Por Albert Pereda Miquel, abogado de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

La Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC), en vigor desde el 1 de septiembre de 2007, estableció como uno de los principales objetivos del sistema de defensa de la competencia español asegurar una persecución eficaz de las conductas anticompetitivas. En particular, una de las prioridades que se marcaba la nueva autoridad – la Comisión Nacional de Competencia (CNC) – era la lucha contra aquellas conductas más lesivas para los consumidores y la economía en general: los cárteles.

Según el párrafo segundo de la Disposición Adicional Cuarta de la LDC un cártel es un “acuerdo secreto entre dos o más competidores cuyo objetivo es la fijación de precios, de cuotas de producción o de venta, el reparto de mercados, incluidas las pujas fraudulentas, o la restricción de las importaciones o exportaciones”.

Es precisamente el carácter secreto de los cárteles lo que había dificultado más la detección y persecución de este tipo de infracciones. Por eso, siguiendo las lecciones de la Comisión Europea, la LDC dotó a la CNC de nuevas facultades y mecanismos de investigación, entre los que destaca el Programa de Clemencia.

En virtud de este programa, la CNC puede otorgar una exención o una reducción de las sanciones administrativas a aquellos participantes en un cártel que decidan voluntariamente delatar su existencia y colaborar en la acreditación del mismo. Las solicitudes de clemencia se consideran según su estricto orden de presentación a las autoridades y sólo el primero en aportar pruebas y cumplir con los requisitos legales puede beneficiarse de la exención de la multa.

El segundo y subsecuentes participantes que aporten pruebas pueden aspirar a una reducción de la multa, atendiendo al orden de llegada en la aportación, siempre que se entreguen elementos de prueba que aporten “valor añadido significativo” respecto a la información en poder de la autoridad. En este sentido, la segunda empresa podrá beneficiarse de hasta un 50% de reducción, la tercera de hasta un 30% y las siguientes empresas hasta un 20%.

En un inicio, algunos dudaron sobre la efectividad del Programa de Clemencia en España. Sin embargo, las dudas empezaron a despejarse el 28 de febrero de 2008 (día en el que éste entró en vigor), cuando los medios publicaron una foto de 6 representantes de empresas haciendo cola ante la sede de la CNC. Estas solicitudes ya han empezado a dar sus frutos y el pasado 21 de enero de 2010 la CNC impuso un total de 8,2 millones de euros en multas a los principales fabricantes de geles, otorgando la inmunidad a una de ellas y aplicando una reducción del 40% a otra (Expediente S/0084/08 FABRICANTES DE GEL).

Ahora bien, con la experiencia de estos más de dos años, y los precedentes en países de nuestro entorno, podemos afirmar que los efectos del Programa de Clemencia no se limitan a la mejora de la detección y prueba de la existencia de cárteles.

Por un lado, la introducción del Programa de Clemencia ha venido acompañado de un importante incremento de las inspecciones domiciliarias en la sede de las empresas. Así, desde la entrada en vigor de la LDC, la CNC ha llevado a cabo inspecciones en 17 sectores distintos y sólo en 2008 inspeccionó a 35 empresas. Además, durante las mismas, los inspectores han aplicado una interpretación muy rigurosa de lo que supone una obstrucción a las inspecciones (ver la Resolución del Consejo de la CNC de 24 de julio de 2008, expediente SNC/02/08, en la que se impuso a CASER una multa de 133.500 euros) y su actuación relacionada con la recopilación de documentación ha sido en parte censurada por la Audiencia Nacional (ver sentencia de 30 de septiembre de 2009, asunto de STANPA).

Por otro lado, las autoridades son conscientes de que, para que el Programa de Clemencia tenga éxito, es necesario que las sanciones sean suficientemente disuasorias. Ello no sólo para desincentivar la participación en un cártel sino también para fomentar la denuncia de aquéllos en vigor. Así, el 6 de febrero de 2009 la CNC publicó la Comunicación sobre la cuantificación de las sanciones. Con ella, la autoridad busca aumentar la transparencia a la hora de determinar las sanciones y manda una señal de que el importe de las mismas aumentará significativamente. Aunque formalmente todavía no se ha aplicado la Comunicación en ninguna resolución, las cifras en las que se mueven las sanciones más recientes confirman la tendencia alcista de las multas (en sede de cárteles, ver la Resolución del Consejo de la CNC de 12 de noviembre de 2009, expediente S/0037/08 Compañías de Seguro Decenal, en la que se impuso un total de 120 millones de euros en multas a 6 empresas).

Todo ello, sin perjuicio de otros efectos como el relacionado con los (cada vez más frecuentes) procedimientos de reclamación de daños y perjuicios, ya que la solicitud de clemencia implica el reconocimiento de la participación en una infracción, con lo que facilita en gran medida la acreditación de varios de los elementos requeridos para ejercitar este tipo de acciones.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.