Recientemente su firma Cuatrecasas Gosalves Pereira realizó una jornada para analizar la importancia de la protección de datos. A lo largo de esas sesiones de trabajo se analizaron que las principales actuaciones de la Agencia se centran en Madrid, , coincidiendo con la sede de la Agencia. Que Los principales sectores de actividad que concentran asimismo el principal número de actuaciones de la Agencia son las empresas de telecomunicaciones y, entidades financieras. Otro dato a tener en cuenta es que Atendiendo a la motivación de las denuncias y expedientes, claramente, los ficheros de morosos son la principal fuente de conflictividad.

“A este respecto, aparentemente ha habido un cambio de criterio en la Agencia respecto de la actividad de investigación de las empresas para el cobro de créditos pendientes, ya que parece que la Agencia no permite la investigación del paradero, a diferencia de antecedentes de los años 2006 a 2008.” señala Javier Aparicio socio del despacho especializado en protección de datos. En su opinión la implicación del abogado sobre estos temas es bastante notable “ los abogados, como empresarios, nos esmeramos en el cumplimiento de la LOPD incluso más que cualquier otra empresa, ya que la deontología profesional nos impone muchísimas obligaciones que incrementan las garantías de la LOPD.”

Javier Aparicio posee una amplia experiencia en protección de datos y de nuevas tecnologías, tanto en el ámbito contencioso como en el asesoramiento continuo a empresas nacionales e internacionales de gran prestigio. Como abogado del Estado, fue director de la asesoría jurídica de la Agencia de Protección de Datos, participando en la Comisión Europea en el grupo de trabajo de protección de datos creado por la directiva de esta materia, así como en los grupos de expertos en la materia del Consejo de Europa, en Interpol y en Schengen.

Asimismo, colaboró con el Parlamento español como secretario y miembro del grupo de expertos a quienes se encomendó la redacción del texto del anteproyecto de ley orgánica de protección de datos, actualmente vigente. Finalmente, trabajó como abogado del Estado ante la Audiencia Nacional, en los recursos contencioso-administrativos frente a las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos. En 2000, pasó a la excedencia voluntaria para trabajar como director del departamento jurídico de una empresa especializada en la consultoría de Internet, comercio electrónico y e-building. Ha publicado, con Editorial Thomson Aranzadi, el libro Estudio de la Ley Orgánica de Protección de Datos (2000), del que actualmente está preparando la tercera edición.

Su formación académica es muy extensa, destacando que es Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 1987 asi como Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Abogado del Estado, en excedencia y Árbitro para la solución de conflictos de nombres de dominio bajo el “.es” por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

¿Qué valoración puede hacer del nuevo Reglamento de Protección de Datos al año y medio de su puesta en marcha?

Sin duda ha sido una herramienta muy útil que ha incrementado de forma muy notable la seguridad jurídica respecto de la interpretación de la Ley, terminando muchas discusiones sobre la forma en que había de entenderse el contenido de la norma principal.

También es cierto que hay soluciones con las que personalmente no coincidimos los profesionales y entendemos que habría sido mucho mejor para todos los sectores interesados en la protección de datos (tanto empresas como ciudadanos) una solución diferente, pero el poder interpretativo y eliminador de dudas y discusiones en incuestionable.

En alguna entrevista el propio director gnal de la AGPD cuestiona que el abogado no se implica demasiado en el cumplimiento de la protección de datos, ¿qué opinión tiene al respecto?

Mi experiencia es totalmente contraria, los abogados, como empresarios, nos esmeramos en el cumplimiento de la LOPD incluso más que cualquier otra empresa, ya que la deontología profesional nos impone muchísimas obligaciones que incrementan las garantías de la LOPD. Asimismo, el deber de confidencialidad respecto de los asuntos en que intervenimos profesionalmente nos exige una diligencia en relación con la seguridad de la información y el deber de secreto que superan enormemente las obligaciones comunes que establece la Ley y, finalmente, nuestro prestigio profesional depende mucho de la discreción, de modo que mi experiencia es que el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos se alcanza de forma muy superior a la media de las empresas.

¿Dónde se encuentra el límite entre la protección de datos personales y el derecho a la información?

Es probablemente una de las cuestiones más interesantes e importantes que están aún pendientes de resolver en esta materia.

Sin duda, al tratarse de dos derechos fundamentales, la cuestión es sumamente delicada y, siendo el derecho a la información una de las claves en que se apoya la democracia, la resolución de cualquier conflicto debe hacerse con especial cuidado, ya que el derecho a la información constituye una libertad ligada al interés colectivo de mantener una sociedad libre.

Bajo esta perspectiva, no cabe duda de que es necesario establecer unos criterios generales que permitan resolver los conflictos que se susciten, ya que las cuestiones de cuándo una noticia deje de ser noticia, o cuándo se trata de información que carece de relevancia o interés y por ello debería prevalecer el interés particular en la protección de datos, son capitales y, a su vez, se trata de un problema que debería ser resuelto mediante una Ley, en la que participaran todos los grupos parlamentarios y se valoraran de forma muy cuidadosa los intereses en conflicto, la trascendencia de las reglas que pudieran establecerse así como pudieran preverse las consecuencias últimas de cualquier principio que se estableciera.

No cabe duda de que la censura es uno de las mayores amenazas para la libertad, de modo que no cabe amparar tal limitación en otro derecho fundamental, pero, tratándose de un derecho fundamental, no es posible tampoco afirmar que debe ceder en todo caso frente a la libertad de información, puesto que la trascendencia de los derechos fundamentales exige que se valore de forma muy cuidadosa su alcance y límites y, por ello, las consecuencias de su comparación con otros derechos también fundamentales.

¿Qué consejo le daría a un abogado que quiera dedicarse al llamado derecho de las nuevas tecnologías en general y a la protección de datos en particular?

Sobre todo que trate de conseguir una formación general en derecho. Desde mi experiencia, para poder ejercer con calidad la especialidad de nuevas tecnologías, es sumamente importante conocer a fondo las normas de derecho administrativo, ya que la especialidad se ejerce siempre frente a entes públicos, así como las normas de derecho civil y mercantil, puesto que son las que principalmente regulan las relaciones jurídicas en donde intervienen las nuevas tecnologías.

Por regla general, la solución a los problemas que hay que enfrentarse en la práctica profesional no está en la LOPD o la LSSI, sino en el resto del ordenamiento jurídico. Prueba de ello está en que la mayoría de las resoluciones de la AEPD se fundamentan en otras leyes diferentes a la LOPD, para concluir cómo debe aplicarse esta última norma.

¿Hasta que punto la irrupción de la firma electrónica en la abogacía puede crear una nueva forma de ejercer esta profesión?

Yo soy poco entusiasta respecto de este tipo de resultados. La firma electrónica la considero como un simple instrumento que facilitará enormemente el desarrollo de las relaciones entre los individuos, dotando de seguridad a la formalización de la voluntad, firma de contratos, notificaciones, etc. Pero creo que este instrumento, sin perjuicio de que afectará de forma clara a la sociedad, no afectará al ejercicio de profesiones como la abogacía, que se fundamentan en la confianza del cliente, el conocimiento del derecho, el estudio de los casos y la inteligencia en la búsqueda de las soluciones que mejor resulten para el cliente en cuestión. Bajo esta perspectiva, la firma electrónica facilitará mucho la relación con el cliente, pero no afectará al modo de ejercer la profesión.

Hablar de prueba electrónica sigue siendo complicado, ¿por qué cree que aun los magistrados no lo toman de forma unánime esta cuestión?

Las nuevas tecnologías, por el hecho de ser nuevas, constituyen un cambio enorme de los medios de prueba que se aportan a los tribunales. Dado que los medios de prueba simplemente sirven para convencer al magistrado de que lo que se afirma y defiende por una parte es la verdad, de modo que debe tenerse en consideración para resolver en derecho, la innovación en estos medios puede, sobre todo en un primer momento, dar lugar a una diferente apreciación por parte de los diferentes jueces. No obstante, no debemos ignorar que cualquier prueba que se aporta a un tribunal va a ser valorada subjetivamente por el magistrado, y que diferentes jueces siempre pueden llegar a diferentes conclusiones respecto de la misma prueba (así lo demuestran las sentencias que se dictan resolviendo los recursos que se interponen contra las dictadas en primera instancia). Además, es la labor de los abogados y de los profesionales que intervienen en la prueba (técnicos, peritos, ingenieros, etc.) convencer al juez de que lo que trata de acreditarse es la verdad y que los medios que se aportan efectivamente así lo acreditan.

Además, cabe resaltar que cada vez con mayor frecuencia los tribunales admiten la prueba electrónica con normalidad y la valoran con mucho acierto, aunque a veces la conclusión es que la prueba aportada no es concluyente, a la vista de las circunstancias que concurren en el medio de prueba aportado.

En este contexto, ¿podría indicarnos cuáles siguen siendo las asignaturas pendientes de la empresa a la hora de diseñar su política de protección de datos?

A estas alturas es ya muy difícil responder esta cuestión de forma genérica, ya que la gran mayoría de las empresas conocen la LOPD con un nivel suficiente para saber qué tipo de obligaciones tienen que cumplir y cómo hacerlo (aunque sea acudiendo a un especialista). Sin embargo cabe señalar que existen todavía matices en la norma y en la interpretación que hace la Agencia que pueden llevar a la comisión de infracciones involuntariamente, incluso en algunos casos de mucha gravedad. Estos casos y sutilezas son las que la Agencia debería poner de relieve, a fin de fomentar la cautela de las empresas para evitar tales infracciones.

Ahora que se han puesto de moda las redes sociales, ¿qué riesgos hay detectados que puedan vulnerar la protección de datos?

Por regla general, las redes sociales cumplen la normativa de protección de datos que les resulta de aplicación, ofreciendo una información clara del uso que van a hacer con los datos y de la trascendencia que puede tener la introducción de información propia o de terceros. El problema respecto de las redes sociales suele estar en que cuando las personas introducen información personal no son conscientes de que esa información va a estar al alcance de cualquiera y que esa publicidad puede dar lugar a que la información se multiplique en Internet hasta hacer imposible controlarla. Es necesario educar a los individuos, especialmente a los jóvenes para que sean conscientes de que lo que aparentemente es un juego puede dar lugar a problemas en el futuro y, por ello, que valoren y aprecien su intimidad con mucho más cuidado.

Que muchos menores confiesen que son usuarios de redes sociales, ¿es un dato a permitir o habría que regularlo de alguna forma?

Creo que todavía no somos conscientes de la capacidad y utilidad real de las redes sociales, de modo que se califican con frecuencia de mero juguete carente de lógica. Pero, ya se han empezado a ver cómo este tipo de instrumentos de comunicación tienen un poder enorme, así, influyeron de forma muy notable en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. También desde la perspectiva negativa, han demostrado ser también un instrumento muy eficaz para la organización de grupos en manifestaciones y movimientos antisociales.

Creo que el futuro de las redes está todavía por definir y considero esencial que los jóvenes las utilicen, ya que este uso será lo que permita conocer y utilizar su verdadero potencial.

Igual que hace treinta años comenzó a utilizarse el teléfono móvil o el correo electrónico, sin que nadie viera claramente hasta dónde podían llegar estos medios, hoy nadie duda de que se trata de dos elementos básicos de desarrollo de las relaciones sociales. Probablemente, en un futuro próximo podremos decir lo mismo de las redes sociales y de la tecnología en que se basan y cabe augurar que esa manifestación se hará en un plazo mucho más breve que lo que han tardado el teléfono o el e-mail en formar parte inseparable de nuestras vidas.

Por último, ¿qué solución ve al problema de la justicia en nuestro país?

Es una pregunta ajena a las nuevas tecnologías… sin duda se trata del mayor problema con que se enfrenta la sociedad contemporánea, ya que no se trata de un problema singular de España. Probablemente la solución no será simple, no basta con mejorar los medios de los tribunales, ni con tratar de buscar soluciones a parte de la administración de justicia para la resolución de conflictos, como es el arbitraje, quizá ambas soluciones no basten por sí para resolverlo, aunque formarán parte de las medidas que sin duda habrá que adoptar, ya que el problema existe y no puede ignorarse la enorme trascendencia que tiene para la convivencia en la sociedad.

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