En un descanso de uno de los últimos Plenos del CGAE atiende a Diariojuridico para tomar el pulso a la profesión de abogado, que tiene ante sí, en este año que acabamos de arrancar, diversos retos a los que debe hacer frente. Nielson Sánchez Stewart, decano emérito del Colegio de Málaga; presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales acaba de recibir la Cruz de San Raimundo de Peñafort, como colofón a una carrera profesional llena de hitos.” la abogacía lucha ahora en muchos frentes a la vez. Este año será el último de vacatio legis de la Ley de Acceso a la profesión, estimada en cinco años. Lo que no entiendo es porque ahora se alzan voces que señalan que ese plazo ha sido breve, comenta

Bajo su punto de vista es fundamental que el Anteproyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que ahora se debate, delimite perfectamente la colaboración del abogado con la justicia y proteja el secreto profesional del letrado, un elemento reconocido en nuestra Constitución y en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial “. Pensamos que el asesoramiento debe quedar fuera de esta obligación que por ley se le pide al abogado. Otra cuestión sería la intervención más o menos directa del letrado en determinadas operaciones corruptas. Si el abogado es consciente de lo que está haciendo, su conducta debe ser perseguida y es punible a todas luces”.

Siendo el galardón que premia a los juristas que han destacado en la Administración de Justicia, la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort es una condecoración otorgada por el Ministerio de Justicia. En esta ocasión, un abogado marbellí, Nielson Sánchez Stewart, ha sido el protagonista del acto de imposición de dicha distinción, hace unos dias, contando con la presencia de personalidades del mundo del derecho como el Decano del Colegio de Abogados de Málaga, Manuel Camas, ha sido presidido por Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española.

Este galardón, solicitado al Gobierno de España por las personas que conocen al condecorado, se otorga dos veces al año. “Si bien la concesión es del Ministerio de Justicia, son mis compañeros los que estimaron que yo era digno de ella” señala Nielson Sánchez Stewart y con respecto a la posibilidad de adherirse a la petición las personas con conocimiento de la iniciativa subraya que “en mi caso, se adhirieron 42 Colegios de Abogados y la casi totalidad de las autoridades de Málaga”.

A pesar de que sus compañeros la solicitaron en Junta General Extraordinaria del Colegio de Abogados de Málaga el 10 de noviembre de 2006 y el Ministerio de Justicia la concedió el 6 de diciembre de ese año, no ha sido hasta hace unos dias cuando tuvo lugar el acto de imposición de este galardón. Una ceremonia que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Marbella, espacio de gran importancia para el abogado marbellí ya que es en esta localidad donde ejerce desde hace casi cuarenta años y donde reside.

No es la primera vez que Nielson Sánchez Stewart recibe este galardón. En 1998 recibió otra Cruz de San Raimundo de Peñafort, en una categoría distinta ya que se trataba de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden, cuando era Delegado del Colegio de Abogados de Málaga en Marbella y quién se la impuso “me conminó a no considerar esa distinción como el final de una carrera sino como un acicate para seguir trabajando”, subraya el abogado marbellí.

Y así lo ha hecho. Nielson Sánchez Stewart, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Facultad de Chile en 1968 y en Derecho por la de Barcelona en 1973 y Doctor en Derecho por la Universidad de Málaga, ha sido miembro de la Orden del Colegio de Abogados de Chile, Decano del Colegio de Abogados de Málaga desde 2003 hasta el año 2006 y actualmente es Consejero del Consejo General de la Abogacía Española, Consejero del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y Presidente del Tribunal Arbitral de Málaga. De esta manera, hace más de veinte años que trabaja por la Abogacía y por los Abogados y con una implicación especial en el Derecho Institucional.

¿Podría explicarnos que sensaciones tiene tras recibir la Cruz Raimundo de Peñafort?

Es un gran halago para cualquier profesional recibir esta distinción desde dos vertientes. En primer lugar no podemos olvidar que la solicitan tus propios compañeros de profesión. Además bajo mi punto de vista es un cauce para los afectos; permite comprobar que realmente las personas que se acuerdan de ti lo puedan manifestar. Afortunadamente con este tipo de homenajes puedes ver la gente que te aprecia.

Este año 2010 va a ser un año importante para la abogacía española, ¿cómo se ven desde Marbella los retos de nuestra abogacía?

Es verdad, la abogacía lucha ahora en muchos frentes a la vez. Este año será el último de vacatio legis de la Ley de Acceso a la profesión, estimada en cinco años. Lo que no entiendo es porque ahora se alzan voces que señalan que ese plazo ha sido breve. Ya manifesté en su dia que este plazo de demora no era lógico, como tampoco lo es que algunos Decanos de Facultades pidan otra prórroga. No conozco a lo largo de mi trayectoria una norma de esta importancia que haya tardado tanto tiempo en estar vigente.

Desde mi punto de vista la ley parte de un error inicial grave al darle competencia al Ministerio de Educación en la expedición de los títulos académicos, cuando este trabajo debería estar centrado en el propio Ministerio de justicia, entidad con la que nos relacionamos orgánicamente. No debe prolongarse esta situación que es única a nivel mundial. En cualquier país se exigen más cosas que la sola titulación universitaria para ejercer como abogado

Señor Sánchez Stewart, somos un país de contrastes. Muchos abogados y escasos jueces y las estadísticas señalan que, por diversos motivos, el 40 por ciento de los jóvenes abandona el ejercicio profesional en los cinco primeros años de ejercicio. ¿Cómo se interpreta esta cuestión?

La abogacía es una profesión muy dura. Tienes contacto con tus clientes desde el primer día y no tienes una preparación de años como hay en otros colectivos como los notarios. Desde esa vertiente es normal que muchos profesionales se desencanten o reenfoquen su actividad profesional.

Ser abogado exige mucha dedicación y grandes dosis de vocación y no siempre es agradecida desde el punto de vista económico. Además no podemos olvidar que la propia sociedad no tiene una imagen del toda buena de nosotros; piensan que complicamos las cosas y que de alguna forma entorpecemos la vida social, cuando nuestro trabajo es todo lo contrario desde luego.

En este proyecto de la Ley de Acceso ha quedado suprimida la pasantía. ¿Cree que es lógico que esta figura haya desaparecido?

Es evidente que la pasantía prestó sus servicios de forma impecable durante muchos años. Pero era incompatible con la masificación. Ahora no se veía que tuviera un sitio en este proyecto. Es un figura que requiere paciencia del sujeto pasivo y honestidad del titular del despacho. Nadie puede obviar que al amparo de la pasantía se cometieron diversos abusos. Hoy en dia el mundo exige que también los jóvenes tengan sus retribuciones por los tiempos que vivimos tan complejos. La pasantía no desaparecerá nunca. Estará en esos lugares precisos donde pueda desarrollarse sin las presiones antes citadas

Otro dato revelador señala que el 70 por ciento de los despachos de abogados españoles son unipersonales o bipersonales.

Esta es una situación particular de nuestro país. Este modelo de organización de la abogacía no se contempla en ningún otra nación vecina. Hoy en dia el ejercicio de la profesión en solitario se está convirtiendo en una experiencia casi imposible. El Derecho y la legislación son tan profusos que es inabarcable para cualquier letrado.

En el otro lado, el cliente aun no admite la especialización del letrado; es un problema cultural que deberemos solventar. Suele pasar que si le dices a tu cliente que este tema no lo abordas, te mire con recelo y puedas perderlo como tal. Por este motivo en los últimos años surgen los despachos de múltiple actividad donde los socios que se reúnen son expertos en diversos temas.

Otro dato que se advierte en nuestro país es que el abogado, desde muy joven, prefiere tener su despacho en propiedad que alquilarlo. Este tipo de comportamientos evita también que varios socios lleguen a un acuerdo y creen una firma mayor. Este tipo de prácticas es inconcebible en países como Inglaterra, por ejemplo. Es como si el abogado español llevara en sus genes la práctica del individualismo.

Con las nuevas tecnologías en ebullición en general, y en Internet en particular, ¿podemos hablar de una forma de ejercer la profesión de abogado?

No creo que cambie tanto el contenido; el trabajo del letrado como la forma que éste emplea para realizar su trabajo. No en todos los casos recomiendo que se sustituya el contacto personal entre letrado y cliente. De todas formas si es evidente que el uso de las comunicaciones telemáticas en general y de la firma electrónica en particular es un gran acierto porque optimiza el tiempo del letrado y de su cliente. Es cuestión de saber utilizarlos para poder dar un mejor servicio a tu cliente. Iniciativas como la de Penalnet, empujada desde el CGAE une a abogados penalistas de diferentes países europeos con el ánimo de intercambio de información y apoyo en determinados clientes

Si le parece abordamos ahora diversas cuestiones relacionadas con su cargo de Presidente en el CGAE de la Comisión de Prevención de Blanqueo de capitales. ¿Cómo puede solventarse el conflicto entre el secreto profesional del letrado y sus obligaciones como sujeto obligado según la 2 Directiva Europea sobre blanqueo?

La obligación de los letrados de informar sobre cuestiones de blanqueo arranca del 2003, en virtud de la Ley que transpuso la Segunda Directiva Europea sobre blanqueo de capitales. Desde que se puso en marcha esta disposición hemos manifestado que estamos de acuerdo en colaborar con la sociedad cumpliendo esas obligaciones. Este delito de blanqueo de capitales atenta contra la sociedad y los principios fundamentales del derecho. Ahora bien, dicho esto también venimos luchando para que se delimite la situación del abogado en estos temas. En este sentido no puede vulnerarse el secreto profesional que es uno de los pilares de nuestra profesión, clave para el derecho de la defensa. También viene respaldado por la propia Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Ley vigente de Prevención de Blanqueo de Capitales 19/2003 obliga al abogado de dar cuenta al SEBLANC, Servicio Ejecutivo de Blanqueo de Capitales de cualquier indicio, noticia o certeza de este tipo de operaciones. Eso que es una obligación, es contrario sino se delimita de forma correcta, a nuestro secreto profesional. Además la propia vulneración del secreto profesional le hace cometer al letrado un delito tipificado en el Código Penal.

El problema realmente se presenta en zonas grises del llamado asesoramiento, una de las labores claras del abogado con su cliente. Pensamos que el asesoramiento debe quedar fuera de esta obligación que por ley se le pide al abogado. Otra cuestión sería la intervención más o menos directa del letrado en determinadas operaciones corruptas. Si el abogado es consciente de lo que está haciendo, su conducta debe ser perseguida y es punible a todas luces. Asi viene reflejado por dictámenes últimos de los Tribunales de las Comunidades Europeas y así vendrá en la próxima directiva comunitaria, la tercera, sobre blanqueo de capitales

Ahora que se está en plena reforma del Cödigo Penal, ¿cree que habría que endurecer las penas en los delitos por blanqueo de capitales?

Más que un endurecimiento, si echo en falta una regulación específica del delito como tal. Que se mejore su redacción y se establezcan los límites reales de lo que es el delito. En el Código Penal no se utiliza la expresión blanqueo de capitales. Simplemente el articulo 305 con una redacción muy pobre importa unas definiciones que provienen de textos internacionales y que al traducirse pierden su auténtico sentido. No soy partidario ni del agravamiento de penas ni de sus plazos de prescripción en este sentido.

¿Qué actividades se van a desarrollar este año desde la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales que usted preside?

A lo largo de este año estamos reuniéndonos con todos los interlocutores políticos y sociales para manifestar nuestra opinión sobre el Anteproyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.. El Anteproyecto plantea una reforma legislativa de calado (la nueva Ley de blanqueo pasará de los actuales 16 artículos a 61) que, sin lugar a dudas, será objeto de amplio debate y análisis, especialmente en el ámbito del “compliance” por parte de los sujetos obligados. Como le comentaba antes, es fundamental evitar la colisión entre el secreto profesional y la prevención del blanqueo.

Otra tarea que estamos ya elaborando es el segundo Congreso Nacional de Prevención de Blanqueo de Capitales, que esperamos tenga tanta afluencia de público e interés como el de Málaga del pasado año. Su celebración, está a expensas de que se apruebe el citado anteproyecto, pero creo que para mediados de otoño podrá organizarse. También queremos colaborar con la abogacía en su papel de sujeto obligado ofreciéndoles las herramientas adecuadas para que puedan colaborar con la justicia.

Nuevas Leyes que se esperan y nuevas reformas que se impulsan desde el Ministerio de justicia. ¿Cómo valora esta modernización que se anuncia en primavera?

La Justicia debe de cambiar de forma profunda. A pesar de la buena voluntad de todos los que trabajamos en ella sigue habiendo cuestiones crónicas a resolver. Es duro decirlo pero está ahí, la sociedad ha perdido la confianza en la justicia y eso es muy grave. No es tanto modificar las normas jurídicas que no son malas, como el dotarle del presupuesto y medios humanos adecuados. Se trata en definitiva que combine la celeridad con su eficacia procesal. Es el caso de los jueces, se espera un trabajo ímprobo de ellos pero escasean.

¿Creen que han mejorado las relaciones entre jueces y abogados?

Hay que contestar con calma a esta pregunta. La relación institucional entre ambas entidades es buena. La relación profesional y personal creo que es muy mejorable. Hay que intentar romper la desconfianza mutua que parece existir. En muchas ocasiones el juez puede llegar a creer que ese abogado está allí para ocultarle parte de la verdad y así entorpecer su labor. No hay una relación fluida entre jueces y abogados. Que exista esa desproporción numérica entre ambos colectivos tampoco ayuda a que mejore su relación diaria.

La presencia de abogados en la propia Escuela Judicial creo que ayudaría al acercamiento de posturas entre ambos operadores jurídicos. Es el lugar ideal donde debería profundizarse con más detalle en la figura del letrado. A su vez, también sería interesante promover la presencia de estos compañeros jueces en las diferentes Escuelas de Práctica Jurídica. Por mi experiencia puedo decirle que las relaciones que se establecen allí entre magistrados y letrados suelen durar para siempre.

Ahora que cita a los jueces, ¿comprende sus reivindicaciones y malestar en la actualidad?

Estamos hablando de un colectivo vocacional por encima de todo. Que han pasado por una dura oposición y que a nivel retributivo es evidente que pese a la responsabilidad que tienen, no están a la altura de otros colectivos. Es lógico que desde esta perspectiva muchos pasen luego a la actividad privada.

Es fundamental racionalizar el funcionariado de la justicia. No tiene sentido que los diversos operadores jurídicos; abogados, jueces, secretarios judiciales y demás funcionarios dependan de administraciones diferentes. Hay que dar un paso en ese sentido a una uniformar la estructura de nuestra justicia.

Debemos buscar otros variables, y fijarnos en sistemas como el británico que ofrece más permeabilidad y ofrece la posibilidad sin traumas que los abogados se integren en la magistratura, con facilidad y de forma temporal. Se que hay compañeros de indudable experiencia que no desentonarían en la Magistratura. Sin embargo, por las propias estructuras que hablábamos antes, es complicado el acceso del abogado al mundo judicial

Por último, usted que es presidente del Tribunal Arbitral de Málaga, ¿qué opinión tiene de la idea de algunos expertos de potenciar los métodos extrajudiciales, como el arbitraje y la mediación en un momento de crisis como el que vivimos?

Creo que pueden ayudar en algo a solucionar el problema de nuestra justicia, pero no es la panacea para todos los males que tiene el sistema de justicia español. Son soluciones positivas que el abogado debería fomentar. De todas formas, la propia complejidad de nuestra sociedad avala en determinados casos la judicialización del problema. La cuestión es evitar esa judicialización de forma general. El buen abogado resuelve muchos conflictos antes de ir a los tribunales. Se trata de resolver el problema sin acudir a la via judicial. Los abogados resolvemos muchas cuestiones que no se conocen estadísticamente pero que evitan ya en estos momentos que se conviertan en otros procesos judiciales.

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