Es evidente que su tratado sobre deontología denominado “Normas Deontológicas de la Abogacía Española” (Civitas) se ha convertido en una de las aportaciones más importantes en la materia en estos últimos años. Rafael del Rosal, (Granada, 1950), es uno de los profesionales del derecho que más ha investigado sobre la ética en la abogacía. En los últimos años ha realizado una gran defensa pública de los colegios profesionales y de su papel de salvaguarda de la dignidad profesional así como de la ética y de la deontología de los profesionales colegiados, oponiéndose con brillantez y energía a cualquier intento de desnaturalización de dichas corporaciones, como instituciones vertebradoras de nuestro Estado de Derecho, lo que ha sido también valorado en la concesión del referido premio. A este respecto, su blog Etica Juridica, http://eticajuridica.es/?p=4 se ha convertido en un elemento de referencia para conocer a fondo la problemática de la abogacía. Ahora recibe el Premio Scevola, sucediendo asi a personajes como Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía, Luís Martín Mingarro, ex Decano del ICAM o Fernando Pombo, Presidente de la Asociación Internacional de la Abogacía.
Granadino de nacimiento, nuestro protagonista ha desarrollado casi toda su carrera en la capital de España, siendo en la actualidad Letrado Jefe del Departamento de Deontología del Colegio de Abogados de Madrid. Rafael del Rosal es Licenciado en Derecho en 1973 por la Universidad de Granada y formado en Madrid durante dos años en la pasantía de José María Fernández de la Riva, ejerce la abogacía en Barcelona hasta 1990, que se traslada a Madrid como Jefe de la Asesoría Jurídica del Grupo de empresas APD, para regresar al libre ejercicio de la profesión en 1992, con despacho propio. Es ponente en cursos, seminarios y congresos nacionales e internacionales de la abogacía, son especialmente señalados sus trabajos en la Unión Iberoamericana de Agrupaciones y Colegios de Abogados (UIBA), siendo ponente en sus Congresos de Madrid (España, 1996); Fortaleza (Brasil, 2000), Lima (Perú, 2002); Puerto Rico (USA, 2004); Panamá (Panamá, 2006) y San José (Costa Rica, 2008).
Desde 1993 viene dedicado de forma intensa e ininterrumpida al asesoramiento, estudio, investigación, docencia y divulgación de la Ética Jurídica y de la Deontología Profesional de la Abogacía, como letrado asesor en la materia del Colegio de Abogados de Madrid, de cuyo Departamento es Letrado Jefe desde 2003. En el campo de la docencia es Profesor de Deontología Profesional de la Abogacía del Centro de Estudios e Investigación del Colegio de Abogados de Madrid en su Master de Derecho Privado y en otros cursos de iniciación al ejercicio profesional y de acceso al Turno de Oficio. Tambien ha impartido formación en los Masters Oficiales de las Universidades de Alcalá de Henares (Madrid), ICADE (Universidad Pontificia de Comillas en Madrid) y Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete). Y en Masters o cursos de iniciación al ejercicio profesional de las grandes firmas de la abogacía nacional Uría Menéndez, Zarraluqui Abogados de Familia y Sagardoy Abogados.
Del Rosal, ahora premio Scevola 2008 es autor habitual de la sección de Deontología Profesional en la Revista OTROSÍ que edita el Colegio de Abogados de Madrid, son más de sesenta sus artículos publicados sobre el desarrollo doctrinal de las normas éticas de la abogacía a los que se tiene acceso en este blog o en la obra que a continuación se reseña. En el año 2002 publica el libro Normas Deontológicas de la Abogacía Española (Cívitas), monografía de doctrina científica de referencia en la materia, del que dijera el profesor García de Enterría en su presentación que “…se trata de una obra única, tanto dentro como fuera de España, por su esfuerzo científico y doctrinal y como compendio codificador de una materia tan poco conformada normativamente”. Desde el año 2007 viene publicando artículos en la prensa nacional sobre temas relacionados con la regulación profesional de la abogacía y sobre profesionalismo en general. Su brillante pluma aborda las principales cuestiones que afectan a la profesión del letrado con acierto y casi siempre ofreciendo soluciones a estas cuestiones.
Sr del Rosal. Podría explicarnos que supone para su trayectoria recibir de Scevola el premio a su trayectoria profesional?
Aparte la alegría y la emoción extraordinarias que personalmente me produce el reconocimiento de mis compañeros de profesión y de una Asociación de tan relevante presencia profesional, institucional y ciudadana, el otorgamiento de su premio anual supone para mi trayectoria el respaldo público y especializado al esfuerzo realizado de investigación, desarrollo y divulgación de la ética jurídica y de la regulación ética de la abogacía. Una señal inequívoca de su valor y acierto en el océano de mis dudas y un impulso formidable para continuarlo con redoblado empeño.
Usted como experto en temas de deontologia y responsable de esta área en el Colegio de Abogados de Madrid, cómo cree que ha evolucionado la preocupación por la ética en estos últimos años?
La ética se ha convertido en una oferta generalizada de todas las actividades económicas en las sociedades avanzadas, señal de su fuerte e imparable demanda y exigencia, hasta el punto de que el siglo XXI, con ser denominado “del conocimiento”, lo será “de la ética”, puerto de llegada de toda experiencia y conocimiento humanos.
Desde esta perspectiva, y sabiendo que se está gestando un nuevo Estatuto de la Abogacia, qué rasgos básicos debería contener este documento y cómo debe salvaguardar la ética en el trabajo diario de los letrados?
El nuevo Estatuto General de la Abogacía debe ser el Estatuto de la modernización definitiva de la profesión. Modernizar la profesión significa acabar de forma concluyente con todo rastro de corporativismo para entrar de lleno en la era de la responsabilidad. Sus rasgos básicos deberían ser dibujar de forma precisa la función de la defensa y el procedimiento de amparo colegial de sus prerrogativas; precisar el diseño de la empresa de la defensa corrigiendo en lo menester las disfunciones de la Ley de Sociedades profesionales para hacerlas obligadas en la abogacía a todas las que materialmente lo sean, prohibiendo en su ámbito las de intermediación, prohibida ésta por nuestro Código ético; y afinar su régimen disciplinario por separado (empresa y función de la defensa) para asegurar su efectividad y transparencia, concediendo legitimación activa al denunciante ético para impetrar la revisión jurisdiccional de los acuerdos de archivo. Reflexión y empeño aparte merecería la reordenación institucional de la Abogacía, cuya reseña desborda este espacio.
Desde esta perspectiva, ¿cree que a corto plazo es viable que el colectivo de abogados tenga su propio convenio colectivo?
Depende de lo que pueda entenderse como corto plazo. Lo único que tengo claro es que resultaría conveniente y que me consta el esfuerzo que viene realizando el Consejo General de la Abogacía Española en tal sentido. Aunque, en todo caso, tal logro depende de la autonomía de las partes y de factores tan aleatorios como la atomización de la profesión, la competitividad, el grado de conflicto existente -que se me antoja reducido-, la organización del Estado en Comunidades Autónomas con las competencias de Justicia transferidas a buena parte de ellas, etc. Lo que dibuja un mapa bastante abierto y complejo como para alcanzar convenios que puedan ir más allá del ámbito de la empresa de la defensa o despacho.
Le preocupa que organizaciones como Scevola denuncien el deterioro de la imagen del letrado a nivel social ¿Cómo puede mejorarse esa impresión en concreto?
No me preocupa en absoluto la crítica, expresión del pluralismo en libertad, aunque sí el posible deterioro de nuestra imagen. Creo no obstante que, comparativamente, la imagen social de la abogacía es de las menos deterioradas, si se piensa en otras profesiones, en la propia Administración pública, en el resto de instituciones o poderes del Estado o en el resto de sectores económicos, especialmente el financiero en esta hora de tribulación y crisis económica. La imagen de la abogacía mejorará radicalmente cuando entre en vigor el examen de ingreso en la profesión y a la entrada en vigor del Nuevo Estatuto General de la Abogacía, si logra construirse sobre las bases que acabo de señalar.
¿Cómo cree que percibe el abogado la labor de instituciones como el Consejo de la Abogacia o el Colegio de Abogados de Madrid ? ¿ Cómo cree que se puede mejorar la participación de los letrados en sus respectivos Colegios de abogados?
Digamos que de forma altamente positiva, aunque algo inconscientemente. El abogado tiene poco tiempo para cuanto no sea trabajar y atender a su vida privada, sin olvidar el descanso. Pero en la dura briega diaria siempre que compone su figura la arma sintiéndose parte y reflejo de sus instituciones corporativas. Percepción que mejoraría de forma extraordinaria si el Nuevo Estatuto regula y propicia de forma normada el amparo colegial de la libertad e independencia del abogado en el ejercicio de la defensa. En cuanto a la participación, aumentará paulatinamente cuando disminuya la masificación con el examen de ingreso y cuando en nuestro país vaya avanzando la autonomía y potencia de la sociedad civil al modo anglosajón, lo que aumentará la actividad ciudadana de los Colegios y la incorporación a ella de los abogados, que irán comprendiendo que, más allá de su trabajo, deben aportar un plus de prestaciones a la comunidad.
La abogacía sigues siendo una profesión masiva, Cómo valora la nueva Ley de Acceso a la profesión recientemente aprobada, cree que podrá mejorar la calidad e imagen de la abogacía en los próximos años? ¿Por qué no se ha tenido en cuenta la pasantía como fórmula de incorporarse a la abogacía?
En cuanto no se refiere a la pasantía creo que ha quedado ya contestado en preguntas anteriores. Y en lo que a ésta se refiere, está claro que sí está contemplada. Pues, la llamemos como la llamemos, unas practicas tuteladas externas como las contempladas en el art. 6 de la Ley de Acceso, no dejaran de ser una pasantía. Su dibujo y grado de acierto definitivo dependerán en gran medida del Reglamento de la ley en preparación.
Otro dato que llama la atención es que según los datos consultados cerca del 40% de los jóvenes que inician la carrera de letrado tienden al abandono en los cinco primeros años de ejercicio?
La masificación y la competencia en el mercado de los servicios jurídicos, deben impedir que resulte extraño que se produzca la correspondiente selección en la oferta, cuya expresión coloquial es ese denominado “abandono”. Sencillamente, no hay trabajo para todos los que deciden dedicarse en España al ejercicio libre de la profesión y está claro que, una vez entre en vigor el examen de ingreso, el porcentaje de abandonos deberá descender drásticamente.
¿Cómo puede mejorarse el turno de oficio a nivel procedimental y solventarse los problemas existentes en la actualidad de cobro de los letrados que trabajan en él?
Considero razonablemente óptima la organización procedimental del Turno de Oficio con el extraordinario esfuerzo que ello supone para los Colegios, sin que existan a mi juicio alternativas distintas a las actuales en esta coyuntura. En cuanto a la solución de los problemas existentes en el cobro de los servicios prestados, no parece que puedan remediarse sin la debida seriedad presupuestaria de las Administraciones públicas, especialmente las Autonómicas-, únicas responsables de su pago.
Hoy por hoy gran parte de los letrados emplean ya la firma electrónica en su quehacer diario, considera que la irrupción de esta tecnología puede generar una nueva forma de hacer abogacía?
Las tecnologías modifican las circunstancias del ejercicio, especialmente la rapidez, efectividad y economía de la gestión de la defensa. Lo que nunca podrán cambiar es el propio contenido de la acción de la defensa, ligada de forma inescindible y personalísima al abogado.
¿Qué valoración hace de instituciones como el Observatorio del Arbitraje del Colegio de Abogados de Madrid o del propio Foro por la Justicia del CGAE? Qué se debe hacer para que esos logros los conozca la opinión publica?
Todo lo que contribuya a conocer y mejorar los medios y la administración de la justicia es altamente positivo y así lo valoro. Que sea conocido por la opinión pública dependerá del esfuerzo que para ello se haga por nuestras instituciones y por los medios, aunque lo verdaderamente importante es que la sociedad conozca sus resultados por la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos cuando tienen que acudir o demandar nuestros servicios o la tutela judicial efectiva.
Desde esta perspectiva, podría darnos su opinión sobre cómo mejorar nuestra justicia como servicio público?
Si yo fuera capaz de responder esta pregunta sería un genio tan extraordinario que podría ser tomado por alienígena. Creo que los males de que adolecen cuantos planes se hacen para solucionar los problemas de la justicia es que se siguen poniendo en marcha sin un proyecto rector para abordar de forma definitiva una verdadera transición democrática de la Justicia, consensuado entre todos los sectores implicados y todos los partidos y poderes públicos. Proyecto cuyo estudio, redacción y concepción a corto, medio y largo plazo junto con su dotación presupuestaria debería constituir, en sí mismo, la primera parte de cualquier intento de solución de los problemas de nuestra administración de justicia.
Poner en marcha soluciones a salto de mata, por ambiciosas que fueran o invertir un solo euro en ellas, será hacerlas desparecer en las fauces del monstruo y, a la postre, tirar el dinero y las esperanzas de todos, retrasando la solución de los problemas, aumentando la frustración general y dañando de forma irresponsable nuestra democracia y el Estado de Derecho. Todo ello sin contar con el atraso económico que provocará y los conflictos que irá generando. Por lo que brindo por la concepción de un gran proyecto y de un gran pacto político para la transición democrática de la Justicia, sin perjuicio de un perentorio plan de choque en cuanto se pueda apreciar necesario de forma inmediata y sin más dilaciones como la informatización debida y racional, el aumento del número de jueces etc. Esto no son soluciones a los problemas de la Administración de Justicia, son medidas de choque para evitar su colapso definitivo.
