Pleno municipalEl Pleno del Tribunal Constitucional considera conforme a la Carta Magna que las sesiones de la Junta de Gobierno Local de un municipio de régimen común (menos de 250.000 habitantes, salvo excepciones) se celebren a puerta cerrada siempre y cuando las decisiones que se adopten no sean relativas a las atribuciones que les vienen delegadas por el Pleno. La sentencia cuenta con un voto particular que suscriben cuatro magistrados. 

El Gobierno de Aragón recurrió la reforma de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, llevada a cabo por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso aunque condiciona la constitucionalidad del artículo 70.1 párrafo segundo de la Ley 57/2003 a que las sesiones de las juntas de gobierno local que se celebren sin publicidad no versen sobre asuntos delegados a dichas juntas por el pleno. De lo contrario, la celebración de sesiones a puerta cerrada “supondría un menoscabo del principio democrático (art. 1.1 CE) y una vulneración de las posibilidades de participación directa del ciudadano en los asuntos públicos (art. 23.1 CE), en su concreta dimensión de control del ejercicio del cargo de sus representantes electos, sometidos a mandato representativo”. El párrafo cuestionado establece que “no son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local”.

Los cuatro magistrados que firman el voto particular discrepan precisamente en este punto pues entienden que el recurso de inconstitucionalidad “debió ser desestimado en su integridad”. Consideran que la existencia de tales Juntas viene motivada “por la conveniencia de que actos en los que predominan aspectos técnicos puedan solventarse en un contexto ejecutivo, ajeno a las exigencias de una pública deliberación”. También sostienen que “esta limitación aparente del principio de publicidad” afecta solo “al proceso de deliberación” que da lugar a la aprobación de un acto administrativo que, “una vez adoptado, es público de forma imperativa”.

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