El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Ejecutivo presidido por José María Aznar, en marzo de 2002, contra un precepto del artículo 30.2 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que establecía que no sería exigible el requisito de colegiación al personal funcionario, estatutario o laboral de las administraciones públicas de esa comunidad para el ejercicio de sus funciones.

En una sentencia dictada el pasado jueves, 17 de enero, el alto tribunal declara la «inconstitucionalidad y nulidad» de la disposición aprobada por la Junta en virtud de lo que establece la Ley de Colegios Profesionales 2/1974, en la redacción dada por la Ley 25/2009, y afirma que “lo que está en discusión es la competencia de la comunidad para eximir de la colegiación a los funcionarios, personal estatutario y laboral que realizan su actividad profesional al servicio exclusivo de las administraciones autonómicas, cuando dicha actividad va destinada a terceros, usuarios del servicio público”. “Es ésta la competencia que la comunidad autónoma afirma tener, y que el Estado rechaza”, subraya el Constitucional.

En este sentido, el Constitucional pone de manifiesto que el artículo 1.3 de la Ley 2/1974 “no exime a los empleados públicos de colegiarse cuando realizan las actividades propias de una profesión para cuyo ejercicio se exige la colegiación» por lo que la exención general del deber de colegiación para realizar actividades por cuenta de la Administración «vulnera lo establecido” en el artículo 3.2 de la citada ley, “que exige la colegiación forzosa para el ejercicio de las profesiones que determine una Ley del Estado”.

La controversia se suscitó hace once años, cuando el Consejo de Ministros argumentaba que“aunque estatutariamente ha asumido la competencia sobre Colegios Profesionales”, la Comunidad Autónoma de Andalucía debe realizar su ejercicio “de conformidad con las prescripciones básicas que en esta materia establezca el Estado, de acuerdo con las competencias que le reserva la Constitución” en su artículo 149.1. También destacaba que la exención de colegiación entraba «en colisión con la legislación básica estatal”, e incurría en un «exceso competencial, con infracción del orden constitucional de distribución de competencias en la materia entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, según doctrina del propio TC».

Por su parte, la representación del Parlamento andaluz y de la Junta de Andalucía negaron en sus respectivos recursos que el inciso del precepto mencionado incurriera en la infracción constitucional que se le imputaba, ya que rechazaba la competencia del Estado para exigir la colegiación obligatoria a los empleados públicos de las administraciones andaluzas “cuando realizan sus actividades profesionales” por cuenta de éstas.

El Tribunal Constitucional añade en la sentencia que el inciso impugnado, “al eximir de la colegiación obligatoria a los empleados públicos cuando ejercen la profesión por cuenta de la Administración”, establece “una excepción no contemplada” en la Ley estatal de Colegios Profesionales. Y concluye: “Siendo competente el Estado para establecer la colegiación obligatoria, lo es también para establecer las excepciones que afectan a los empleados públicos a la vista de los concretos intereses generales que puedan verse afectados, motivo por el cual debemos declarar que el inciso impugnado ha vulnerado las competencias estatales y, por tanto, su inconstitucionalidad”.

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