Santiago Mediano Abogados (SMA) es un despacho constituido con el objeto de ofrecer un servicio jurídico multidisciplinar y especializado, que huya de soluciones estandarizadas y apueste por la atención personal. Su estructura permite dar una cobertura integral a todos sus clientes en aquellas áreas que puedan requerir. El equipo jurídico participa con plena dedicación y entrega, no sólo en grandes operaciones y transacciones, sino en todas aquellas tareas que conforman la actividad cotidiana de sus representados.

Sin perjuicio de su vocación pluridisciplinar, SMA es uno de los máximos referentes en España en materia de propiedad industrial e intelectual, así como en el asesoramiento de la industria del entretenimiento en todas sus especialidades, de los medios de comunicación y de las empresas de desarrollo y comercialización de tecnologías. Para su presidente y fundador que da nombre a la firma, Santiago Mediano “Internet es un nuevo medio no sólo para celebrar contratos, sino para cumplir las obligaciones derivadas de los mismos, en donde las características principales estriban en la deslocalización, y a veces el desconocimiento de la identidad de la otra parte de los negocios. Ello supone un gran reto a la hora de asegurar pruebas, practicarlas y definir la jurisdicción competente y la legislación aplicable.”

Santiago Mediano, presidente de la firma, está considerado internacionalmente como uno de los abogados españoles más brillantes en materia de Derechos de Autor, Derecho Audiovisual y de las Nuevas Tecnologías. Encabeza desde hace más de una década los primeros puestos en el ranking de su especialidad.Ha sido profesor de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid y de Derecho Privado en el Centro de Estudios Sociales y Jurídicos Ramon Carande e imparte cursos de postgrado organizados por la Carlos III, Pompeu Fabra en Barcelona o el Colegio de Abogados de Madrid.

Miembro de las principales Asociaciones para la Defensa de los Derechos de Autor, el Presidente de la firma es solicitado cada año en distintos foros tanto públicos como privados -dentro y fuera de nuestras fronteras- para que asesore en las materias de su especialidad tanto a entidades privadas como a organismos públicos.

Está casado y tiene cuatro hijos.

¿Podría explicarlos qué servicio ofrece su despacho como entidad que protege los activos intangibles de sus clientes?

La protección que nuestro Despacho brinda a los titulares de activos inmateriales consiste en una labor de aseguramiento de la vigencia y eficacia de los derechos, mediante la definición de las mejores herramientas que brinda el Derecho nacional e internacional para poder extraer su valor en el mercado, definiendo y llevando a la práctica estrategias que van desde su inscripción en registros oficiales, el diseño de contratos, hasta su reforzamiento y ejercicio dentro y fuera de organismos y tribunales, buscando siempre el menor coste y el mayor efecto.

Para ello, contamos con un amplio equipo de profesionales de dilatada experiencia en diferentes campos que practican la profesión con arreglo a los más altos estándares de calidad.

¿Cómo ha evolucionado este servicio que ofrece Santiago Mediano abogados con la irrupción de internet? ¿Ha cambiado sustancialmente el tipo de litigio que abordan sus profesionales?

En algunos aspectos sí, pero en otros no. Internet es un nuevo medio no sólo para celebrar contratos, sino para cumplir las obligaciones derivadas de los mismos, en donde las características principales estriban en la deslocalización, y a veces el desconocimiento de la identidad de la otra parte de los negocios.

Ello supone un gran reto a la hora de asegurar pruebas, practicarlas y definir la jurisdicción competente y la legislación aplicable.

Por ello, todos nuestros profesionales son personas con vocación y proyección internacional y profundos conocimientos del uso y aplicación de la tecnología en el mercado y en nuestra disciplina: la práctica del Derecho.

Gran parte de sus clientes tienen que ver con el sector del entretenimiento, qué tipo de servicio le demandan estas empresas? ¿Estamos ante un nicho de mercado nuevo para cualquier abogado que quiera montar su despacho?

El entretenimiento es una industria, con todo lo que ello conlleva: modelos de negocio propios, un lenguaje y términos específicos, empresas grandes, medianas y pequeñas,… Lo que nos hace distintos no es sólo el conocimiento de las leyes, sino el haber participado en muchas ocasiones en la creación de nuevos canales de explotación y nuevos modelos de negocio. Conocemos a todos los operadores y somos bien conocidos por ellos.

En este contexto y ante determinados sectores que señalan la necesidad de reformar la Ley de Propiedad Intelectual, ¿cuál es la postura de su firma ante esta demanda?

La Ley de Propiedad Intelectual ha sido ya modificada para adaptarla a la nueva realidad. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, puesto que todavía no se ha tomado en suficiente consideración que el usuario ha adquirido un gran poder merced a Internet y otras redes, y que los modelos de negocio antiguos no valen. También la Administración está desfasada, y no se ha adatado a esa nueva situación, lo que hace que demasiadas veces, más que una ayuda o un regulador, se convierta en obstáculo para el desarrollo de todo el potencial que existe.

Hace falta coraje para reconocer esta situación y ponerse manos a la obra, asumiendo los sacrificios que han de hacerse en favor de este nuevo desarrollo social, económico y humano.

Es evidente que las tecnologías han entrado con fuerza en el derecho ¿Podemos hablar de una nueva forma de ejercer la profesión de abogado?

Sin duda. Y la clave es la misma: el abogado debe adaptarse la situación, reconociendo que mucho del poder que antes atesoraba en su relación con los clientes ha pasado a éstos. Los elementos clave son los valores: la transparencia, la ética, el compromiso con el cliente y, sobre todo, la comprensión de que el trabajo no se hace para obtener una remuneración, sino que trabajamos a cambio de todo lo que obtenemos de la sociedad. Hay un factor que debe cambiar en las conciencias de los profesionales.

Sin embargo, aún hay reticencias sobre la validad de la prueba electrónica ¿Cuál es el principal inconveniente para que la prueba electrónica se acepte en los juzgados? ¿Qué habría que cambiar de la regulación actual?

La desconfianza por el potencial falseamiento de las pruebas. Hace falta dotar a los medios electrónicos de mayor seguridad y fiabilidad.

¿Qué opinión le merece la puesta en marcha de entidades como AEDEL, asociación que pretende dinamizar el papel de la prueba electrónica en el campo jurídico?

Muy positivo. Seguimos de cerca sus trabajos.

¿Cómo valora en este contexto el esfuerzo de la Admon por impulsar la llamada Sociedad de la Información? ¿Qué opinión tiene sobre la LISI?

Hemos desarrollado un estudio de campo sobre el grado de penetración de la LISI en la Sociedad, incluidos los organismos públicos, y tengo que decir que el resultado es decepcionante. La regulación es ambiciosa, pero no se aplica suficientemente, y no parece que las autoridades hagan mucho al respecto, pues ellas mismas distan de hallarse donde deberían.

En este contexto de fomento de las pruebas electrónicas, ¿cómo se combina con la legislación de Protección de Datos? ¿Por qué es una legislación tan restrictiva a este respecto?

Uno de los evidentes peligros de las nuevas tecnologías es el efecto “Gran Hermano”: todos sometidos al permanente escrutinio de nuestra intimidad y vidas privadas. Por ello, la legislación debe proteger al ciudadano, que muchas veces no es ni consciente de toda la información que circula en la red sobre él, y que, en ocasiones, suministra de manera inocente, como en algunas redes sociales. Ello afecta especialmente a los más jóvenes.

Por último, dénos sus soluciones para que la justicia se convierta en servicio público.

Lo primero, una profunda reforma del sistema de acceso al cargo de juez, mucho más democrático y equilibrado, que haga que pasen de funcionarios a administradores. Ello debe combinarse con la plena despolitización de la judicatura, demasiado contaminada por el poder de los partidos políticos. Una severa regulación del acceso a la profesión de abogado, con un sistema de pruebas y prácticas que se parezca al del médico especialista. Además, la creación un cuerpo de abogados del turno de oficio (defensores públicos del ciudadano) que esté al nivel de los profesionales que defienden a las administraciones públicas o del Ministerio Fiscal (acusador público). Y, finalmente, una profunda revisión de las leyes procesales.

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