“Llevamos desde el mismo viernes que se generó el conflicto con los controladores trabajando, la profesión de abogado es así, a veces debes dedicarle las 24horas a tu cliente ” señala Luis Vericat, socio de Cremades & Calvo Sotelo y portavoz del despacho en la recién constituida Plataforma de Afectados por el cierre del espacio aéreo. Una situación compleja vivieron muchos españoles que intentaron desplazarse por avión durante el pasado Puente de la Constitución. Si las pérdidas para comerciantes e industria hostelera ronda los 400 millones de euros, los afectados más directos aún esperan poder resarcirse, de ahí que la gran mayoría de ellos, sobre los 5.000, como último dato disponible, se haya agrupado alrededor de este despacho. “Nosotros hemos puesto a disposición de estas personas”, comenta Vericat, “nuestra experiencia en casos como los de Madoff y la Seda para que puedan reclamar sus intereses y les sea cuantificado el indudable daño moral que han sufrido ante esta adversidad.” Bajo su punto de vista estamos ante una situación sin precedentes, por lo que la indemnización que se estima por pasajero de 10.000 euros debe ser también especial, “La situación generada por los controladores abandonando su puesto de trabajo es grave; extrema y complicada. Creemos que cualquier criterio que con anterioridad hayan empleado los Tribunales en cuantificar esos daños morales no nos sirven para enjuiciar este caso. Sabemos que nuestra pretensión es valiente y audaz. Sin precedentes. Pensamos en que esta situación se tipifique un daño moral común a todos. Sería complicado saber si una persona ha sufrido más que otra desde este contexto”.
Más de 5000 afectados se han unido para reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios a los controladores y a los responsables subsidiarios. Aunque la mayoría de los afectados provienen de diferentes ciudades españolas, hay también numerosos reclamantes extranjeros. El objetivo de la que es considerada como la primera organización colectiva de afectados por este tema, es plantear sus reclamaciones judiciales de indemnización ante los Tribunales de Madrid. Madrid, Cataluña, Andalucía y Canarias son las Comunidades Autónomas que, hasta la fecha, presentan un mayor número de reclamantes en este sentido.
Para ello los perjudicados han contratado al Bufete Cremades & Calvo-Sotelo, cuyo departamento de derecho procesal ha liderado algunas de las reclamaciones colectivas más importantes de los últimos años, como las derivadas del fraude financiero ocasionado por Madoff o la que protagonizan en la actualidad los perjudicados por La Seda de Barcelona.
Todos ellos insisten en que aparte del natural resarcimiento económico por los diferentes costes inherentes a los perjuicios que están sufriendo, reclamarán una indemnización millonaria por los daños morales soportados durante estos días. Menores de edad que llevan más de tres días casi sin poder comunicarse con sus padres, bodas y convenciones internacionales suspendidas, viajes organizados e incumplimientos contractuales derivados de la acción negligente de los controladores son una muestra representativa de los perjuicios que ha producido la huelga salvaje de los controladores aéreos españoles.
Luis Vericat, socio de Cremades & Calvo-Sotelo, nuestro entrevistado ha manifestado que un equipo de sesenta abogados del despacho está “trabajando en la estrategia jurídica y en la cuantificación de los daños para solicitar una indemnización que seguramente será millonaria, por la magnitud y extensión de los perjuicios causados”.
El extraordinario volumen y dimensión del caso y su especial trascendencia ha motivado que los afectados, asesorados por el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, hayan solicitado a Carlos Divar, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejero General del Poder Judicial, una reunión urgente ante el posible colapso judicial del que puede ser el mayor reto de la Justicia española en su historia reciente.
El motivo de la reunión es solicitar amparo al Consejo General del Poder Judicial para que ponga a disposición de los Juzgados y Tribunales españoles los medios y recursos necesarios para afrontar con garantías este caso. En opinión del socio de Cremades & Calvo-Sotelo, Luis Vericat “los testimonios de los afectados ponen de relieve que más allá de los daños materiales, los perjudicados también han sufrido sustanciosos daños morales por la imposibilidad de viajar”. Paradójicamente aquéllos que se encontraron atrapados en los aeropuertos españoles pueden resultar doblemente perjudicados si la Justicia española no atiende sus peticiones.
¿Cómo se ha puesto en marcha esta Plataforma de afectados desde su bufete?
El propio viernes, cuando los ciudadanos conocimos la situación anómala e insólita en nuestro país, de la ausencia masiva de los controladores en su puesto de trabajo y, por ende, del cierre del espacio aéreo durante 20 horas, empezamos a recibir llamadas al despacho. Algunos de nuestros amigos se encontraban en la situación de miles de personas, cerca de 400.000 ha cuantificado el Ministerio de Fomento, de no poder ir a su lugar de descanso elegido en este Puente de la Constitución.
Todo esto fue generando que nuestra firma adquiriera el compromiso de defender los intereses de estas personas. Creímos que la mejor manera de de ayudarles era coordinarles y darles unas primeras directrices de aquello que deberían hacer. Aún no hemos constituido una Asociación desde el punto de vista de jurídico, de todas formas la propia Ley no nos exige ese requisito de cara a la defensa conjunta que queremos hacer. Le puedo decir que en estos días festivos seguimos trabajando de forma intensa, coordinados todas las oficinas de nuestra firma, incluso tenemos un grupo de afectados en Colombia con los que ya hemos hablado. Ahora mismo, el número de afectados directos por esta situación supera los 5000 afectados en la actualidad, pero creo que podría extrapolarse hacia los 40.000
Hablaba hace un momento de dar unas directrices a estas personas afectadas, ¿cuáles han sido esas recomendaciones a esos ciudadanos molestos y estresados?
No encontramos una llamada parecida a la anterior. Cada contacto con nuestra firma puede ser incluso un drama humano o situaciones penosas lamentables. Nuestro trabajo parte de serenar a estas personas y orientarlas haciéndoles saber que pueden defender sus derechos. Tenga en cuenta que parte de nuestro trabajo, como letrados que somos, es la de escuchar a nuestros clientes antes de tomar cualquier decisión.
Desde Cremades y Calvo Sotelo pensamos que este tipo de comportamientos y sus consecuencias no deben quedar impunes. Cualquier afectado tiene el derecho, o me atrevería a decir, el deber de trabajar para que esta situación no se vuelva a repetir. La mejor fórmula es reclamar y que las personas que han causado el daño respondan ante la justicia de estos sucesos
¿Cuál va a ser el funcionamiento legal de esta Plataforma de afectados?
En primer lugar, debemos cumplir con la legalidad e interponer una reclamación a AENA, requisito imprescindible, que entendemos será desestimada
Una vez conocedores de este fallo, interpondremos una demanda contencioso administrativa, contra la propia AENA y estamos aún estudiando si incluimos en la misma a los propios controladores.
En la actualidad, un equipo de sesenta abogados del despacho está “trabajando en la estrategia jurídica y en la cuantificación de los daños para solicitar una indemnización que seguramente será millonaria, por la magnitud y extensión de los perjuicios causados”.
Nuestra intención es trabajar contra reloj para presentar la demanda el próximo 14 de diciembre. La firma está estudiando con profundidad la posibilidad de establecer demandas de grupo, una idea muy parecida a la class action americana. No obstante lo anterior, la estrategia jurídica definitiva se conocerá en los próximos días.
¿Qué conceptos engloba la reclamación que los afectados en esta Plataforma presentarán en los próximos días?
Hablamos básicamente de dos conceptos de forma concreta. En primer lugar, cuantificar el daño económico real y acreditable de cada afectado. No podemos olvidar que muchas de estas personas han tenido que costearse de forma extraordinaria alojamiento en hoteles y gastos de manutención varios. Son gastos que no estaban previstos y que acreditan con los tickets o recibos que han ido acumulando en estos días.
Junto a este daño económico que en Derecho se llama Daño Emergente vamos a reclamar ante los tribunales el Daño Moral que todos los afectados han sufrido por el caos áereo. Estamos hablando de algo real; que no es una invención de nadie. Queremos que los Tribunales de Justicia resarzan ese daño moral.
Es cierto que es muy complicado evaluarlo; por eso las leyes han intentado objetivizarlo con unas fórmulas, asi lo hacen las compañías de seguro para evaluar la responsabilidad civil de los afectados en los accidentes de tráfico. En estas fórmulas siempre hay una indemnización y siempre se incluye un daño moral. Siempre que hay una indemnización en temas de tráfico o médicos ya se evalúa ese componente de daño moral en nuestra legislación. Además existe un Reglamento Europeo donde quedan tipificados los retrasos de las aerolíneas y ese daño moral paralelo. Al final se habla de unos 500 o 600 euros por esos retrasos
Según las primeras estimaciones ustedes piensan reclamar hasta 10.000 euros por afectado en concepto de indemnización.
Creemos que estamos ante una situación única hasta la fecha. No se trata del retraso de un avión que muchas veces es previsible y aceptamos como normal, como del cierre del espacio aéreo español, por vez primera en 32 años de Democracia por unas personas, los controladores, que deciden abandonar su puesto de trabajo generando el caos que se ha producido.
Es una situación grave; extrema y complicada. Creemos que cualquier criterio que con anterioridad hayan empleado los Tribunales en cuantificar esos daños morales no nos sirven para enjuiciar este caso.
Sabemos que nuestra pretensión es valiente y audaz. Sin precedentes. Pensamos en que esta situación se tipifique un daño moral común a todos. Sería complicado saber si una persona ha sufrido más que otra desde este contexto. Por la envergadura del asunto nos parece razonable la cantidad de 10.000 euros a cada afectado que usted comenta.
Es evidente que los españoles reclamamos pocos, pero, ¿hay algún país cercano a nuestro entorno que sepa gestionar de forma adecuada estas situaciones?
Nos falta mucho para llegar a los ratios de Estados Unidos donde por cuestiones mínimas puedes recibir indemnizaciones millonarias. Es otra forma de ver el derecho, muy anglosajona, donde los propios jueces van creando la jurisprudencia. Tienen quizá mayor libertad que en otros países, para, una vez estudiado el hecho concreto, poder evaluar y notificar esas indemnizaciones.
Como antes le comentaba en España y en todo el derecho continental la cuestión es diferente. Se trata de objetivizar el daño moral; tener unos criterios para cuantificarlos siendo muy prudentes a la hora de dar las indemnizaciones. Con ello, no digo que no lo hayamos hecho bien hasta ahora. Los Tribunales españoles actúan con prudencia en estos casos, pero entiendo que hay un antes y un después. Hay momentos, y este puede ser uno de ellos que en la historia jurídica de los países hay que cambiar los criterios. Ahora es el momento para evitar, por supuesto, que vuelva a pasar un trance similar
¿Cómo jurista, como valora la decisión del Gobierno de cerrar el espacio aéreo español ante la situación generada por los controladores?
Quizás sea una pregunta más política que jurídica, pero voy a intentar responderla. En una situación como la que se ha vivido la aplicación del Real Decreto 1673/2010 de 4 de Diciembre sancionado por su Majestad el Rey desde Buenos Aires, creo que está justificada, siendo tras treinta años de democracia la primera vez que sucede algo así en nuestro país.
Evidentemente nuestro Gobierno tendrá que hacer examen de conciencia ante la aplicación del mencionado Decreto. Algo habrá fallado en estos meses de negociaciones con los controladores para llegar a esta situación limite. La verdad que valorar este tipo de cuestiones no nos toca a nosotros, a los juristas.
¿Es posible que pueda demostrarse en los próximos meses una situación de acoso laboral por parte del Gobierno hacia los controladores?
Es muy complicado contestar a esta pregunta. Lo que sí queda claro es que la actitud de los controladores, con ese abandono masivo de sus puestos de trabajo es totalmente injustificable.
Los gobiernos deben tomar decisiones y actuar sin tener en cuenta los intereses minoritarios de determinados grupos o colectivos. Es evidente que la oportunidad política de aprobar un Decreto que regulase más las condiciones laborales de los controladores, un día antes del Puente de la Constitución, puede ser cuestionable y analizable en profundidad. De todas formas estos planteamientos no pueden justificar lo que ha pasado en los aeropuertos españoles.
Situaciones como esta, o la vivida hace meses en el Metro de Madrid, hace que se reclame a los poderes públicos una Ley de Huelga, como la existente en otros países.
Es cierto que resulta sorprendente que en nuestro país, un derecho regulado en nuestra Constitución por el artículo 28.2 y catalogado como de fundamental esté sin desarrollar de forma normativa. Es evidente que la culpa hay que achacarla a los partidos políticos que han sido incapaces de ponerse de acuerdo para regular este derecho.
De todas formas, lo que han vivido los españoles en este Puente de la Constitución poco tiene que ver con el derecho de huelga que usted alude..Nunca sabremos que hubiera pasado de estar regulado este derecho; si el comportamiento de los controladores hubiera sido similar al que han demostrado en esos momentos.
Creemos que la situación es diferente. Que hay una decisión premeditada de abandonar sus puestos de trabajo y que deberán sentarse a negociar con el Gobierno en el futuro para que no vuelvan a suceder este tipo de situaciones. Lo que no puede ser es que por defender sus derechos, aplasten los de los demás. Hay muchas fórmulas de resolver los conflictos, desde luego y esta que han elegido los controladores no es, ni mucho menos, la más adecuada
¿Qué opinión tiene de las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Fomento; apertura de expedientes y la Fiscalia General del Estado de instruir diligencias?
Creo que es acertado desarrollar este tipo de medidas para poder saber en qué tipo de responsabilidades han caído los controladores. Respecto a los expedientes abiertos por Fomento se abrirá un plazo de alegaciones para determinar la posible sanción que la hubiera. Es evidente que una falta tan grave como la ocasionada en este contexto, donde se cerró el espacio aéreo podría saldarse en determinados casos con sanciones de empleo y sueldo o incluso despidos disciplinarios. Ya hay un antecedente hace más de veinte años cuando el presidente de los EEUU, Ronald Reagan despidió a más de 11.000 controladores por una situación similar.
Respecto a la actuación de la Fiscalía se instruyen diligencias para saber si los controladores han generado algún tipo de delito. Según las ultimas noticias que tenemos sobre su actuación a Fiscalía, por la vía penal, investigará «caso por caso» a unos 500 controladores, una cifra similar al número de expedientes disciplinarios abiertos por AENA, que también estudiará cada situación particular para determinar si ha habido alguna falta y, en su caso, establecer la gravedad de la sanción.
En estos momento están abiertas la vía penal y la administrativa, con sanciones que van desde la suspensión de empleo hasta la pérdida de la licencia de controlador. Sabemos además que la Fiscalía comenzará el próximo jueves 9 a tomar declaración a los controladores. Todos los casos se seguirán por la vía ordinaria y no por la militar, dado que no se tiene constancia de ningún supuesto punible después de que el Gobierno decidiera militarizar el control aéreo español en la noche del viernes.
Según fuentes de la Fiscalía, con arreglo a la ley vigente, los controladores pueden ser condenados a penas que oscilan entre los tres meses y los tres años de cárcel, para los casos más leves, y de tres a ocho años en los más graves.
Es difícil pronosticar el tiempo en que se tendrá el fallo judicial por la situación de nuestra justicia. ¿En qué plazos nos podemos mover de cara?
Queremos que los tribunales ofrezcan la indemmización que les corresponde a todos estos afectados. Pero estos procesos, como las propias actuaciones de la Fiscalía serán lentas. No podemos olvidar que están los tribunales colapsados y que cada juez soporta una media de 1800 asuntos judiciales anuales, lo que es una carga de trabajo importante. Habrá que armarse de paciencia. Las soluciones judiciales no son nunca soluciones inmediatas.
Esperamos que la interposición de estas querellas genere algún tipo de acuerdo entre AENA y los afectados, aunque por la complejidad del asunto no veo una solución negociada en estos momentos. Nuestro despacho siempre prefiere que nuestros clientes solucionen sus asuntos antes de ganar sus pleitos. La verdad que pensar en una negociación es compleja, pero no se debe descartar. No creemos que AENA vaya a aceptar las indemnizaciones millonarias que se les va a pedir y que los propios controladoras asuman sus responsabilidades generadas desde este conflicto. De todas formas, será trabajo nuestro ver la fórmula de agilizar estos procedimientos. Entiendo que un asunto de estas características quizás deberían nuestros magistrados darle la prioridad que merece por la repercusión que tiene.
En un pleito de este tipo, ¿qué es más práctico presentar tu demanda o formar parte de un colectivo de afectados como estos que ustedes defienden ahora?
En situaciones como la que estamos comentado agruparte con ciudadanos que han tenido el mismo perjuicio tiene más ventajas que inconvenientes. Genera más fuerza de cara al exterior, dando mucha más visibilidad al asunto. En ese contexto el juez puede ver que ese es un asunto que debe resolver antes por la complejidad y cantidad de afectados. Por otro lado, el coste legal de disponer de asesores jurídicos también es inferior frente a contratar de forma individual a un letrado ex profeso para este tema. En la medida que uno va agrupado puede llegar a trasladar al juez la dimensión grande de ese problema o cuestión pendiente de resolver.
Por cierto, ¿cómo interpretan ustedes las declaraciones de los controladores, a través de su portavoz, donde señalan que se encuentran en un limbo legal?
Vuelvo a la reflexión que antes hice en esta entrevista. Si todo el mundo invoca un limbo legal y tiene derechos y deberes cuando le conviene no podría funcionar nuestra sociedad. Son muy respetables las pretensiones de los controladores como trabajadores y tienen todo el derecho a defenderlas. Lo que no se puede es pisotear el derecho del vecino para defender los tuyos. No se trata tanto de estar en un limbo legal, como de respetar a los demás y saber vivir en sociedad. Se debe intentar solucionar los problemas sin generar a los demás otros adicionales. No es justificable la actitud y el comportamiento de los controladores abandonando masivamente su puesto de trabajo provocando el cierre del espacio aéreo español. Es una actitud premeditada, de fuerza ante una negociación con el Gobierno. Siempre antes de actuar, y más en contextos como el que nos ocupa, tienes que pensar.
Por último, además de los pasajeros, afectados de forma directa, ¿se han puesto en contacto con ustedes otros perjudicados, tanto a nivel de industria turística y comerciantes?
Estamos ante un problema muy complejo con bastantes derivaciones. Por ese motivo también tenemos llamadas y peticiones de comerciantes y empresarios que defendamos sus intereses vulnerados. Hay, por desgracia, mucha gente que ha perdido mucho dinero por este conflicto. Estamos ahora viendo cómo vamos a representar a estos otros colectivos, porque aquí de lo que hablamos es del lucro cesante o daño económico, más que el daño moral, difícilmente demostrable en estos afectados. Se habla de una ganancia cierta y segura que se ha perdido por las circunstancias que todos sabemos.
