejerce de observatorio social y promociona las actividades solidarias entre los abogados.

En la misma, participan ?además de la firma Gómez-Acebo & Pombo?, Joaquín García Romanillos (que es el presidente del Patronato), el filólogo y ex director de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha; el sociólogo y catedrático Emilio Lamo de Espinosa Michels de Champourcin y los socios del Despacho Gonzalo de Ulloa Suelves e Íñigo Erláiz Cotelo. Julia Téllez Roca se responsabiliza de la Secretaría y Carmen Pombo Morales es la directora de la Fundación.

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