Pocos profesionales conocen como él el funcionamiento de la administración tributaria en nuestro país. Javier Seijo antiguo Subdirector General de Politica Tributaria es hoy el responsable de la oficina de Madrid de BDO Abogados y Asesores tributarios, un área de BDO Audiberia firma que facturó más de 70 millones de euros en el último ejercicio. Esta consultora cuenta en la actualidad con 42 socios y 856 profesionales trabajando en las 10 oficinas y las 6 alianzas estratégicas ubicadas en territorio nacional. Desde su punto de vista es necesario dotar a la Administracion tributaria de los medios adecuados para que las sucesivas reformas sobre el impuesto del IVA sean efectivas. Observa como la mayoría de expertos que hay excesivos cambios normativos en política fiscal que pueden desconcertar al empleado y no asume como beneficioso que se amplien los plazos de los delitos fiscales de 5 a 10 años como está esbozado en el futuro Código Penal.
Javier Seijo, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es Inspector de Hacienda del Estado, con el nº 1 de su promoción, además de Inspector de Seguros del Estado y de Aduanas e Impuestos especiales. Proviene del Ministerio de Economía y Hacienda, donde desempeñaba las funciones de Subdirector General de Política Tributaria, habiendo sido anteriormente Subdirector General Adjunto de la Subdirección del IRPF en la Dirección General de Tributos de dicho Ministerio. Desde su alto cargo en el Ministerio de Hacienda fue responsable entre otros de coordinar desde esta entidad de las propuestas e interpretación de la normativa que afectaba a la imposición directa, habiendo jugado un papel destacado en las reformas de las leyes del IRPF, de Prevención del Fraude Fiscal, de Reforma de los precios de Transferencia y de las Entidades de Capital Riesgo.
También se ocupó de la defensa de los intereses del Reino de España en las cuestiones prejudiciales y expedientes de infracción del Derecho Comunitario ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en las materias relativas a la imposición directa. Otras competencias suyas han sido el análisis de la normativa comunitaria sobre Ayudas de Estado en lo que concierne a la normativas fiscal interna, y la defensa de los expedientes abiertos por la Comisión Europea por infracciones de la normativa de Ayudas al Estado; la elaboración del reglamento de obligaciones de documentación en materia de operaciones vinculadas o precios de transferencia . Por último, tuvo también competencias en el diseño e interpretación de regímenes fiscales especiales, como expatriados o impatriados, acontecimientos especiales como Copa de América, y de los incentivos fiscales estratégicos como el I+D+i, capital- riesgo, cine.etc.
¿Podría explicarnos cuál es el valor añadido que ofrece su firma como experto en derecho fiscal a sus respectivos clientes respecto a su competencia más directa?
BDO es una firma de reconocido prestigio dentro del mundo empresarial, que posee una amplia red de oficinas a nivel internacional (lo que proporciona una idea del entorno económico en el que desarrolla sus actividades) y que tiene amplia experiencia en la gestión de todo tipo de clientes tanto nacionales como internacionales.
Además de lo anterior, estamos desarrollando determinadas líneas de negocio (diseño de políticas retributivas, planificación fiscal nacional e internacional) que, unidas a nuestra presencia en sectores como el de las energías renovables y el sector audiovisual, nos permitirá ofrecer un servicio más especializado. En definitiva, es nuestra intención que, sin perjuicio de ofrecer una amplia gama de servicios, podamos ser identificados como un despacho especializado en sectores concretos que pueden tener una gran rentabilidad en el futuro.
En una coyuntura donde se han se han incrementado las sanciones en el último año con la nueva Ley general Tributaria, ¿dónde cree que acaba la responsabilidad del asesor fiscal?
El Derecho Tributario es una de las ramas jurídicas más vivas, con constantes modificaciones para adaptarlo a las necesidades estructurales y coyunturales; y, en ocasiones, la interpretación de la norma por la Administración tributaria, la empresa y el abogado no siempre es la misma.
El asesor debe tener una posición que facilite la toma de decisiones por parte de la empresa (esto no debe entenderse como una cooperación en las mismas), ofreciendo aquellas soluciones jurídicas que, dentro de una interpretación razonable de la norma, ofrezcan una ventaja competitiva a la empresa o contribuyan a reducir su carga impositiva.
En definitiva, se trata de reducir la carga tributaria de las empresas aplicando la normativa tributaria de una forma eficiente y amparada en la legalidad.
Sobre los cambios tan frecuentes a nivel legislativo en el sistema tributario ¿cree que es necesario tanto cambio normativo? ¿Hay una excesiva regulación en este campo?
Este en un tema que podemos calificar de “candente” en los últimos tiempos y que podría ser reflejo de la época en la que nos toca vivir en la que el nivel de conocimiento y descubrimientos se renueva a una velocidad superior a la de cualquier otra época anterior. Esto motiva que la realidad y práctica económica vaya por delante de la realidad jurídica.
Lo anterior motiva que el legislador deba modificar la legislación vigente con carácter periódico, a fin de adaptarse a las necesidades del país. Como contrapartida, tantos cambios generan una cierta complejidad, dado que es preciso disponer de los medios formativos y administrativos necesarios para hacer frente a las citadas adaptaciones normativas
¿Qué valoración puede hacer del aumento en el anteproyecto del futuro Código Penal de la prescripción de los delitos fiscales de 5 a diez años?
En principio, un aumento del plazo penal de prescripción de 5 a 10 años, y mantener la prescripción administrativa en 4 años, es difícilmente entendible.
No hay que olvidar que el instituto de la prescripción no es más que un correlato del principio de seguridad jurídica, por lo que ampliar el período al doble de tiempo es poco más o menos que hacer recaer en el administrado la carencia de medios de la Administración tributaria y del Ministerio Fiscal .
¿Qué opinión puede darnos de la actividad de la Agencia Tributaria contra el fraude fiscal? ¿Sería conveniente crear una policía fiscal para asuntos como el blanqueo de capitales?
La labor de la Administración tributaria es fundamental en toda sociedad moderna, sobre todo si tenemos en cuenta que una de sus prioridades es fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, siendo uno de los medios para lograrlo la lucha contra el fraude fiscal y contra el blanqueo de capitales.
Respecto de la posible modificación de impuestos, suspendido ya el de Patrimonio, ¿cree que seria necesario una reforma del IVA para evitar que sea un foco de fraude organizado?
Lo cierto es que el IVA, por su propia naturaleza de impuesto sobre el consumo, ha acaparado buena parte de las operaciones fraudulentas que se han realizado en los últimos años, sobre todo en determinados sectores.
A estos efectos, la Ley del IVA ha tenido recientemente varias modificaciones, que precisamente buscaban evitar aquellas situaciones y operaciones en las que se había detectado que existía un foco de fraude. Por tanto, ahora le toca el turno a la Administración tributaria para utilizar los medios puestos a su disposición.
Sobre la financiación de las Comunidades Autónomas, ¿considera que hay que intentar eliminar las diferencias entre ellas?
Es una cuestión compleja y que está de plena actualidad. En todo caso, cualquier incremento de la capacidad de autofinanciación de las CC.AA. no debería suponer un aumento de la complejidad del sistema fiscal.
¿Habria que suprimir el Impuesto de Sucesiones en el resto de comunidades que aún no lo esta?
Es una cuestión que está íntimamente ligada con la reforma del sistema de financiación autonómica, al ser un tributo cedido a las CC.AA. Pero no puede olvidarse que las diferencias en esta materia siempre generarán actuaciones tendentes a evitar pagar el tributo.
Por último, ¿cree que la clave de la mejora de la economía de nuestro país se encuentra en la flexibilizacion laboral y menos impuestos para las pymes?
Creo que la mejora de la situación de nuestra economía no debe venir únicamente por los aspectos anteriores, sino que debe ser fruto de una mejora de aquellos aspectos y sectores en los que tenemos una desventaja competitiva frente a otros países.
Además, un Estado moderno necesita de impuestos para poder obtener los recursos necesarios que le permitan desarrollar sus funciones. Para ello, es necesaria la búsqueda de un equilibrio en el sistema impositivo, que permita al Estado obtener los recursos suficientes y a los contribuyentes disponer la renta disponible suficiente para atender sus necesidades, de tal forma que éstas contribuyan igualmente a la dinamización de la economía.
Por lo que se refiere a las Pymes es evidente que son una de las fuerzas motrices del empleo y la economía, por lo que cualquier rebaja fiscal siempre será bien recibida por los empresarios. No obstante, la rebaja sin más del tipo de gravamen en el IS no puede implicar aumentar la brecha entre el tipo el en IRPF y el IS, dado que se generaría un incremento de la distorsión actual.
