El Tribunal Supremo ha impugnado el nombramiento de varios funcionarios interinos en el Tribunal de Cuentas al entender que se habían excedido los límites establecidos en la normativa y ha alarmado del riesgo de politización que ello conlleva. El alto tribunal ha estimado, así, el recurso interpuesto por la Asociación de Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas en el que se impugnaba el nombramiento de varios funcionarios interinos en ese órgano de control administrativo. 

En la sentencia, dictada el pasado 3 de diciembre y hecha pública esta semana, el Supremo anula la resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas y desestima el nombramiento de la subdirectora adjunta de la Asesoría Jurídica y el asesor económico financiero, nombrados por indicación del pleno -máximo órgano de la institución-. El Tribunal Supremo reclama la presencia de más funcionarios de carrera, que llegan por oposición, para que sean mayoría y alerta de la peligrosa situación que tenía en 2011, año del litigio, cuando los  funcionarios llegados de otras Administraciones eran 94 frente a los 89 letrados y auditores de carrera.

“Ello contraviene frontalmente el espíritu de la regulación contenida en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas”, asegura el juez y pide que las modificaciones numéricas de las plantillas se realicen mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como exige la Disposición Adicional Séptima de la ley de funcionamiento, y no mediante un acuerdo del Pleno, como viene ocurriendo.

Por su parte, el Tribunal Constitucional también ha abogado recientemente para la profesionalización de este organismo, mediante una sentencia de la sala primera, presidida por Pascual Sala, que declara inconstitucional que se rebaje la titulación necesaria para acceder al cuerpo superior de auditores.

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