TJUE
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido hoy una sentencia en la que afirma que los Estados de acogida pueden denegar las prestaciones sociales a ciudadanos de la Unión que no desarrollen una actividad económica y que se hayan trasladado a ese país «con el único objetivo de percibir la ayuda social de otro Estado miembro» cuando no dispongan de recursos suficientes para optar al derecho de residencia.

La sentencia del alto tribunal comunitario, con sede en Luxemburgo, señala que los nacionales de otros Estados miembros están excluídos de la percepción de determinadas prestaciones a pesar de que éstas se garanticen a los propios nacionales que se encuentren en la misma situación, «siempre y cuando esos nacionales de otros Estados miembros no disfruten del derecho de residencia en el Estado miembro de acogida en virtud de la Directiva 2004/38/CE», que regula los derechos de los ciudadanos de la Unión y de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

Según esta Directiva, el Estado miembro de acogida no está obligado a conceder prestaciones de asistencia social durante los tres primeros meses de residencia. Cuando el período de residencia es superior a tres meses pero inferior a cinco años (como ocurrió en el caso que origina esta sentencia) el derecho de residencia está condicionado a que las personas que no ejercen una actividad económica dispongan de recursos propios suficientes.

El TJUE ha respondido así a una cuestión planteada por el Tribunal de lo Social de Leipzig (Alemania) sobre un litigio entre dos nacionales rumanos y esa ciudad, que les denegó unas prestaciones del seguro básico para demandantes de empleo tras comprobar que no habían ejercido actividad profesional alguna ni en Alemania ni en Rumanía y que tampoco estaban buscando trabajo en el país germánico.

El Tribunal también recuerda que el Reglamento sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social no regula los requisitos para la concesión de las prestaciones especiales en metálico no contributivas. Como esta materia es competencia del legislador nacional, éste es asimismo competente para definir el alcance de la cobertura social de este tipo de prestaciones. «En consecuencia, al establecer los requisitos y el alcance de la concesión de las prestaciones especiales en metálico no contributivas, los Estados miembros no aplican el Derecho de la Unión, por lo que no resulta aplicable la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea«, concluye el Tribunal. Según la sentencia, es por ello que los ciudadanos que reclamaron derecho de residencia en Alemania no pueden invocar el principio de no discriminación recogido en la Directiva y en el Reglamento sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.

Al tratarse de una respuesta a una cuestión prejudicial planteada por un juez alemán, el litigio nacional no se considera resuelto por el TJUE sino que es el tribunal alemán quien debe dictar sentencia de conformidad con esta decisión. Sin embargo, el criterio establecido en esta sentencia del TJUE vincula igualmente a los demás tribunales nacionales «que conozcan de un problema similar».

1 Comentario

  1. Mobilidad premeditada o nomadismo intencionado. La respeuesta del TJUE parece acertada dentro de los límites señalados.

    Ahora me parecería de gran interés saber cuántas pensiones o ayudas de este tipo se han facilitado en España y el coste que ha representado y representa.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.