Que la inmigración es un fenómeno de importancia en la sociedad española ha quedado demostrado cuando el Consejo de Ministros acordó remitir al Parlamento el cuarto proyecto de reforma de la Ley de Extranjería que discutirán las Cortes en el periodo de nueve años. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, confía en que la norma entre en vigor antes de que termine el año. En opinión de Pascual Aguelo, presidente de la Subcomisión de Extranjeria del CGAE “ Frente a aspectos que se pueden calificar como “saludables con reservas” (derechos fundamentales, reagrupación familiar o las mayores garantías a dar a las víctimas de la trata de personas, entre otros), encuentra un buen número de “aspectos francamente rechazables” como la restricción de derechos sociales, la restricción del derecho a la educación o la reagrupación familiar de ascendientes menores de 65 años).”

Desde su punto de vista “Causan especial preocupación la postulación procesal, el exceso sancionador y la ampliación del internamiento.” Estas modificaciones se producen desde una triple perspectiva. En primer lugar la adecuación del texto legal a la doctrina del Tribunal Constitucional; la transposición al derecho español de un importante número de Directivas adoptadas en el ámbito de la Unión Europea. Y, por último En tercer lugar adecuar su regulación al nuevo contexto migratorio.

Pascual Aguelo es Abogado Colegiado del R.e I. Colegio de Abogados de Zaragoza desde 1975.

A lo largo de su carrera se ha especializado en temas de Inmigración, Extranjería y Derechos Humanos. Es Responsable de los Servicios de Extranjería y del Curso sobre Derecho de Extranjeria del Colegio de Abogados de Zaragoza desde 1992. Fue Coordinador y Ponente en diferentes foros de relevancia internacional en este terreno; la 1ª Conferencia Internacional de Abogados de Derecho de Extranjería. Zaragoza, 1995 y Ponente por España en el II Encuentro Internacional celebrado en Nanterre (París) 1997; Foro Social Migraciones Rivas Madrid 2006; o participante de los Encuentros Abogacía Extranjería, Pamplona, 2007, Las Palmas, 2008.

Respecto a los puestos y cargos que ostenta hay que señalar que es Presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo GenerGAE). Responsable Jurídico de la Web de extranjería del ReICAZ. y Web INTERMIGRA. Codirector del Título de Postgrado E-Learning de Experto Jurídico sobre Migraciones Internacionales y Extranjería. Director de la Revista de Derecho Migratorio y Extranjería. Lex Nova. Director Curso de la Universidad de Verano de Jaca sobre Migraciones Codirector del Seminario Permanente sobre Migraciones Internacionales y Extranjería (INTERMIGRA-SEMIEX).

Sobre el capítulo de publicaciones, su producción es prolífica en este terreno:

Libros relacionados con temas de inmigración, extranjería y derechos humanos; Comentarios a la nueva Ley Orgánica 4/2000 y a la Ley Orgánica 8/2000 (escrito con Aurelia Alvarez Rodríguez). Lex Nova-ReICAZ. Normativa comentada sobre Derecho de Extranjería. (escrito con Aurelia Alvarez Rodríguez). Lex Nova 2001. Curso a distancia “Introducción al Derecho de Extranjería”. Lex Nova. 2001-2008. Comentarios a la Ley de Extranjería. (Compilador JC Campo Cabal). Civitas, 2001. Manual del Inmigrante. Ed. Océano, 2004 Comentarios al Reglamento de extranjería (Coord. Margarita Ramos), LexNova, 2007 Trabajar, estudiar vivir en España, Ed. Océano 2008.

¿Qué opinión nos puede hacer sobre la actual legislación de inmigración? ¿Y sobre el Anteproyecto que va a reformar la Ley de Extranjeria? ¿Es una legislación progresista de acuerdo con los tiempos?

En estos momentos nos hallamos en un nuevo proceso de modificación de la Ley Orgánica de Extranjería. El triple motivo explicitado para esta nueva reforma sería:

En primer lugar la adecuación del texto legal a la doctrina del Tribunal Constitucional.

En segundo término, la transposición al derecho español de un importante número de Directivas adoptadas en el ámbito de la Unión Europea.

En tercer lugar adecuar su regulación al nuevo contexto migratorio.

Este proceso de reforma debiera servir de escenario de reflexión a todos los estamentos implicados en la regulación de la situación jurídica de los extranjeros en España para desarrollar un Derecho de Extranjería, con vocación de permanencia y estabilidad con la persona como centro de su regulación y con la firme voluntad de reconocer y garantizar los Derechos Humanos de las personas migrantes.

Pero no es seguro que la reforma pretenda ese objetivo; de ahí que sus principales problemas hayan sido puestos de manifiesto -entre otras instituciones- por la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española.

A vuelapluma se puede señalar que la reforma contiene elementos de signo muy variado que podríamos interpretar como una voluntad de dar “una de cal y otra de arena”. Frente a aspectos que se pueden calificar como “saludables con reservas” (derechos fundamentales, reagrupación familiar o las mayores garantías a dar a las víctimas de la trata de personas, entre otros), encuentra un buen número de “aspectos francamente rechazables” como la restricción de derechos sociales, la restricción del derecho a la educación o la reagrupación familiar de ascendientes menores de 65 años).

Causan especial preocupación la postulación procesal, el exceso sancionador y la ampliación del internamiento.

Por lo que se refiere a la postulación procesal (art. 22, del Anteproyecto) la exigencia de unos requisitos especiales y más restrictivos a los extranjeros para acceder a la Jurisdicción contencioso-administrativa hace que la tentación de seguir restringiendo derechos constitucionales básicos a los extranjeros en que no se ha caído en otros artículos se produzca aquí. El gobierno se alinea con las posturas más reaccionarias de la judicatura, que pretende restringir el derecho a la tutela judicial efectiva a los extranjeros –inamoviblemente reconocido como propio de la condición humana para toda persona–.

Respecto al exceso sancionador, en segundo término, se observa que muchas de las novedades suponen una vuelta de tuerca en la política represiva contra los extranjeros en general –y no sólo, como declara la retórica oficial, contra la inmigración irregular–. Debemos transmitir muy claramente que no es lo mismo “inmigración irregular” que “inmigración ilegal”, como tampoco es lo mismo “facilitar” que “beneficiarse o traficar” con la inmigración irregular.

Sin embargo, se carga sobre el Empresario con obligaciones que en la inmensa mayoría de los casos proceden del mal funcionamiento de la Administración, y se incluyen infracciones de índole laboral de nuevo cuño que parecen no tener otro objeto que desincentivar una contratación que se ha revelado las más de las veces necesaria. De hecho se confunde la lucha contra la inmigración irregular con la lucha contra el inmigrante irregular y se extiende incluso a todo su ámbito personal, familiar, laboral, etc, generando una atmósfera de persecución a su alrededor más propia de un estado policial que de un Estado social y democrático de Derecho.

Finalmente, la ampliación del internamiento a 60 días refleja que en realidad el internamiento no se concibe como una medida cautelar, sino como un instrumento represivo más de castigo, que conviene endurecer. Desde luego el principio de proporcionalidad (citado en el Anteproyecto) no despliega todos sus posibles beneficiosos efectos. Además existe la posibilidad de suspender el cómputo del plazo de 60 días, lo que de hecho puede suponer la prolongación “sine die” del internamiento.

¿Podría decirnos cuáles han sido las conclusiones principales de las jornadas celebradas recientemente sobre extranjería en Santander?

El 19 Encuentro de la Abogacía en materia de extranjería y asilo reunió recientemente en Santander cerca de 250 especialistas en temas migratorios. Resulta por ello complejo destacar en unas pocas líneas el contenido de las casi doscientas conclusiones alcanzadas en las diferentes ponencias y mesas de trabajo. No obstante y haciendo un esfuerzo selectivo diría que los debates se centraron en dos temas fundamentales: el examen del nuevo derecho migratorio internacional, europeo y español que surge del actual contexto de profunda crisis económica coyuntural y el papel de los abogados en este nuevo escenario migratorio.

Del examen de la evolución del Derecho Migratorio Europeo y del Derecho Europeo de Extranjería, uno de cuyos más amargos frutos es la Directiva sobre retornos 2008/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, constatamos una tendencia a la restricción de los Derechos Fundamentales que sufren principalmente las personas migrantes. El tratamiento legislativo europeo de la inmigración (que se contagia irremediablemente al nacional) ha pasado de ser un motivo de inquietud a una situación de alarma para los profesionales de la extranjería, al implicar igualmente un recorte en la capacidad de intervención y defensa de los operadores sociales y jurídicos.

El verdadero reto al que se enfrenta la Unión Europea no es el de cerrar las fronteras, sino el de regular y gestionar eficazmente los flujos migratorios, la convivencia entre personas de distintos orígenes y culturas, respetando en todo caso el Sistema Universal y Regional de los Derechos Humanos.

¿Están bien asesorados nuestros inmigrantes, qué valoración puede hacer, veinte años después la puesta en marcha de los Servicio de Asistencia y Orientación jurídica para inmigrantes (SAOJI)?

Después de casi veinte años de existencia de los primeros turnos y servicios colegiales en materia de extranjería puedo afirmar que los abogados españoles que prestan sus servicios profesionales en los turnos de oficio de extranjería aportan unos conocimientos altamente cualificados que garantizan en la mayoría de los casos una eficaz defensa de los derechos e intereses de las personas migrantes. Indudablemente la situación varía de un Colegio respecto de otro.

En esa perspectiva parece necesario consolidar el trabajo colectivo de la Abogacía española que constituye ya un marco de referencia para el tratamiento de los movimientos transnacionales de personas desde la perspectiva fundamental de garantes de los Derechos Humanos.

Es preciso asimismo reforzar la capacitación permanente de los abogados y agentes implicados en el trabajo profesional y el apoyo a las estructuras organizativas colegiales en el papel de la Subcomisión de Extranjería del CGAE juega un papel fundamental.

En este sentido resaltamos: el Curso de Postgrado “Experto Jurídico en Migraciones Internacionales y Extranjería”, que se imparte desde el año 2002, los Cursos de formación impartidos por las Escuelas de Práctica Jurídica, Cursos de acceso a los Servicios del Turno de Oficio, Cursos de especialización y otras actividades de capacitación desarrolladas por los diferentes Colegios de Abogados.

En el XIX Encuentro celebrado en Santander se presentó una importante actualización del Programa de Formación elaborado en Córdoba que pretende adaptar el contenido de los cursos formativos al nuevo contexto migratorio.

Todo ello, debe conducir a fortalecer la formación teórica y práctica en Migraciones Internacionales e Integración, hacer a la Abogacía española todavía más visible en el ámbito internacional, potenciando la imagen positiva de la misma como institución impulsora de la defensa de la integración y de los derechos humanos de las personas migrantes.

¿Cómo puede explicarse que diferentes colegios de Abogados españoles vayan a poner en marcha un servicio de Turno de Oficios para inmigrantes?

El acercamiento preocupado de la Abogacía española a la extranjería se produce en los comienzos de la década de los años 90, momento en que el fenómeno migratorio, si bien comienza a proyectarse en nuestro país como importante y creciente realidad, estaba todavía muy lejos de la cuantitativa y cualitativa actual situación.

En aquel contexto, se constataba la existencia de procedimientos sancionadores de repatriación que se desarrollaban sin las mínimas garantías constitucionales y legales, que dificultaban, cuando no impedían, una labor mínimamente eficaz de asistencia jurídica. Lo que generó una intensa inquietud entre la abogacía más comprometida con la defensa de los Derechos Humanos.

Todo aquello sin duda tuvo el mérito de confrontarnos con una realidad a la que resultaba preciso extender los mecanismos protectores de los derechos que el legislador constitucional español había querido reconocer también a las personas extranjeras.

De ahí que, el objetivo principal, sino el único, que estuvo presente en la creación de los primeros Servicios Colegiales de extranjería, fue precisamente el de ser capaces de crear instrumentos organizativos colegiales en el seno del Turno de Oficio, que favorecieran una correcta y eficaz labor de defensa de los derechos e intereses de las personas extranjeras; este objetivo guió la actuación colegial señalada incluso antes de que se aprobara en el año 1996 la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y su Reglamento de ejecución, normas que atribuyeron a los Colegios de Abogados la competencia en la materia y fijaron las condiciones mínimas para su desempeño.

En el año 2000, se abordó la constitución de la Subcomisión de Extranjería del CGAE que aglutinaba ya en aquel momento a más de 30 Colegios de Abogados con servicios de extranjería, bien en funcionamiento, bien en vías de constitución.

Lógicamente la evolución no ha sido idéntica en todos los Colegios, pero a día de hoy podemos decir que cada Colegio cuenta con una estructura, adaptada a las necesidades concretas de cada sitio, adecuada para atender eficazmente a las personas migrantes que reclaman la intervención de los abogados y abogadas de los servicios del Turno de oficio de extranjería.

Una de las tareas pendientes es precisamente la homogeneización de las reglamentaciones de los Turnos y Servicios de extranjería colegiales, la difusión de los Protocolos de actuación y el desarrollo de los convenios de cooperación intercolegial y extensión de los acuerdos y convenios de colaboración al ámbito europeo e internacional.

¿Le preocupa que organizaciones como Scevola denuncien el deterioro de la imagen del letrado a nivel social? ¿Cómo puede valorarse el servicio que ofrecen a la inmigración?

Ignoro en que se basa esa organización para llegar a esa errónea conclusión, por el contrario puedo afirmar que los Servicios de Extranjería tuvieron entonces, y tienen hoy como no podía ser de otra forma, un marcado carácter social y reivindicativo, impregnado de una gran dosis de voluntarismo, de generosidad y de un nivel muy elevado de exigencia profesional y personal.

En el momento en el que se detectó la existencia de una precaria situación de vulnerabilidad jurídica en la que se cuestionaban o vulneraban derechos fundamentales tan esenciales como la libertad personal o el derecho mismo de defensa, la Abogacía Española con plena conciencia de la función social que la Sociedad española le reclamaba asumió, pienso que con notable responsabilidad y eficacia, la defensa de un colectivo tan vulnerable como es el de las personas inmigradas carentes de recursos y en situación de irregularidad.

Los Cursos de formación impartidos por las Escuelas de Práctica Jurídica, los Cursos de acceso a los Servicios del Turno de Oficio, los Cursos de especialización y otras actividades de capacitación desarrolladas por los diferentes Colegios de Abogados han facilitado la consecución de un alto nivel de formación de los abogados de extranjería.

Todo esto, unido al excelente papel desarrollado por las Webs de Extranjería de los Colegios de Abogados, nos ha otorgado un prestigio social y profesional del que todavía disfrutamos y somos un referente importante.

Lógicamente hay muchas cosas que mejorar y desde luego en ocasiones hemos debido realizar un esfuerzo autocrítico, pero ello no impide concluir que el servicio público que ofrecen los letrados que trabajan en este ámbito profesional es imprescindible e insustituible como garantía esencial del derecho a la tutela judicial efectiva que también comprende a los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa residencial.

¿Qué opinión le merece los comentarios de otros profesionales que señalan que el asesoramiento a inmigrantes se está convirtiendo en un elemento clave en los despachos, tan importante como el laboral o fiscal? ¿Qué perfil debe tener el abogado que se forma en estos temas?

El fenómeno de la inmigración tiene ya hoy y lo tendrá en el futuro un eje destacable: La integración, entendida como el proceso bidireccional mediante el cual se encauzan los cambios producidos por la migración tanto en el migrante como en la sociedad de acogida. Desde luego la integración abarca diversas dimensiones, como la social, la jurídica, la económica y la cultural.

Teniendo presentes los anteriores datos, parece claro que la presencia cada vez más numerosa de personas provenientes de los más diversos países está provocando el surgimiento de nuevas áreas de trabajo profesional en la Abogacía española; son áreas principalmente conectadas con el derecho laboral y de familia, con el derecho internacional público y privado, pero también ligadas al comercio internacional y a las cuestiones que suscita el trabajo empresarial, que de forma principal toma la característica de empleo autónomo; estas áreas afectan en definitiva a las situaciones jurídicas que conforman el escenario de personas que han transformado su movimiento transnacional en asentamiento temporal o permanente en un territorio distinto del de su Estado de origen.

Concretando ese aspecto puede decirse que en el más estricto campo del derecho migratorio administrativo las reclamaciones administrativas y contencioso-administrativas en materia de reagrupación familiar, las denegaciones de permisos y renovaciones de los mismos, la actividad consular, la adquisición de la nacionalidad española y otros asuntos derivados de actuaciones relacionadas con el estado civil de las personas suponen un volumen cada vez más importante del trabajo a desarrollar en este ámbito. Y, con los actuales datos, no parece previsible que este volumen de trabajo decaiga en las mencionadas parcelas.

Dentro de este apartado destaca también el tratamiento de las situaciones de irregularidad, originarias y sobrevenidas, como uno de los principales asuntos de reflexión y actuación profesional.

Así pues, en el último quinquenio el trabajo profesional en este campo se ha diversificado y ha tomado un claro camino hacia la conformación de una parcela especializada con unos contornos todavía no cerrados y que está dando lugar a un novísimo derecho de las personas en movimiento transnacional, que precisa de una mayor y mejor regulación tanto interna como internacional.

Desde esta perspectiva, ¿podría darnos su opinión sobre cómo mejorar nuestra justicia como servicio público?

El último número de la Revista mensual del CGAE “Abogados” recoge la opinión de la Abogacía española sobre la situación de la Justicia. Coincido con la opinión mayoritaria que la clave fundamental de su mal funcionamiento proviene de que la actual organización de la Justicia en España se corresponde más con las necesidades de una sociedad del pasado que con una sociedad del siglo XXI, ello exige no meras reformas, sino un cambio de modelo.

Por otra parte, resulta altamente preocupante que, cada vez con mayor frecuencia, las decisiones de los tribunales no son ni predecibles ni homogéneas, con todo lo que eso supone para la (in)seguridad jurídica; que los Gobiernos están más preocupados, ahora, antes y, posiblemente en el futuro, por interferir o controlar la Justicia que por emprender una mejora que la modernice. La Justicia ha tendido siempre a organizarse y a funcionar más a la medida de jueces y juristas que del modo en que podía resultar más cercana y útil para los ciudadanos; señalamientos a tres años vista, procesos que tardan más de un década en solucionarse, en definitiva: lentitud, descoordinación, carencia de medios, ineficiencia, ineficacia, disparidad de criterios, interferencias políticas son un claro ejemplo de lo que decimos y deberían ser términos a desterrar en una Justicia moderna.

Pero, al mismo tiempo, hay que reafirmar que, con todas sus imperfecciones nuestra Administración de Justicia representa la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades. De ahí que los primeros interesados en la solución de la situación de la justicia en España sean quienes la padecen todos los días: los abogados y sus clientes.

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