La crisis de la construcción y la paralización de la actividad económica han dejado vacías las arcas de los ayuntamientos, que además no pueden recurrir al endeudamiento por la fuerte restricción al crédito y el gran número de facturas que deben.
En esa situación, los consistorios han comenzado a presentar expedientes de regulación de empleo (ERE), algo que no había sucedido hasta el momento, para aligerar sus plantillas, que absorben el 17% del gasto.
Según los datos del Ministerio de Política Territorial, correspondientes a enero de 2009, los ayuntamientos tienen 630.000 personas en plantilla, de los que 214.000 (34% del total) son funcionarios, mientras que el resto (415.000) son personal laboral, entre eventuales, fijos, funcionarios interinos y personal de confianza.
Excepto a los funcionarios y a los interinos, que no pueden ser incluidos en un ERE, el resto sí puede verse afectado. Por lo tanto, excluidos los funcionarios interinos, hay 400.000 empleados (el 40% del total de las Administraciones Públicas) que pueden perder su puesto de trabajo a corto plazo.
El pionero en esta iniciativa ha sido el consistorio de Roda de Barà (Tarragona), que presentó el pasado 21 de agosto un ERE temporal, que va a afectar a 30 trabajadores (el 20% de su plantilla), ante el fuerte desplome que han sufrido los ingresos por el ICIO, una tasa que se paga por cada edificio, instalación u obra que se construye.
«En tres años su recaudación se ha desplomado un 99% y la situación financiera es insostenible», aseguran fuentes del ayuntamiento, que señalan que los trabajadores dejarán sus puestos a partir del 1 de octubre. «En principio por 12 meses, aunque si la situación no mejora, podría alargarse», recalcan.
La situación financiera de otros consistorios se ha visto dañada en ocasiones por un aumento insostenible de las plantillas. Un buen ejemplo es Gáldar, localidad grancanaria con 25.000 habitantes censados, que ha presentado un ERE ante la sobredimensión de su plantilla (500 trabajadores), lo que supone un empleado municipal por cada 50 habitantes . «Con los actuales ingresos no hay ni para pagar las nóminas», señala Encarnación Ruiz, primera teniente de alcalde, que apunta que se ha decidido no renovar ningún contrato y se ha congelado la oferta de empleo público. Finalmente, el ERE se ha convertido en un pacto con los trabajadores, en el que se fija una rebaja de salario y la prejubilación de 33 empleados.
Otros consistorios han topado con la resistencia de la autoridad laboral. Es el caso de Valencina de la Concepción (Sevilla), que presentó un ERE para 32 personas. Este ha sido rechazado dos veces, aunque el plan de saneamiento obliga a ahorrar 600.000 euros. «La paralización del plan urbanístico ha descuadrado los ingresos», admite Manuel Lora, secretario general del ayuntamiento.
