El ministro de Fomento, José Blanco, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo los detalles del Real Decreto Ley, que tiene como objetivo garantizar la continuidad y la sostenibilidad del tráfico aéreo y abaratar los costes de navegación en España.

José Blanco ha destacado que la norma fue sancionada esta mañana por S.M. el Rey y publicada en un Boletín Oficial del Estado extraordinario, por lo que ya está en vigor.

El Gobierno ha decidido aprobar este Real Decreto Ley, según el ministro, para garantizar que el servicio de navegación aérea se preste en condiciones de continuidad y eficiencia, y para que sus costes económicos sean asumibles y compatibles con la situación económica de España, al constatar que en la actualidad ninguna de estas circunstancias está garantizada.

Además, ha dicho, resulta imposible en este momento resolver la situación mediante un acuerdo entre la empresa pública AENA, que es una empresa pública, y los controladores aéreos, que son empleados públicos.

Blanco ha recordado que el actual convenio de los controladores con AENA expiró el 31 de diciembre de 2004 y desde entonces ha sido completamente imposible alcanzar un acuerdo para un nuevo convenio, pese a que se han celebrado 65 reuniones negociadoras y AENA ha presentado más de 10 propuestas.

El Sindicato de Controladores ha presentado una última propuesta, ha asegurado, “que no sólo no resuelve ninguno de los problemas, sino que los agrava”, ya que aumenta los costes salariales y refuerza todo aquello que hoy pone en peligro la continuidad y la eficiencia del servicio.

“No es tolerable que una empresa pública pague sueldos millonarios a sus empleados mientras el Gobierno pide austeridad al resto de los españoles”, ha añadido.

El ministro ha subrayado que los costes de navegación aérea en España son mucho más elevados que los de cualquier otro país europeo, y el motivo fundamental es la enorme diferencia entre la retribución de los controladores en nuestro país y en el resto de Europa. Si se aceptaran las exigencias de los controladores, ha asegurado, en el año 2012 serían un 70% más elevados que en la mayoría de los países europeos.

A juicio del titular de Fomento, España no se lo puede permitir: “No podemos seguir pagando por un servicio público casi el doble de lo que paga el resto de Europa. Es incompatible con la racionalidad económica, con la situación de nuestra economía y con un sentido elemental de prudencia retributiva que debe imperar en el sector público”.

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