La consellera de Justicia, Montserrat Tura, y el presidente del Consejo de Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña (CICAC), Josep Canicio, han firmado días atrás un convenio que prevé destinar 63,6 millones de euros a la asistencia jurídica gratuita durante este año, un 18% más que el anterior.
Con esa subida del presupuesto, el departamento de Justicia pretende hacer frente al creciente aumento de demandas de abogados del turno de oficio registrado desde el 2005 por el incremento demográfico y de litigiosidad y, últimamente, por la crisis económica.
Según datos del CICAC, el número de asuntos judiciales llevados por abogados gratuitos creció un 12,5% a lo largo del primer semestre de este año en relación con el mismo período del 2008, cuando el impacto de la crisis económica todavía no se notaba en los tribunales con tanta claridad.
Los asuntos laborales asistidos por letrados de oficio crecieron un 38,3%, cifra que da una idea del gran número de causas que en el último año han entrado en los juzgados de lo social, máxime teniendo en cuenta que en la mayoría de casos los despidos son tramitados por abogados de los sindicatos.
En la jurisdicción civil, los asuntos con asistencia jurídica gratuita crecieron un 20,1%, especialmente por las ejecuciones de hipotecas impagadas y arrendamientos pendientes, así como por las reclamaciones de deudas.
Dentro de esta jurisdicción, ha bajado el número de divorcios que han llegado a los juzgados aunque, por el contrario, han ido en aumento las solicitudes para modificar los regímenes económicos o el pago de pensiones en matrimonios separados.
En el ámbito penal, creció un 10,7% la actividad de los abogados de oficio, un 8,3% en el contencioso-administrativo y un 1,9% las asistencias en comisaría.
El parón en la demanda de abogados gratuitos para los asuntos contenciosos y las asistencias en comisarías apunta a que en el último año se ha frenado la llegada de inmigrantes a Cataluña, según Miguel Puiggalí, coordinador del turno de oficio del CICAC.
El convenio firmado este miércoles prevé que los colegios de abogados catalanes puedan incorporar un sistema informático que les permitan conocer el estado de tramitación de una demanda de asistencia jurídica gratuita y comprobar, a través de los datos económicos, si la persona que la solicita tiene derecho a ella.
