“Ha llegado el momento de reformar la actual Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, dado el retroceso que se está produciendo en la defensa de los derechos y libertades de los usuarios de este servicio público”, manifiesta a lo largo de esta entrevista Luis Nieto, Presidente de la Comisión de Asistencía Jurídica Gratuita del CGAE. Aunque el modelo de justicia gratuita que España se dotó con la ley de 1996 que funciona “perfectamente” y es “referencia en el mundo”, hay que adaptarla a los cambios que se han producido en los últimos años. Nieto lamentó que en España se ha llegado a una situación en la que los ciudadanos reciben “distinto trato” en función de la comunidad en la que residen y, en concreto, apuntó a las comunidades de Valencia y Madrid como aquellas en las que la situación reviste mayor “preocupación”. En su opinión, el hecho de que haya comunidades que congelen los presupuestos destinados a este servicio, a pesar de que el número de solicitudes está aumentando entre un 20 y 30%, supone un recorte de derechos, ya que “si no hay presupuesto será imposible atender las demandas de los ciudadanos sin recursos”.

Luis F. Nieto Guzmán de Lázaro es abogado en ejercicio, licenciado por la facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, desde hace 20 años (junio 1990) y Abogado de Oficio desde entonces hasta la actualidad.

Cinco años Diputado del Turno de Oficio de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Salamanca (1995-1999, ambos inclusive) y otros 5 años Secretario de la misma (2000 a 2004, ambos también inclusive)

Decano de dicho Colegio de Abogados desde el 30 de enero de 2009 y Presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE (Consejo de la Abogacía Española) desde el pasado 26 de febrero del 2010

¿Podría explicarnos cuál es la situación actual de la justicia gratuita en nuestro país? ¿Por qué es tan heterogénea y cómo es posible que haya ciudadanos que reciben distinto trato en función de la comunidad autónoma en la que residen o a la que llegan?

La situación actual está, sin duda, marcada por la crisis económica que ha generado un notable incremento del número de solicitudes, derivadas tanto de un mayor número de reclamaciones como de ciudadanos que han pasado a encontrarse en lo límites económicos que les habilita para poder ser beneficiarios de justicia gratuita.

En cuanto a ese carácter heterogéneo, hemos de partir de que la Ley tiene alcance estatal y que la implantación de los Colegios de Abogados en todo el territorio garantiza una homogeneidad en las cuestiones más básicas y esenciales; dicho lo cual, ciertamente se observa esa situación si bien no ya sólo entre diferentes CCAA, en virtud, por otra parte, del ejercicio legítimo de sus competencias, sino incluso entre provincias de una misma Comunidad como consecuencia de los diferentes criterios que cada Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita mantiene a la hora de resolver, en cada caso concreto, sobre el reconocimiento o no del derecho.

En un momento de recesión como el actual, con menos recursos, ¿cómo se puede garantizar el acceso a la justicia gratuita?

En tiempos como los actuales, el acceso a la justicia gratuita no sólo se puede garantizar, sino que, si cabe, el compromiso debe ser, precisamente por ello, aún mayor, de las diferentes Admones como de la propia Abogacía que, de hecho, ya está planteando una batería de acciones e iniciativas en el marco de una amplia campaña en este sentido, ya que se trata de una exigencia constitucional que afecta a un buen número de derechos fundamentales –como los de igualdad, asistencia letrada al detenido, defensa o tutela judicial efectiva-. Lo que no cabe, en ningún caso, es que ello dé lugar a recorte alguno de derechos ni recaiga, en definitiva, ni sobre quienes más padecen la crisis, ni sobre los que tienen que defenderlos.

¿Qué opinión tiene del problema del turno de oficio en Madrid, con atrasos económicos preocupantes? ¿Dónde puede estar la solución a este conflicto que tiende a cronificarse?

Más allá del caso concreto que me indica, subrayaría que el Turno de Oficio se configura como un auténtico servicio público, de extraordinaria importancia para la ciudadanía y como tal ha de abordarse por las diferentes Admones. con competencia en la materia, en todos y cada uno de los aspectos que lo conforman, entre ellos, lógicamente, a la hora de afrontar los pagos correspondientes.

¿Qué medidas urgentes reclama la abogacía en la reforma de la Ley la Justicia Gratuita desde 1996?

La Ley 1/96 supuso importantes cambios y avances en la regulación de la justicia gratuita, si bien es lo cierto que después de más de 14 años de aplicación y partiendo de la plena vigencia del modelo, se han ido detectando una serie de situaciones que pueden ser objeto de reforma o que requieren de una adaptación a la realidad social y jurídica actuales y que, más que un aspecto concreto de singular urgencia, requerirían un abanico de medidas que puedan incidir en la mejora tanto de la calidad del servicio como de la situación de los profesionales que lo prestan.

A modo de ejemplo y entre otras, en orden a ampliar los derechos del ciudadano, sería preciso asegurar la intervención letrada en la fase administrativa previa al proceso (por ejemplo, en los ámbitos laboral y contencioso) o en el asesoramiento a mujeres víctima de violencia antes de formular denuncia o en la orden de protección; hay que seguir avanzando en la implantación de nuevas tecnologías en la tramitación de la solicitud, también en el control de calidad del servicio; habría que uniformar en la medida de lo posible los criterios de la comisiones de justicia gratuita, antes aludido, para dotar de mayor seguridad jurídica al sistema; mejorar las condiciones en que el profesional presta el servicio, no ya sólo económicas, sino a nivel de aseguramiento u otras, etcétera.

¿Cuál el retrato robot del abogado que está implicado en la justicia gratuita? ¿Considera que habría que hacer una revisión salarial para que pudiera dedicarse, si así quisiera únicamente a esta práctica legal?

Existen muchos tópicos y prejuicios sobre la figura del Abogado de Oficio que en muchas ocasiones no se corresponden con la realidad: por ejemplo, no es “joven e inexperto” como no es inusual escuchar. Su perfil medio, según recientes estudios, está en torno a los 41 años de edad y más de 13 de ejercicio profesional, con unos requisitos de acceso muy superiores hoy en día –aún pendiente de entrada en vigor de la Ley de Acceso- a los generales del ejercicio profesional (en concreto, se le exigen 3 años de experiencia además de Escuela de Práctica Jurídica u otros cursos homologados, unidos a otros requisitos de experiencia o formación más concreta según los turnos de que se trate…etc). Su labor callada pero sumamente eficaz hace posible que el servicio funcione las 24 horas del día los 365 días del año, en todas las demarcaciones territoriales del país y en todos y cada uno de los órdenes jurisdiccionales.

En cuanto a lo segundo, sin perjuicio de las justas y legítimas reivindicaciones que procede efectuarse no sólo en materia de retribución sino de otras condiciones inherentes a la prestación del servicio, para la mayor parte de los Abogados de Oficio los ingresos del turno no suponen la principal fuente de ingresos del despacho, como tampoco es éste el objetivo del modelo, caracterizado por los parámetros de libertad e independencia del profesional que son las claves del mismo.

¿Cómo se controla la calidad de su trabajo? ¿Cuál es el nivel de incidencias o quejas de este colectivo respecto al total de letrados?

El control deontológico y de las obligaciones inherentes al servicio de justicia gratuita corresponde a los Colegios de Abogados ante el que el ciudadano puede acudir si no está conforme con la labor del profesional y éste ha de responder. Frente a lo que pueda pensarse, es lo cierto que el nivel de quejas respecto de los profesionales de oficio es porcentualmente muy escaso en relación a los cientos de miles de casos abordados cada año por aquéllos y normalmente de escasa entidad. Estudios demoscópicos recientes e incluso cuestionarios efectuados directamente a los beneficiarios del servicio ponen también de manifiesto un alto grado de satisfacción por parte de estos.

Numerosos Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Gratuita Penitenciarios carecen de financiación y son prestados gratis por abogados y Colegios de Abogados. ¿Cómo se ha llegado a esta situación y es posible reconducirla?

La ley prevé que todos los ciudadanos puedan tener acceso a los servicios de orientación jurídica, lo cual en el caso de quienes están privados de libertad no es materialmente posible salvo que existan en los propios centros penitenciarios: es una de las lagunas de la Ley que debería ponerse remedio mediante el correspondiente sistema de financiación pública; actualmente, se suple, en algunos casos por parte de determinadas Admones, cuando no por los propios Colegios de Abogados o grupos de voluntarios que los atienden altruistamente –que además han puesto de manifiesto la necesidad y eficacia del servicio- y en otros, sencillamente, no existen o si existían han acabado desapareciendo.

Todo lo cual pone de manifiesto la necesidad de abordar la cuestión de forma que todos los centros penitenciarios dispongan de estos servicios de financiación debidamente financiados por las administraciones correspondientes.

En las propuestas que el CGAE presentó a los medios de comunicación hace unos días, se habla de crear Carta de los Derechos de los beneficiarios en materia de Justicia Gratuita y Turno de Oficio. ¿Qué rasgos debería tener?

La idea sería básicamente la de suministrar al ciudadano la información más relevante y de la forma más clara posible sobre una materia sobre la que se habla mucho de forma tangencial o superficial pero sobre la que, en el fondo, existe un gran desconocimiento pese a su trascendencia para la efectividad real de los derechos de los ciudadanos.

¿Qué balance puede hacer del expediente tecnológico que ha sido usado por 60.000 personas? ¿Cuál es la clave de su arraigo de cara a que mejore la justicia gratuita en nuestro país?

La Abogacía está haciendo un importante esfuerzo en la modernización de sus infraestructuras tecnológicas que justamente en materia de justicia gratuita adquiere una especial trascendencia en cuanto que supone un instrumento sumamente eficaz para evitar innecesarias molestias al ciudadano que puede así ver abreviados sobremanera los trámites y tiempos de espera necesarios para obtener la documentación requerida para la solicitud del derecho. Buena prueba de ello es que, estando aún en una fase inicial, los números van siendo cada vez más importantes y aumentan día a día según se produce su progresiva implantación.

Por último, dénos sus ideas cara a la modernización de nuestra justicia

La modernización de la justicia es una tarea, sin duda, de todos y cada uno de quienes intervenimos en su día a día, desde las instancias políticas correspondientes hasta los diferentes colectivos del funcionariado y profesionales, sin que pueda abordarse por ninguno de ellos en forma exclusiva ni excluyente, lo que pone de manifiesto la necesidad de un auténtico pacto de estado y un análisis conjunto de todos ellos para poner encima de la mesa las principales carencias actuales y sus posibles vías de solución.