Por Tilman  Scheffczyk.  Berlín. Rechtsanwalt (abogado) en Monereo Meyer Marinel-lo Abogados. Especialidad en asesoramiento legal-mercantil a empresas españolas en Alemania

 

El Tribunal Constitucional Alemán ha rechazado los recursos de amparo constitucionales pero hace constar que no puede haber pagos en el futuro sin decisión parlamentaria. ¿Representa este organismo en Alemania un supra-gobierno?

El pasado 7 de septiembre, Europa esperaba con gran tensión la decisión del Tribunal Constitucional Alemán sobre la ayuda germana a Grecia y la participación del país en el rescate financiero de la UE. La espera era compartida especialmente por las bolsas. Finalmente, se recibió con  alivio  la sentencia con la que este organismo denegaba varios recursos de amparo constitucionales contra la participación de Alemania en  el rescate del Euro.

Es posible que algunos ciudadanos europeos tengan ahora la impresión de que el Tribunal Constitucional Alemán es la institución que toma la decisión final sobre el sí y el cómo de una participación alemana en el rescate del euro. Incluso si hubiera resultado una decisión favorable  a los recursos de amparo constitucionales con consecuencias para el rescate del euro, no debería extraerse la conclusión de que el papel y poder del Tribunal Constitucional Alemán abarca más de lo que debiera.  El Tribunal Constitucional Alemán no ha decidido sobre los pros y los contras del rescate del euro o sobre el apoyo a Grecia: no ha tomado una decisión política sobre cómo proteger al euro en esta crisis y tampoco  ha emitido  valoración alguna sobre la  política monetaria ni acerca de  la economía.   La valoración de estas cuestiones está en manos del gobierno, del parlamento y de las instituciones europeas, tal como los mismos jueces constataron.

Si analizamos el contenido de la decisión, el Tribunal solamente tuvo en cuenta la reclamación referida a que se vulneraría el derecho al voto de los ciudadanos de la República Federal Alemana si el parlamento alemán (Bundestag) transfiriera su responsabilidad sobre el presupuesto a terceros mediante poderes imprecisos en cuanto a política presupuestaria, refiriéndose especialmente  a instituciones supranacionales. Por lo tanto el Tribunal no se ocupó de la cuestión política ni de cómo se debería estabilizar el euro de forma razonable y duradera, sino solamente del asunto que se refería al  derecho constitucional y que cuestionaba si el parlamento alemán habría recortado de manera anticonstitucional su propio derecho sobre los presupuestos mediante la legislación para el rescate del Euro.

 

El Tribunal Constitucional Alemán por sí solo no aprueba ninguna ley, sino que comprueba la compatibilidad de las leyes existentes con la Constitución a solicitud de, entre otros, otros órganos constitucionales o ciudadanos afectados. Si el Tribunal considera que una ley es anticonstitucional, la deroga y  encarga al parlamento un nuevo intento de arreglar la cuestión con una nueva ley conforme a la constitución, dándole indicaciones legales para evitar otra anticonstitucionalidad.

Teniendo en cuenta la importancia del éxito de una estabilización del euro y de la superación de la crisis de deudas y a la vista de la premura impuesta por la presión de los mercados, no pocos en Europa se habrán hecho la pregunta de si era necesaria una instancia adicional para la comprobación de la legalidad de las leyes referentes al rescate del euro, otorgando tanto poder al Tribunal Constitucional Alemán.  Al euro solamente se le puede defender mediante una actuación rápida y decisiva y muchos opinan que  no ha sido acertado solicitar a otra instancia más una ratificación de la ley, ya que la situación ha tenido en vilo a los mercados hasta que  el dictamen de la sentencia se ha hecho público.

A pesar de esto, a nadie en Alemania se le ocurriría querer limitar el papel del Tribunal Constitucional Alemán. La confianza de los alemanes en esta institución sobrepasa en gran medida la confianza puesta en la clase política. A excepción del Banco Federal de Alemania, ninguna institución estatal es tan popular ni tiene tanta aceptación  entre los alemanes como  el Tribunal Constitucional. Así, el Tribunal Constitucional se entiende por regla general como el poder más independiente dentro del estado alemán.  Es por este motivo que es muy raro que una  decisión del Tribunal Constitucional se critique o cuestione en público. La autoridad del órgano constitucional busca su equivalencia en Alemania…

La absoluta credibilidad y la importancia del Tribunal Constitucional Alemán como órgano constitucional tiene su origen en la separación de  poderes que  implantaron  los aliados de forma lógica en la fundación de la República Federal de Alemania. El ejercicio de los poderes legislativos, judicial  y ejecutivo está separado, por lo tanto,  de forma mucho más estricta en Alemania que en otros países. El Tribunal mismo no hace política, sino que solamente cuida del cumplimiento de las reglas de la Constitución por parte de los políticos.  De esta manera, en su decisión sobre el plan del rescate del euro el Tribunal recordó consecuentemente  que las medidas de salvamento en el ámbito de la Unión Europea en las que la RFA pone a disposición medios en un volumen importante o se responsabiliza de forma cuantiosa, tienen que aprobarse por el parlamento alemán o, lo que es lo mismo, por el poder  legislativo. Corresponde única y exclusivamente al parlamento alemán decidir cómo actuar en cada caso.

La crisis del euro y la grave situación de endeudamiento público evidencia la necesidad y conveniencia de  un control eficaz y provisto de suficiente poder de las actuaciones del gobierno y de una comprobación de las leyes respecto a su constitucionalidad por medio de una instancia independiente de los grupos de intereses y, en gran medida, de la opinión pública. La situación en Europa probablemente sería menos grave si una autoridad parecida al Tribunal Constitucional se hubiera encargado de vigilar el cumplimiento de los criterios del tratado de Maastricht referente al endeudamiento nuevo y hubiese estado provista de los medios de poder necesarios para obligar a los gobiernos que no cumplen con los criterios de Maastricht – el primero, el gobierno alemán – de actuar conforme al tratado. Un control del endeudamiento nuevo por parte de los mismos gobiernos o por parte de la comisión de la UE – dirigida directamente por los gobiernos en el pasado – se ha mostrado como  un medio ineficaz contra un endeudamiento sin límites y a duras penas lo será en el futuro.

 

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