El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por El Corte Inglés y los hermanos Areces Fuentes sobre la valoración de las acciones empresariales. La decisión judicial tiene lugar después de que los accionistas minoritarios comunicaran la voluntad de transmitir su participación conjunta del 2,04% del grupo.

El Supremo ha rechazado, así, establecer el valor de las acciones de El Corte Inglés, lo que obligará a los hermanos Areces a pactar un nuevo precio para la venta del capital empresarial o a seguir litigando. De este modo, el Tribunal confirma la resolución que dictó la Audiencia Provincial de Madrid en Diciembre de 2009, que consideró que los 16,53 millones ofrecidos en 2005 por la participación conjunta de la empresa no eran un precio razonable aunque también rechazó los 40,6 millones solicitados por los accionistas.

La sentencia, de la que es ponente Rafael Gimeno-Bayón Cobos, y a la que ha tenido acceso DIARIO JURÍDICO, también se  pronuncia sobre la regularidad del procedimiento para el ejercicio del derecho de adquisición preferente y sobre la posibilidad judicial de controlar la valoración de las acciones.

En este sentido, declara que la competencia para la adquisición de acciones es de los administradores previamente autorizados por la Junta General, «sin que su actuación sin autorización previa haga esta actuación ineficaz, sino obligatoria para la sociedad». Además, analiza los estatutos de la sociedad demandada que atribuía a la Junta la competencia con posibilidad de delegación al Consejo de Administración, concluyendo que la decisión adoptada estaba dentro de la legalidad y de los estatutos, vinculando así a la compañía.

Por otro lado, en la sentencia se analiza la figura del auditor y se califica no como árbitro sino como “arbitrador” para desempeñar una función por encargo de las partes debiendo observar criterios objetivamente adecuados a los criterios normales del sector. Se afirma también la posibilidad de impugnar ante los Tribunales su decisión y  la posibilidad de sustituir el valor fijado por el auditor conforme a los Principios de Derecho Europeo de los contratos.

Un caso con largo recorrido

Los hechos objeto de enjuiciamiento parten de la demanda interpuesta por los hermanos Ramón, Rosario y María José Areces Fuentes, sobrinos del presidente del grupo, Isidoro Álvarez y accionistas minoritarios de El Corte Inglés S.A. que en el año 2005 habían comunicado la voluntad de transmitir sus acciones.

No estando conformes con el procedimiento de valoración, interpusieron demanda para la declaración de la libre transmisibilidad de las acciones. Por su parte, El Corte Inglés interpuso demanda reconvencional para declarar perfeccionados los contratos de compraventa. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda de los accionistas y estimó la demanda de El Corte Inglés declarando la obligación de los accionistas de perfeccionar los contratos.

Recurrida la sentencia en apelación, la Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso de los accionistas y desestimó la demanda interpuesta por El Corte Inglés al considerar que el valor designado de las acciones por el auditor nombrado por el Consejo de Administración no era razonable. Sin embargo, ante la inexistencia de datos sobre la valoración y de conformidad con la normativa procesal, desestimó la demanda interpuesta por los accionistas. Ahora, el Tribunal Supremo desestima los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por ambas partes y tampoco fija un valor concreto para la venta de las acciones.

 

El ‘valor razonable’ de las acciones: un problema para empresas que no cotizan a bolsa

El caso de El Corte Inglés es el de una gran empresa que no cotiza a bolsa, lo que dificulta la situación a la hora de determinar el valor de las acciones si los estatutos empresariales no son lo suficientemente precisos al respecto. En el caso de este gigante de la moda, su fundador no tenía ningún descendiente directo al crear la empresa, por lo que el 30% del accionariado está en manos de los miembros de la tercera y cuarta generación familiar.

En el momento en que alguno de los accionistas minoritarios quiere vender, la empresa tiene derechos preferentes para comprar las acciones a su «precio razonable». El problema se plantea a la hora de pactar cuál es el precio razonable. En este caso, El Corte Inglés establecía como referencia el valor contable, mientras que los accionistas mantenían que su precio justo era mucho mayor, teniendo en cuenta la previsión de aumentar las ventas.

Cabe destacar que la legislación española utiliza muy a menudo la expresión «valor razonable» para determinar el valor de una acción cuando los socios no logran ponerse de acuerdo. La normativa prevé que pueda ser el Registro Mercantil el que nombre a un experto independiente que efectúe la valoración y diga cuál es el valor razonable de las acciones o participaciones. Sin embargo, nuestro sistema no cuenta con un régimen unitario de valoración: cada auditor puede usar el que considere oportuno, por lo que se produce cierta confusión.

Por el contrario, la problemática no se produce en las sociedades cotizadas, que a parte del valor real y el nominal cuentan con un valor de cotización de modo que sus acciones son libremente transmisibles. Una forma de resolver el problema en el caso de las sociedades no cotizadas es establecer mecanismos de valoración de la empresa en los estatutos o en pactos entre socios, algo que no es muy habitual a la práctica y que debe hacerse antes de que surgan las discrepancias.

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